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La reacción del Gobierno nacional frente a la crisis de seguridad que sacude a la ciudad de Rosario (Santa Fe) desde hace varios años y el gran despliegue periodístico con que se publicitó la baja de beneficiarios de programas de empleo como el Potenciar Trabajo traen consigo un interrogante: ¿Se ha impuesto un sentido común de derecha en varios frentes?
A ello sumarle que el progresismo izquierdista de Alberto Fernández ha llevado a que las posturas radicales tomen fuerza, entre los discursos de derecha que largan Javier Milei y Patricia Bullrich, con menor medida por parte de los contrarios Nicolás Del Caño y Myriam Bregman.
La definición de una construcción política popular es sumamente elástico desde una perspectiva ideológica clásica. Las fronteras entre izquierda y derecha, en rigor, son borrosas porque las demandas populares no siempre tienden hacia un mismo espectro.
Este es uno de los elementos que suelen generar confusión para ciertas miradas sobre la dinámica del peronismo. Lo popular entendido como la representación de las expectativas de las mayorías no tiene una sola tendencia.
Uno ejemplo de esto es el fenómeno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se ha puesto de moda luego de inaugurar de modo cinematográfico la cárcel más grande de América Latina.
Su discurso político tiene hilos comunes con los de otros líderes nacionalistas latinoamericanos. Hace de la autonomía para decidir un eje central. Su política de seguridad violenta los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, es profundamente popular. Ahí radica un dilema.
La tasa de homicidios en El Salvador en 2019 fue de 103 cada 100 mil habitantes. A modo de comparación, la de Rosario en 2021 fue de 18,3. Sin duda, es una tasa altísima para la Argentina, que tiene un promedio de alrededor de cinco, parecido al de varios países de Europa y levemente inferior al de Estados Unidos, que ronda los 6,23.
Con una tasa de homicidios como la del El Salvador, cuando Bukele llegó al Gobierno no había mayor demanda popular que reducir la violencia criminal, aunque se hiciera de manera brutal. ¿La situación de Rosario es comparable? Como vimos, los números indican que no, aunque sea grave en comparación con el resto del país.
Pragmatismo a cualquier precio
La respuesta del Gobierno nacional fue en buena medida una forma de estar a la altura de la conmoción pública que generó el atentado contra la persiana de una de las sucursales de la cadena de supermercados que tiene la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.
Nadie puede cuestionar que el Gobierno federal se movilice frente a cualquier situación que pueda ser considerada una crisis. Pero en este caso, el clima de la opinión pública parece haber pesado más que el hecho.
Detrás del atentado contra el comercio de los Roccuzzo no habría ninguna banda narco. El fiscal del caso, Federico Rébola, tiene como principal hipótesis, y es lógico, que el objetivo fue político: llamar la atención de la prensa mundial y ensuciar al intendente del Rosario, Pablo Javkin.
Luego ocurrió el brutal asesinato de un niño de 11 años en el barrio de Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario. Y una pueblada barrial desembocó en la quema de la casa del presunto narco y supuesto responsable del crimen.
No es la primera vez que ocurre. No solo en Rosario sino en otras ciudades del país. También ha habido este tipo de reacciones contra comisarías policiales en diversas ocasiones. Por eso lo que sobrevuela respecto de la decisión del Ejecutivo nacional no es si es correcta, algo para lo cual deberá pasar un tiempo, sino si la motivación principal acaso no fue el clima de opinión pública.
Otra medida reciente que puede enmarcarse de la misma manera fue la decisión de dar de baja cerca de 150 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. No está mal emprolijar el funcionamiento de cualquier política del Estado. Los errores, los requisitos no cumplidos, son inevitables en cualquier política pública.
El punto es que se hizo una enorme publicidad con esa decisión como si estuviera resolviendo una gran injusticia o inequidad. ¿Cuánto se ahorra el Estado con la baja de esos 150 mil beneficiarios?
Al lado de las exenciones impositivas que recibe el sector empresarial (no todas equivocadas) son migajas. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, lo volcó en el proyecto de Presupuesto para este año que envió al Congreso Nacional en octubre de 2022.
Estos beneficios tributarios, que incluyen el privilegio de la casta judicial que no paga impuesto a las ganancias, equivalen al 2,3 por ciento del PBI. Es tres veces más de lo que se utiliza para la AUH por año.
El interrogante, entonces, es el mismo: por qué hacer tanta difusión de esta medida, aun si fue correcta, si las exenciones tributarias del sector empresarial implican una merma para el Estado simplemente incomparable. Los programas de empleo son como una gota en el océano.
Una vez más parece imponerse el supuesto clima de opinión pública. Aquí está siempre la trampa del poder de los grandes medios de comunicación y las encuestas, que tanto se vienen equivocando en los últimos años.
El Gobierno publicita su decisión de dar de baja a beneficiarios de planes de empleo para sintonizar con lo que considera el clima social imperante. ¿Y si no fuese el que los medios y las encuestas que consume la política muestran?
El pragmatismo es un rasgo casi lógico del ejercicio político con proyecto de poder. Para solamente dar testimonio está la academia. Pero los errores empiezan siempre en el mismo lugar: por leer mal lo que verdaderamente está pasando.
agencia nova
