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Una tanda de postulantes, cuyos pliegos fueron enviados por el Ejecutivo, se presentó este martes ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
Una docena de candidatos a ocupar distintos cargos en el Poder Judicial defendieron este martes sus pliegos, enviados por el Poder Ejecutivo, en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Tras el encuentro, la mendocina anunció a los senadores que los expedientes iban a pasar a la firma para su dictamen y que se pasaba a cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando se recibirán a 21 postulantes, a partir de las 10.
Postulada para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, Elena Dilario señaló que ese es “un tribunal que está sin vacancia hace casi cuatro años” y tiene “más de 200 causas en trámite” de las cuales “el mayor porcentaje son causas de narcotráfico”. “Me siento capacitada, con prudencia y racionalidad, para llevar la función adelante”, sostuvo, al recordar que tiene una trayectoria de 40 años. También abogó por tener una gestión con “una justicia pronta, oportuna”.
Al momento de las preguntas, la kirchnerista Silvia Sapag (UC-FdT) le preguntó sobre el debido proceso, algo que repitió luego con los otros candidatos durante toda la reunión, en alusión indirecta al desempeño de los jueces y fiscales que llevan adelante el juicio por la causa “Vialidad”.
“Mi interés es preguntarle sobre su apego a la Constitución y qué piensa de las garantías del debido proceso, o sea, el derecho a defensa, la imparcialidad de los jueces y el principio de presunción de inocencia”, expresó la neuquina.
Dilario afirmó que coincide con “la Constitución Nacional, con el artículo 18 en el que claramente están contempladas las garantías. Hay que cumplirlas. El rol que tiene el juez es fundamental para cuidar esas garantías y siempre respetando el debido proceso”. “Solamente quería su ratificación del conocimiento de todos estos temas porque últimamente no hemos visto ese comportamiento en los fiscales y jueces”, agregó Sapag.
Tras ser consultada por los santafesinos Dionisio Scarpin (UCR) y Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT), la candidata a jueza recibió un pedido por parte de Carolina Losada (UCR). “Le quiero pedir que tenga el mayor compromiso que pueda. Nosotros necesitamos robustecer a nuestra justicia y mucho”, manifestó la santafesina, a lo que Dilario respondió: “Lo tengo, es un desafío y realmente estoy feliz de participar de esto”.
También propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, Eduardo Rodrigues da Cruz, fue consultado por el senador Scarpin sobre “cuál es su interpretación de por qué en Rosario se triplican o cuadriplican los índices de homicidios y de los delitos de narcotráfico”.
El candidato contestó que “son múltiples factores: hay un nivel de violencia muy elevado en la sociedad argentina, hay un nivel de pobreza muy elevado, hay un nivel de connivencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad y también las organizaciones criminales, a mí modo de ver, aprovechan algunos lugares que quedan vacíos”.
“Cuando la Justicia Federal está sobrecargada, cuando no puede intervenir de manera activa, como realmente debería ser, porque no tiene los medios para hacerlo, porque durante 40 años no se crearon juzgados federales, pasan estas cosas”, aseveró.
Rodrigues da Cruz dijo que esta “es una situación muy compleja; abordarla implica analizar un montón de factores” y apuntó que las organizaciones criminales de Rosario “tienen una disponibilidad económica que les permite hacerse de muchas cosas”. “El pueblo de la provincia de Santa Fe está sufriendo, necesita respuestas inmediatas de todos los actores”, agregó.
A su turno, Gustavo Montesi, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, sostuvo que esta es “una jurisdicción bastante especial” ya que se trata de “una ciudad fronteriza que limita con otras dos ciudades de Santa Fe: Frontera y Villa Josefina”.
“Los informes de Gendarmería desprenden que la droga, o la mayor cantidad de la droga, descendería desde el norte hacia el centro de la Argentina, y transitaría de este a oeste por dos rutas, que son la ruta nacional 19 y la ruta provincial 158, y San Francisco está exactamente en el medio de esas dos rutas”, explicó, por lo que afirmó que “este tribunal tiene una importancia especial en lo que es la lucha y el combate del narcotráfico”.
Al tomar la palabra, el senador Luis Juez (Pro-JxC) contó que conoce al doctor Montesi “hace 36 años. Ha tenido una actividad interesantísima en el juzgado de San Francisco cuando le tocó subrogar. Es importante esta oportunidad que le da el Estado y la propuesta viene como anillo al dedo porque conoce la jurisdicción, tuvo un trabajo acertado, inteligente y muy esmerado en un lugar complejo”.
“Necesitamos jueces que conozcan la jurisdicción, se involucren”, resaltó y completó: “Tengo más de 35 años de ejercicio en la profesión. No me involucro ni personal, política o sentimentalmente con ningún magistrado, pero sí cuando encuentro calidades y cualidades, así como las critico, me gusta resaltarlas. En mejor manos no puede estar el juzgado”.
Durante la audiencia, expuso también Alejandro Arguilea, candidato a defensor ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Buenos Aires, quien aclaró que por el cargo de defensor no se tributa impuesto a las Ganancias, ni tampoco anteriormente cuando fue designado en un cargo de juez en 2008.
“Muchos postulantes han manifestado que han prestado conformidad, pero me parece que igual nadie les cobra”, planteó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT), a lo que Fernández Sagasti explicó que “prestan conformidad cuando empiezan el concurso; en caso de ser designados empiezan a descontarles”.
Al confesar tener “inquietud” por el tema, Parrilli anticipó que pedirá informes. “Porque parece que aún a los que les correspondería que les descuenten, no les descuentan. Ese es un tema que me preocupa”, dijo y agregó: “O hay un problema con la Corte, el Consejo (de la Magistratura), el Ministerio (Público) o la AFIP. No está muy claro”.
“Según la ley, los nuevos magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal tienen que tributar Ganancias. Me sumo a la investigación muy vehementemente, pero no tiene nada que ver con el postulante en cuestión”, cerró la presidenta de la comisión.
En la presentación de Agustín Carrique, propuesto como defensor ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Fernández Sagasti, recordó que “el Ministerio Público de la Defensa aplica hace varios años la ley de ingreso democrático, no así el Poder Judicial de la Nación”. En esa línea, consultó al candidato cuál fue su experiencia al respecto y “si se ha podido romper con lo que vulgarmente se denomina la familia judicial”.
Carrique destacó que “la Defensoría General ha sido pionera en la implementación del ingreso democrático” y “muy rápidamente se instrumentaron mecanismos de designación con exámenes públicos, abiertos” para que “todos puedan inscribirse”. “Yo soy de la generación que tuvimos que recorrer y golpear puertas para empezar a trabajar de meritorio en un Defensoría hace 23 años. No tenía contactos, ni familia, ni nadie que pudiera ayudarme”, agregó.
En la audiencia también defendieron sus pliegos: Verónica Escribano, propuesta como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; Enrique Baronetto, propuesto para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; y Gastón Salmain, propuesto para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario.
Además de los postulados para el cargo de defensor público: Alfonsina Bava (Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham); Luis Valencia (Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal); María José Bonifacino (Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay); y Ana María Blanco (Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba).
Una tanda de postulantes, cuyos pliegos fueron enviados por el Ejecutivo, se presentó este martes ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
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