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Dentro de una semana, cuando el viernes 14 se conozca la inflación de septiembre, el ministro de Economía, Sergio Massa, podrá repetir que en sus primeros dos meses se ocupó de estabilizar la hecatombe financiera y cambiaria que recibió y que de ahora en más luchará contra el alza de precios, pero puede que persista la duda de cuál es el plan para lograrlo. Mientras, crece la tensión social. Los sindicatos reabren sus paritarias, los movimientos sociales consiguen promesas de refuerzos de ingresos, los trabajadores que no están protegidos ni por unos ni por otros quizá simpatizan tanto por las ideas libertarias de Javier Milei como los copitos o los brasileños que votaron el domingo por la reelección de Jair Bolsonaro. Mientras, el Gobierno por ahora no anuncia un programa antiinflación sino que se enfoca en buscar dólares y cuidar los que consiguió con la soja, aunque otros se les escapan rumbo al Mundial de Qatar y otros destinos del exterior, con un dólar a $ 269, o con la catarata de espectáculos internacionales que visitan Buenos Aires y sacan divisas a $ 148, desde Coldplay -que por ahora no suspende sus diez shows pese a la neumonía de su cantante, Chris Martin- hasta Rafael Nadal, que vendrá a ofrecer una exhibición.
CGT puede que se dividan entre los peronistas que lanzarán una corriente política propia el 17 de octubre, con Héctor Daer y Carlos Acuña a la cabeza, y los seguidores de Pablo Moyano y el cristinismo que no participarán de esa movida, pero unos y otros coinciden en describir una situación social angustiante. "Hay preocupación y ocupación del sindicalismo porque hoy para no ser pobre se necesitan 130.000 pesos, lo que significa que la mitad de los trabajadores es pobre", advierte Sergio Romero, que se agrupa entre los primeros y que lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA). "Hay un aumento incesante de precios, no hay control. No hay respuesta del Ministerio de Economía. Hay pocas chances de ser optimistas en el corto plazo. No hay iniciativa. Cuando se renegocian las paritarias, la inflación vuelve a volar todos los acuerdos por los aires. A esta situación nos trajo la política y la política nos tiene que sacar. Por eso, vamos a presentar una posición política el 17 de octubre, queremos tener nuestros diputados. Estamos en una situación grave. No es una cuestión de personas sino de plan y estrategia. Se imprimen billetes, se genera inflación y se perjudican los trabajadores", concluye Romero. Su postura, al igual que la de Daer y Acuña, rechaza que el Gobierno ordene al sector privado dar un bono no remunerativo de fin de año para compensar la suba de precios, prefiere renegociar salarios por sector, aunque sabe que sin un combate real a la inflación eso resulta insuficiente.
En el Frente Sindical, que se referencia en los Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, el senador provincial bonaerense y jefe de un sindicato de los canillitas, Omar Plaini, se manifiesta a favor de las "paritarias libres", pero también pide que el Gobierno imponga al sector privado el reparto de un bono para aquellos sectores en los que el poder sindical resulta menor. "Hay que discutir paritarias hasta que no se frene la inflación. Van a tener que redistribuir mucho mejor los ingresos, que los empresarios ganen un poco menos. Hay que ver cómo el Gobierno frena la inflación, que se heredó de Cambiemos, pero después vino la pandemia y la guerra. Las paritarias ya no son anuales sino trimestrales y con revisión o cláusula gatillo (actualización por inflación). Pero cuando se cobra el último tramo, uno ya se descapitalizó. Se busca cerrar paritarias un poco por arriba de la inflación porque ya venimos de perder 20% del salario con (Mauricio) Macri, pero no todas las actividades pueden pedir aumentos iguales", aclara Plaini, representante de un sector en declive por la venta de diarios en papel, cuando se le pregunta por el 130% que pidió Pablo Moyano para sus camioneros. Hasta el Gobierno admite que la inflación llegará al 95% a fin de año. La diferencia con los bancos y consultoras es que sólo Massa presenta un proyecto de presupuesto 2023 con una expectativa de ascenso del índice de precios al consumidor (IPC) del 60%, mientras que el mercado espera un nivel igual o mayor al de 2022. Con una inflación semejante puede que se repitan los conflictos tan largos y tensos como los del neumático, que tanto reproches le valieron al imperceptible ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
La vicepresidenta ya le reclamó por Twitter al ministro que se enfocara en la inflación y, para ello, en los márgenes empresariales, pero al día siguiente el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, contestó que la lucha contra el alza de precios debe pasar por la reducción del déficit fiscal y la acumulación de reservas. Es decir, dos de las tres metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La tercera es la disminución del financiamiento monetario del rojo de las cuentas públicas. Este viernes, el directorio del organismo, donde pesan las grandes potencias, aprobará la segunda revisión del pacto y desembolsará los fondos para seguir repagando el préstamo récord que tomó Macri en 2018. La semana próxima viajará otra vez Massa al FMI para su asamblea anual en Washington.
El Fondo comprendió que la Argentina se alejara de las metas fiscal y de reservas del segundo trimestre por el impacto mundial de la invasión de Rusia a Ucrania, pero aspira a que se cumplan las anuales. Para ello, Massa aplicará el recorte de subsidios energéticos, la obra pública y el giro a las provincias en este último cuarto trimestre. Sólo se salvarán los refuerzos de ingresos de fin de año para los empleados estatales y los beneficiarios de planes sociales, además del gasto intocable de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hay que mantener la calle tranquila y rezar para que la selección avance lo más lejos posible en el Mundial que arranca el 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre, dos días antes del 21° aniversario de la caída de Fernando de la Rúa y los 39 asesinatos por su represión.
A su vez, para cumplir la meta de las reservas, Massa anunció el dólar tecno y las licencias no automáticas a más importaciones. Con anterioridad, en su Declaración de Clima de Inversión sobre la Argentina, el Departamento de Estado norteamericano había advertido: "El sector privado notó una mayor discrecionalidad por parte de las autoridades comerciales responsables tanto de aprobar las licencias de importación como de obtener acceso al mercado de divisas para pagar las importaciones". Todavía no se sabe qué harán para restringir la salida de dólares por viajes y otros pagos con tarjeta en el exterior, vía por la que en los primeros ocho meses de 2022 se fueron US$ 4.912 millones, un 256% más que un año antes y más que los 4.306 millones que importaron en bienes los comercios. Los servicios empresariales, profesionales, técnicos y otros egresos, incluidos los espectáculos, representaron 3.201 millones, un 19% más que en el mismo periodo de 2021 y más que los 2.600 millones que en productos necesitó traer el sector de metales comunes y su elaboración, lo que incluye al grupo Techint y el acero brasileño que requiere para elaborar los tubos del gasoducto Néstor Kirchner.
En el Gobierno esperan que este octubre lleguen US$ 1.800 millones de organismos multilaterales, lo que abarca los 1.200 millones que venía retrasando el destituido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el trumpista Mauricio Claver-Carone. En la presentación del presupuesto 2023, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, calculó que las necesidades de financiamiento 2022 cerrarán en 2% del PBI proveniente del mercado local, 0,8% del Banco Central, 0,4% del FMI y otro tanto de acreedores externos como el BID y el Banco Mundial.
El año próximo, Setti deberá buscar más del mercado, un 2,3% del PBI, la autoridad monetaria aportará sólo 0,6% y los bancos internacionales, el 0,2%, mientras al FMI deberá pagársele un 0,5%. El secretario de Finanzas ha conseguido por ahora mejorar el acceso a un mercado que había perdido la confianza en el peso ya en junio pasado, un mes antes de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, y lo ha reconquistado gracias a que el actual jefe del Palacio de Hacienda cuenta con mayor respaldo político, pese a las incipientes críticas de Cristina y Máximo Kirchner, y a que ofrece a los inversores tasas positivas (por encima de la inflación), ya no más negativas, o actualización por el dólar oficial. Hay quienes critican a Setti por considerarlo demasiado generoso con el mercado, pero en su equipo lo defienden asegurando que si ofreciera menores rendimientos, no conseguiría financiar el déficit y aclaran que tampoco convalida todo lo que le piden los inversores ni las mayores tasas que recomiendan consultores ortodoxos para contrarrestar la inflación. En noviembre y diciembre vence deuda de corto plazo por $ 1,8 billones y el secretario de Finanzas analiza dos alternativas. O propone un canje de títulos para postergar los pagos lo máximo posible, incluso hasta 2024, o licita nuevos valores para afrontar los pagos. Dependerá de lo que pueda negociar con los bancos, aseguradores y fondos comunes de inversión.
Massa también busca dólares de inversiones privadas en energía, alimentos y litio, tres recursos que ansía un mundo en crisis energética, alimentaria y climática. Por eso, el ministro busca renegociar la deuda con el Club de París, cuyas potencias integrantes financian o aseguran las apuestas de las empresas de su origen en el exterior. La semana pasada, el ministro, el director del Instituto de Estadística (Indec), Marco Lavagna -que informalmente se ocupa de estas deudas internacionales- y el subsecretario de Financiamiento, Leandro Toriano, se reunieron con diplomáticos extranjeros de los países miembros del club, entre cuyos principales acreedores figuran Alemania, Japón, Países Bajos y España. La Argentina les debe US$ 2.400 millones. Ya el año pasado las potenciales occidentales le exigieron que les abone en la misma medida en que se le paga a China, con la que la deuda asciende a 2.600 millones.
Otra fuente de dólares a la que aspira el ministro proviene de la licitación del espectro radioeléctrico para que las telefónicas instalen la tecnología 5G. En dos de las operadoras ponen en duda que el jefe del Palacio de Hacienda pueda llegar a cumplir su meta de subastar las frecuencias en tan poco tiempo, en febrero próximo, y conseguir que las empresas paguen por ellas lo mismo que por las de 4G en 2014, es decir, unos US$ 1.400 millones. "No es posible buscar una recaudación similar al 2014 cuando la rentabilidad del negocio era completamente distinta y el marco económico, diferente. Es necesario desjudicializar la industria. En el contexto actual no hay previsibilidad. El decreto 690 de 2020 dinamitó la dinámica habitual del negocio", opinaron en una compañía, en referencia a la norma que reguló la tarifa de las telecomunicaciones y que después fue echada por tierra por diversos fallos judiciales no definitivos. En el sector consideran que todavía tienen mucho para ofrecer en el 4G y advierten que el 5G es una incógnita en el mundo, e incluso en países avanzados como Corea del Sur hubo firmas que devolvieron espectro por considerarlo innecesario. Además señalan que naciones sudamericanas como Brasil, Chile y Colombia han licitado espectro sin exigir que la mayoría de la inversión vaya a manos estatales sino al despliegue de redes. También añaden que ninguna de ellas puso reparos a la tecnología de Huawei. Habrá que ver si los interpone Massa, quien ha escuchado más de una vez las críticas del asesor especial de Joe Biden para América Latina, Juan González, a la seguridad de este gigante chino.
