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Tras lo ocurrido en 1982, todos los ex combatientes que han vuelto a sus viviendas, recuerdan día tras día, todo lo vivido en aquellos meses y lo que han sufrido en distintos aspectos.
A lo largo de la historia, siempre se buscó justicia y que se haga una investigación de lo que ha ocurrido en aquel territorio. En este caso, en Tierra del Fuego, el gobernador de turno, Gustavo Melella, recibió a los ex combatientes y aclararon desde ese punto, en diversos medios de comunicación que “el gobernador no adhiere a los actos de impunidad cometidos por las Fuerzas Armadas en Malvinas. Ha tenido un gesto de acompañamiento más que importante, con nosotros y con la verdad”, expresó Ernesto Alonso del Cecim La Plata, junto con Jorge Di Pietro, del Cevecim de Berisso.
Recordemos, como mencionamos en capítulos anteriores, poco se habla del flagelo de aquellos jóvenes ante sus superiores, quienes se encontraban imputados por vejámenes contra soldados. Aquella lucha que comenzó hace varios años atrás, terminó por definirse que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto, no prescriben.
Claros ejemplos se vieron en Río Grande, por ejemplo, donde hubo aproximadamente 74 casos, que habrían consistidos en “estaqueamientos, enterramientos y deliberada falta de alimentación”, denunciaron los ex combatientes quienes explicaron que los superiores de las fuerzas armadas utilizaban para amedrentar y aleccionar a los soldados conscriptos que participaron entre el 2 de abril y el 14 de junio de aquella guerra en 1982.
En el marco de un incidente de incompetencia y prescripción, la jueza Liliana Herraez dijo (en marzo pasado) que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad y por consiguiente, imprescriptibles. Medios como Página 12, Télam, Izquierda Diario, El Gaucho, TV Pública, El Sureño, fueron medios abocados a acompañar a los ex combatientes y darles el micrófono para que relatan las vivencias de su vida.
En ese momento, aquellos relatos se hicieron fuertes y reflotaron en la réplica de varios medios que poco a poco llegaron con más peso y fuerza a cientos de ex combatientes que marcharon y se unieron en una sola voz a pedido de justicia.
La causa data de 2007 y está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, tiene 130 jefes militares imputados, solo tres están procesados y hay 15 llamados a indagatoria que esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema argentina.
En este caso, en Tierra del Fuego, muchos ex combatientes de chaco y de la Provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones de Derechos Humanos, se hicieron presente y plantearon la demora que arrastran las causas por violación a los Derechos Humanos durante la guerra de Malvinas, cometidas por oficiales y suboficiales argentinos contra los propios soldados a sus cargos, iniciadas en año 2007.
Como resumen de la extensa reunión donde el mandatario fueguino “escuchó a todos”, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata Ernesto Alonso, manifestó con suma satisfacción haber recibido del apoyo de Melella y “el compromiso para que la verdad” sobre los hechos que vivieron los soldados durante la guerra de 1982, “salga a la luz”.
Recordemos que, en aquella época, se vivieron hechos aberrantes y desde hace dos años aproximadamente se están llenando de expedientes desde la Corte Suprema de Justicia y, se espera, claro está, que haya una respuesta rápida ya que afirmaron muchos ex combatientes que “mientras las denuncias se acumulan, están falleciendo los compañeros esperando que haya una resolución en el tema”.
En este caso, como mencionamos anteriormente, destacaron que “hay un problema en el Juzgado Federal de Río Grande, no entendemos por qué la jueza Mariel Borruto no continúa realizando los requerimientos fiscales que analizan los distintos hechos pidiendo las indagatorias de los imputados y la jueza lo tiene paralizado”.
Entre las denuncias se resalta en más de una ocasión que muchos de los soldados que fueron a Malvinas, fueron sumergidos en pozos de agua, estaqueados y todo salió a la luz después de más de 30 años, en dónde directamente, tras las fotos y quienes se animaron a hablar, lograron salir adelante.
Por lo pronto, la justicia está tapando sus oídos y dando la espalda a los ex combatientes por lo que tuvieron que ir a Estados Unidos para que se escuche su voz y ahora, esperan una respuesta de los jueces nacionales.
Investigación:
Pedro Domínguez
agencia nova
