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ONGs instaron a que el FMI aclare el daño que los sobrecargos provocan en materia de DDHH

 Unas 350 ONG nacionales e internacionales reclamaron al Fondo Monetario Internacional que elimine la aplicación de sobrecargos a los países con préstamos excepcionales y que "aclare el impacto de la política".


Diversas ONG nacionales e internacionales volvieron a hacer un llamado para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elimine la aplicación de sobrecargos a los países con préstamos excepcionales, entre los que se encuentra la Argentina, o bien aclare el daño que provocan en las naciones desde el punto de vista de los derechos humanos.

El directorio ejecutivo del FMI discutió el lunes los recargos que cobra de la mayoría de los países de ingresos medios y bajos sobre los préstamos más grandes, si bien, según trascendió -aún no se comunicó oficialmente el resultado del encuentro-, no hubo consenso en avanzar hacia la reducción o eliminación de los mismos.

La Argentina, Pakistán y otros buscan que el FMI elimine, o al menos lo haga temporalmente, los recargos, que el FMI estima que costarán a los prestatarios afectados US$ 4 mil millones, además de los pagos de intereses y tarifas desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 hasta el final de 2022.

En tanto, Estados Unidos, Alemania, Suiza y otras economías avanzadas se oponen a un cambio, argumentando que el Fondo no debería cambiar su modelo de financiación en un momento en que la economía mundial se enfrenta a importantes obstáculos.

Un portavoz del FMI dijo a medios internacionales que la junta discutió posibles cambios a la política durante su revisión regular de los saldos preventivos del prestamista global, pero no logró llegar a un consenso sobre la revisión de la política.

En este contexto, diversas ONG, unas 350 en total, volvieron con la consigna "stop IMF surcharges" e instaron al FMI a responder una carta fechada de agosto de este año, en donde Naciones Unidas invita al organismo a que "aclare el impacto de la política de sobrecargos en los derechos humanos", según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).



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