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La lista Bordó, que impulsa la candidatura de los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero con 286 se impuso este martes por la tarde a las lista Celeste del juez Alberto Lugones que sacó 239 y a “Compromiso Judicial” que obtuvo 163 votos.
Ahora se espera la información oficial para saber cuántas bancas de los cuatro en juego se lleva cada lista. Se presume que será por las reglas de género Alejandra Provitola de Compromiso Judicial y no Eduardo Machín, cabeza de esa tercer lista.
La lista Bordó hizo su gran diferencia en la Ciudad de Buenos Aires donde sacó 195 votos, mientras que la de Lugones -un juez que vota generalmente a favor de la estrategia judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner- hizo su mejor perfomance en la localidad bonaerense de San Martín y en Tucumán.
En apenas 10 días, jueces y abogados eligieron cuatro representantes por estamento para conformar la primera renovación del Consejo después de ampliar de 13 a 20 sus miembros por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Así, unos 160.000 abogados y unos 2.700 magistrados estaban en condiciones de votar por tres propuestas.
En el caso de los jueces, el magistrado del fuero Comercial Eduardo Machín impugnó, primero ante la junta electoral de la Asociación de Magistrados y luego ante la justicia electoral, la candidatura del camarista federal Lugones.
La objeción de Machín, candidato de la lista "Compromiso Judicial", es que Lugones no puede presentarse a un nuevo período porque la reelección no está contemplada en la ley que regula el funcionamiento del Consejo.
Lugones apeló su impugnación ante la jueza electoral María Servini, quien terminó dándole la razón al considerar que, como se trata de un nuevo Consejo tras el cambio de composición ordenado por la Corte, se debe considerar como un primer período y no una reelección. Pero la Cámara Nacional Electoral, con una composición especial, le dio la razón a Lugones.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades nacionales y provinciales, consagró al abogado y doctor de la Universidad de La Plata, Guillermo Tamarit, como su representante ante el Consejo, junto al secretario académico de la Universidad de Lomas de Zamora, Hugo Galderisi. Ambos responden al rector de esa casa de altos estudios, Diego Molea, ahora cercano al ministro de Economía, Sergio Massa.
La elección de los académicos, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y presentaciones judiciales ya que a fines de septiembre, el decano y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara y Silvina Nonna, presentaron un amparo para que se declarara inconstitucionalidad la elección de los consejeros.
El reclamo de las autoridades de Derecho de la UBA era que la elección del consejera fuera directa, con el voto de todos los profesores, y no por la vía del colegio electoral como dispuso el CIN.
El pedido de Vergara y Nonna fue rechazado por el juez en lo contencioso administrativo federal, Santiago Carrillo, quien recordó que el consejero designado debe ser "elegido por sus pares" y que no especifica el método que debe usarse.
La Corte decidió en diciembre pasado que el Consejo era inconstitucional y conminó a sus miembros a adecuarse a su fallo en 120 días, un plazo que finalmente fue con las dificultades de todo proceso electoral agravadas por lo exiguo de los tiempos.
Recién a fines de mayo, con la jura del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes se culminó con el proceso de adecuación y el Consejo puede volver a enfocarse en su función central: elegir y remover magistrados.
agencianova
