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El oficialismo presentó un proyecto que busca controlar ilegalidades en el uso de activos digitales y ya obtuvo media sanción en Diputados.
Las criptomonedas están cada vez más en boca de todos nosotros, al punto de que 2,5 millones de argentinos eligen estos activos como método de inversión y resguardo frente a una inflación interanual superior al 100%.
A pesar de la popularidad de los tokens en el territorio nacional, Argentina no cuenta con un marco regulatorio muy claro. Sin embargo, La Cámara de Diputados recientemente dio un paso adelante en este rubro y acordó media sanción (111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones) al proyecto de prevención y persecución de lavado de activos.
La medida, que se tratará en el Senado, resulta clave para el Gobierno dado que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y el país debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
Criptomonedas: qué cambia la ley contra el lavado de activos
En primer lugar, la medida propone que la Unidad de Información Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia. Esto quiere decir que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
En este sentido, la entidad podrá solicitar informes, documentos, antecedentes o cualquier tipo de reporte que considere útil para sus investigaciones a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas. Estos últimos estarán obligados a proporcionar la información dentro de un período de tiempo determinado, según dictamine la ley.
El proyecto también propone la creación del Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que se encargará de detectar operaciones sospechosas por medio de activos digitales como las criptomonedas.
De esta manera, se enfatizarán los controles sobre los tokens y la cantidad de movimientos que deben informarse a la UIF. Esto impacta sobre los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Finalmente, en línea con el objetivo de reformar del Código Penal, la normativa busca elevar la pena para el lavado de activos de $ 300.000 a $ 8,6 millones. Además, el Salario Mínimo Vital y Móvil se establecerá como unidad de medida de actualización de la pena.
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