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Traducido de FoxNews.com por TierraPura.com
Los programas de seguro de desempleo creados por el Congreso y administrados por el Departamento de Trabajo para ayudar a los trabajadores durante la pandemia de COVID se convirtieron en una mina de oro para los defraudadores por valor de decenas de miles de millones de dólares, según un nuevo informe.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) estimó que el fraude total en cuatro programas de ayuda COVID gestionados por el gobierno federal superó los 60.000 millones de dólares “y quizá fue mucho mayor” durante la pandemia, y añadió que el Departamento de Trabajo aún no ha puesto en marcha una estrategia antifraude adecuada para combatir el problema.
Desde abril de 2020 hasta septiembre de 2022, los gastos en todo el sistema de seguro de desempleo ascendieron a unos 878.000 millones de dólares, según datos del Departamento de Trabajo. Esto incluye cuatro nuevos programas federales creados por el Congreso para ayudar a los trabajadores en medio de la pandemia.
Tres de estos programas: Asistencia por Desempleo Pandémico, Compensación Federal por Desempleo Pandémico y Compensación de Emergencia por Desempleo Pandémico, fueron promulgados a través de la aprobación de la Ley CARES en 2020. El cuarto programa, Compensación por Desempleo de Asalariados Mixtos, se promulgó mediante legislación en 2021.
Según la GAO, la mayoría de estos fondos se destinaron al lugar correcto con el importe correcto. Sin embargo, la demanda sin precedentes de prestaciones de desempleo y la mayor flexibilidad administrativa para intentar satisfacer esa demanda hicieron que la situación fuera propicia para el fraude. Se pagaron indebidamente miles de millones de dólares, incluidas prestaciones a personas que intentaron defraudar a los programas de ayuda al desempleo.
La GAO calculó que más de 60.000 millones de dólares en pagos fraudulentos del seguro de desempleo fueron a parar a solicitantes. Sin embargo, puede tratarse de una estimación baja, ya que el informe señala que el método de cálculo de la GAO “tiene limitaciones inherentes y debe interpretarse con cautela”. Además, dado que el fraude es engañoso por naturaleza, calcular su alcance total puede resultar complicado.
Al tiempo que se apuntaba a los retos sin precedentes planteados por la COVID, la GAO también culpa al Departamento de Trabajo, reprochando a sus responsables que no estuvieran suficientemente preparados.
“Debido a las deficiencias en la gestión estratégica del riesgo, incluida la falta de controles internos adecuados, el Departamento de Trabajo y los estados no estaban adecuadamente preparados para hacer frente a los riesgos de fraude en el seguro de desempleo cuando comenzó la pandemia”, afirmaba el informe, añadiendo que el departamento debería adoptar una estrategia antifraude coherente con las principales prácticas del Marco de Riesgos de Fraude de la GAO.
“Aunque el Departamento de Trabajo ha tomado medidas para hacer frente a los riesgos de fraude del seguro de desempleo, su enfoque no se ha organizado estratégicamente ni se ha centrado en los riesgos prioritarios”, según la GAO. “Específicamente, encontramos que no ha diseñado e implementado una estrategia antifraude para guiar sus acciones basadas en un perfil de riesgo de fraude en alineación con las prácticas líderes de nuestro Marco de Riesgo de Fraude”.
El informe de la GAO se publicó el mismo día en que la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo informó al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de que “al menos” 191.000 millones de dólares en prestaciones de desempleo de emergencia pagadas durante la pandemia se perdieron probablemente a manos de los defraudadores.
Según Larry Turner, inspector general, la avalancha de dinero procedente del gobierno federal para paliar los efectos de COVID en 2020 desbordó a las agencias estatales encargadas de distribuirlo. Dijo que COVID creó una “tormenta perfecta” para el fraude, explicando que se permitió a la gente autocertificar que eran elegibles para recibir la Asistencia de Desempleo Pandémico, que fue a millones de personas que tradicionalmente no eran elegibles para el seguro de desempleo.
Sin embargo, el problema iba más allá de la pandemia.
“La agilización de los fondos de ayuda del COVID-19 exacerbó un problema subyacente de pagos indebidos en el gobierno federal, incluido el UI, que era anterior a la pandemia”, señaló el informe de la GAO. “Por ejemplo, el DOL informó un aumento en los pagos indebidos estimados de $ 8,0 mil millones (tasa de pago indebido estimada del 9,2%) para el año fiscal 2020 a $ 78,1 mil millones (tasa de pago indebido estimada del 18,9%) para el año fiscal 2021. Para el año fiscal 2022, el DOL informó pagos indebidos estimados de $ 18,9 mil millones (22,2% de tasa estimada de pagos indebidos)”.
El problema de la defraudación de las ayudas COVID se ha extendido más allá de las prestaciones por desempleo. Por ejemplo, también se produjeron actividades fraudulentas a través de la Administración de Pequeñas Empresas, la agencia encargada de supervisar el Programa de Protección de Salarios (PPP), que proporciona préstamos condonables para ayudar a las empresas durante la pandemia.
Según un estudio de 2021, se calcula que alrededor del 15% de los fondos totales que el Congreso destinó al PPP se obtuvieron de forma fraudulenta.
Ese mismo año, el Comité de Supervisión del Coronavirus de la Cámara de Representantes descubrió que unos 84.000 millones de dólares en préstamos del PPP eran potencialmente fraudulentos.
El fraude y el abuso desenfrenados de la ayuda para la pandemia llevaron al Departamento de Justicia a crear el Grupo de Trabajo COVID-19 para la Represión del Fraude. El departamento ha imputado a cientos de individuos, la mayoría de ellos acusados de defraudar al PPP.
El miércoles, Fox News Digital informó de que un hombre de Maine se declaró culpable de presentar solicitudes de préstamo fraudulentas al PPP por las que recibió más de un millón de dólares, parte de los cuales se utilizaron para el pago inicial de un velero. Se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión.
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