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Todos los días sale algo a la luz algo nuevo de Vialidad, y no precisamente cosas buenas. Sin dudas, es una repartición que, en toda la gestión de Axel Kicillof, va por lejos en el ranking de navegación a la deriva. Y como en todo lugar donde hay un descontrol, a su vez se le debe sumar que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Como toda nave que va a la deriva, parece que su capitán, el intendente Hernán Y Zurieta, es el principal responsable de los desmanejos existentes en VIalidad, ya que, en su afán de seguir surfeando en el cargo de administrador General hasta diciembre 2023, permitió y permite muchas cosas que, en el mejor de los casos, pueden ser tildadas de “irregulares”.
Una de las irregularidades en las que eligió mirar para un costado tiene que ver con el nombramiento de dos áreas claves de Vialidad, por un lado el manejo de la caja de Vialidad que entregó al abogado Juan Manuel Granillo Fernández (ladero de Victoria Tolosa Paz), quien se desempeña como un verdadero “okupa” por estar en una función que infringe la ley 10.328 que nuclea a los viales. Él no sólo que no tiene el perfil profesional idóneo requerido en dicha norma (debido a que no es contador), sino que además no pertenece a la planta de personal estable con diez años de antigüedad mínimos que lo establece dicha ley.
Como dicen algunos observadores viales, lo único que como gestión viene haciendo Granillo Fernández es firmar los expedientes administrativos que le arman, salir de vez en cuando en alguna foto donde Vialidad ejecuta alguna obra en la ciudad de La Plata, y el infaltable poner “me gusta” a las publicaciones en Twitter que hace el administrador Y Zurieta y la cuenta oficial de la repartición.
Pero no es el único caso. En la gerencia Ejecutiva, si bien el que ocupa el cargo es un ingeniero, Omar Andrek, él no es un profesional de carrera de la repartición, y en consecuencia tampoco tiene los diez años de antigüedad, tal como lo exige la 10.328 para estar al frente de dicho cargo. En resumen es otro okupa en la repartición.
Por si esto fuera poco, ni la única gerencia que faltaba nombrar, la Técnica, se salva del descontrol, ya que los proyectos que se licitan siguen saliendo con errores groseros y para no quedar expuestos en sus errores terminan cajoneándose los planteos de modificaciones de obra.
Como si todo lo anterior no resultase ética y legalmente aberrante, en relación con temáticas concernientes a los proyectos, falta aún mencionar la frutilla del postre: la verdadera maquinaria de negociados que representa la elaboración de proyectos ejecutivos que deben presentar las empresas contratistas dentro de los treinta días de haberse iniciado formalmente las respectivas obras. Y aquí surge el andamiaje de un “grupo” que, desde la influencia condicionante que tienen desde el mostrador de la órbita oficial, pasan a comportarse como hacedores “consultores privados”, que terminan elaborando los proyectos ejecutivos que elaboran las empresas y que a posteriori deben ser analizados y aprobados por la gerencia Técnica. Esta trama oculta y difícilmente expuesta, es la que deben soportar las empresas cuando ganan una obra.
Según dejaron trascender algunos empresarios, como así también empleados de la repartición, son tres los funcionarios que están detrás de esta operatoria. Uno de ellos ocupó el cargo de subadministrador en esta misma gestión, el ingeniero Héctor Escalada, y otro está actualmente a cargo de la Unidad Coordinadora de Programas, el arquitecto Mario Vázquez.
Lo más cuestionable de todo es que en esta operatoria, que requiere a las empresas el desembolso de millones de pesos por cada proyecto a presentar, muchos de los proyectos ejecutivos presentados terminan saliendo con fallas técnicas que, para corregirlas, requieren nuevas modificaciones de obras. En definitiva, termina siendo el estado, principalmente a través de los contribuyentes, los que terminan financiando esta verdadera joda.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
