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La Justicia volvió a recibir una respuesta parcial e incompleta al pedido de documentación que le hizo a la petrolera estatal, pero aparecieron las facturas por miles de dólares que cobró un abogado allegado a “Pepín” Rodríguez Simón, actas de directorio con hechos consumados y una misteriosa oferta conjunta con DAPSA que se acordó recién dos meses después de haber sido validada en la quiebra.
La Justicia comienza a cerrar un círculo, hasta ahora inexpugnable, respecto a las pruebas sobre las motivaciones económicas -además de políticas- detrás de la embestida del gobierno de Mauricio Macri contra la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo. La jueza María Servini recibió una serie de documentos que le había solicitado a la petrolera estatal YPF por el rol del abogado Marcelo Rufino, allegado y mano derecha del hoy prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pero decidió apartar del circuito de provisión de información al vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF Germán Vito Fernández Lahore y al VP de Downstream Santiago Martínez Tanoira.
Ambos fueron imputados por la querella luego de que Ámbito revelara el 26 de abril pasado que habían participado, con el otorgamiento de poderes o con el maquillaje administrativo interno para formalizar el ingreso de facturas que emitía Rufino por servicios prestados a la petrolera estatal (por miles de dólares) en el proceso de liquidación de Oil y su posterior desguace. Eso incluye no solo la sospecha de una compra a “precio vil” -por debajo de los valores de mercado-, sino también la suscripción de contratos de exclusividad para los que además de desprenderse de los activos de Oil en favor de privados como DAPSA y Delta se obligara a la provisión de combustibles para las estaciones de servicio a un precio constante que resultaba perjudicial para la ecuación económica de la petrolera oficial.
Sin embargo, de manera inexplicable, YPF amplió su respuesta documental tras la advertencia de Servini y la demora inicial en la provisión de registros internos como actas de directorio, pero continuó retaceando información y dando escuetos informes ante el requerimiento judicial. La presunción de que toda esta mora y los faltantes en la documentación corresponden a una maniobra para obstruir la investigación y ganar tiempo no parece desacertada. Es parte de la explicación del corrimiento de Fernández Lahore que ostentaba el doble rol de sospechoso y ahora encargado formal de responder el reclamo de la justicia para investigarse a sí mismo. Por lo pronto, YPF no tuvo más opción de hacer aparecer las facturas de Rufino cuyo contrato está bajo la lupa porque comenzó a tener funciones concretas medio año antes de haber sido aprobado su ingreso por las autoridades tenía una particularidad: podía predecir qué operaciones exitosas iba a concretar para poder facturar honorarios. Todas las que emitió por la “Operación OCSA -Oil Combustibles” estaban dos meses adelantadas a las decisiones de directorio que daban una fachada de formalidad a la toma de activos por parte de YPF en medio del proceso acelerado de quiebra de Oil por la Justicia comercial. Es como si supiera que iba a tener éxito ante la cúpula de la petrolera y por eso adelantaba el cobro de honorarios en dólares que salían de las arcas de YPF.
Irregular
La embestida inicial de la AFIP contra Oil Combustibles por los planes de pago que tenía vigentes de acuerdo al peritaje de la Corte Suprema derivó en el estrangulamiento financiero de la firma, con las líneas de crédito cortadas, imposibilidad de refinanciar sus pasivos y además embargos en las cuentas abiertas para pagos a proveedores. En ese marco, se declaró su concurso de acreedores y finalmente se la empujó a una quiebra. El 11 de mayo de 2018, el juzgado comercial a cargo de Javier Cosentino decretó la quiebra, en un trámite inusualmente veloz que, además, propiciaba la caída del valor de los activos, una refinería, un puerto estratégico, depósitos y una red de 300 estaciones de servicio. Pero en toda la operatoria antes descripta hubo un paso más que levanta sospechas y pone la lupa en un móvil económico entre funcionarios y privados para acelerar el colapso de la petrolera de Indalo. Tan solo unos días más tarde, Cosentino, el 1 de junio de 2018 le adjudica el “alquiler” de los activos de OCSA al binomio YPF/DAPSA. Pero, ¿existe documentación que formalizara esa relación comercial? Recién hubo una nota fechada el 13 de agosto de 2018 -que ahora tiene Servini- que establece las condiciones supuestas entre YPF y DAPSA para hacer la presentación conjunta que, en realidad, se había hecho a fines de mayo y se terminó de aprobar el 1 de junio. Es decir que se fijaron las condiciones para algo que había ocurrido, en los hechos, más de dos meses antes. Es la máquina del tiempo.
El 7 de junio de 2018, se informa al directorio de YPF respecto del alquiler de los activos validado por el juzgado. Los hechos ya estaban consumados. No hubo ninguna aprobación previa por parte de los órganos societarios que lo hubieran autorizado. Como con las contrataciones y las facturas emitidas, no coincide ninguna fecha. A fines de ese mismo mes, Rufino -el abogado que había compartido bufete con “Pepín”- presenta una factura por u$s50 mil en concepto de honorarios por la “Operación OCSA”. Ahora se sabe que no solo la factura estaba emitida con anterioridad a la aprobación por el directorio de YPF, sino que el acuerdo con la empresa privada tampoco existía -al menos en términos formales- al momento de ser validado judicialmente para el “alquiler” de los activos, paso previo al desapoderamiento final.
Precio vil
El 23 de agosto de 2018 fue Fernández Lahore el que le da un poder especial a Rufino y de Martínez Tanoira para que participaran de la “subasta” de activos petroleros de Oil. El 29 de agosto de 2018 -seis días más tarde- el Comité de Inversiones de YPF autoriza a la petrolera a participar de la subasta pública. El 6 de septiembre el mismo Martínez Tanoira informa al directorio de YPF sobre la participación en la subasta por los activos. Pero allí dice algo muy curioso sobre la licitación que había sido impugnada sucesivamente por la empresa quebrada y sus accionistas por la subvaluación que implicaba. “Es un valor bastante bajo inclusive por el potencial que tienen los activos”, indicó el VP, en una línea destinada a convencer al directorio pero que termina reconociendo la posibilidad de una liquidación, como se dice en términos jurídicos, a precio vil.
Todos los hechos se dan de bruces con un informe independiente de la firma Ernst&Young que es recibido por el directorio y que establecía una valuación completamente distinta. Para la consultora líder en auditorías, a la fecha de ese trabajo, los activos de Oil trepaban a los u$s289 millones, y si aún se consideraba su valor de acuerdo a los riesgos de operaciones que implicaba, ese monto no bajaba de los u$s193,9 millones, más de u$s100 millones más de lo que lo terminaron adquiriendo. Poco más de la cuarta parte de su valor real.
Faltante
Parte de la documentación revelada por Ámbito recién fue enviada ahora a la Justicia, más de un año después de su requerimiento inicial. Existía un total de 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 de YPF y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.
Como reveló este diario, en esta trama no hay fecha que coincida: el Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.
El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal -de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales. Terminó siendo un engranaje principal de la operatoria para liquidar a Oil Combustibles, constituyendo un ruidoso móvil económico detrás de una decisión política.
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