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Escuelas tomadas: llegó la factura millonaria de la Ciudad a los padres de los "usurpadores"

 

Son 25 escuelas de CABA que fueron tomadas durante el último conflicto. El Gobierno de Larreta quiere que se hagan cargo del pago de los gastos de esas jornadas. El antecedente de la madre condenada en nombre de su hijo

El Gobierno porteño cumplió con lo que había anticipado, y presentó demanda penal y contravencional contra 366 padres de 21 escuelas de la Ciudad que fueron tomadas por alumnos e impidieron que se dicten clases y realizaron un cálculo por día de salarios devengados de personal docente y no docente por el que también se elevó una demanda civil.

Tal como lo explicaron en Uspallata, "el Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".

Y dieron la precisión de que ya están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $ 50.538.442,85. "Nuestra obligación como adultos en enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad", expresó la ministra Soledad Acuña.

En Ciudad están convencidos de que el método elegido va a producir buenos resultados, y ponen como ejemplo el caso de la madre de un alumno de la Escuela Técnica María Sánchez de Thompson, que fue condenada a indemnizar al Gobierno de la Ciudad


LA MADRE CONDENADA POR  AMENAZAS TELEFÓNICAS 

La sentencia la dictó el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Juan Manuel Converset, luego de que en la causa penal por intimidación pública se acreditó que un alumno efectuó amenazas de bomba en forma reiterada, y en la que solo quedó sobreseído por resultar inimputable. No obstante, la responsabilidad recayó en su madre.

El Gobierno porteño alegó que sufrió un perjuicio patrimonial por la interrupción de la actividad escolar, atribuible a las acciones de los alumnos, y el juez consideró que hubo responsabilidad objetiva de los padres por los hechos. Actualmente, la madre del joven se encuentra pagando la sentencia civil por esos sucesos, que se produjeron en el primer semestre de 2016. 

Según fuentes del Ministerio de Educación, la estrategia rindió sus frutos, porque "si bien siempre hay algún caso de amenaza de bomba, son hechos aislados. Es de suponer que si la justicia avanza con estas demandas penales y civiles, las escuelas podrán funcionar con mayor regularidad, sin perjudicar al resto de los alumnos, que mayoritariamente priorizan el estudio".

Rodríguez Larreta con la ministra de Educación, Soledad Acuña.


En el caso de las 21 escuelas tomadas, el Ministerio de Educación había empezado a diseñar su demanda de acuerdo al daño patrimonial. Finalmente, en razón de que cada escuela tiene claramente estipulado el gasto presupuestario diario (de acuerdo a la cantidad de personal), la Procuración decidió realizar la demanda en función de los días de clase perdidos en cada escuela por las tomas.

Según trascendió, los sindicatos no fueron avisados todavía de esta nueva demanda que presentó el Gobierno porteño, aunque especulan en Uspallata que "seguramente se van a oponer". 



CRONISTA