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Entidades convocan a una Jornada Nacional
Mientras se debate el Presupuesto Nacional 2023, y los montos asignados a Educación, diversas organizaciones de la sociedad civil observan con preocupación la desinversión, la necesidad de una Justicia Fiscal que garantice el derecho humano a la educación.
En este contexto, la Fundación CADE, CLADE, Latindadd, SES, Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, junto a las investigadoras Marisa Alvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco, convocan a las presentación de los resultados del Estudio de Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para cumplimentar el derecho a la educación. El encuentro virtual será el próximo viernes 28, 18hs.
Marcela Browne, Responsable de Educación en Fundación SES y Secretaria de la CADE, aseguró que “el rol del Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Esto se volvió aún más relevante en el contexto actual donde la desigualdad está acrecentada”. Y agregó: “la evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo”.
En términos de la inversión educativa que corresponde a las provincias la situación tampoco es promisoria: a pesar de que en 2020 las escuelas estuvieron cerradas, no se observa un incremento de la inversión educativa provincial para atender a las nuevas demandas post pandemia de las provincias en 2021, se mantuvo igual que la del año anterior. A lo que se suma que el salario bruto de referencia (correspondiente a un o una maestra de grado con 10 años de antigüedad) se redujo en términos reales un 24% desde el 2015.
Adrián Falco, responsable del programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación SES y Secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe aseguró que es posible alcanzar el objetivo educativo si “combatimos la opacidad global tributaria promoviendo además el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore”. Y destacó la necesidad de “incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada de los gobiernos, congresistas, sindicatos, los/as académicos/as, las organizaciones y los movimientos sociales para mejorar las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales”.
Algunos números de referencia:
● El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, Bienes Personales (el impuesto más progresivo), sólo representa el 2% de la recaudación total del Estado Nacional mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
● Según datos de Tax Justice Network, en Argentina las empresas multinacionales evaden un total de US$1200 millones anuales operando en paraísos fiscales. Si se destinará esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
● En cuanto a los gastos tributarios, la exención del impuesto a las ganancias a magistrados equivale a 4,7 veces el monto total de Becas Progresar.
Las distintas organizaciones que expresan la necesidad de justicia fiscal aseguran que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación. Y proponen algunas modificaciones para mejorar en un 16% el Presupuesto Educativo Anual:
● Incremento del 10% el impuesto a los Ingresos Personales.
● Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
● Reducción del 20% gastos tributarios.
