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Diputados van por el dictamen del proyecto de integración socio urbana de barrios populares

 Se reanuda este miércoles el debate de la prórroga de la norma, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos [...]

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reunirán este miércoles a partir del mediodía para emitir dictamen favorable del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años.

Según confiaron fuentes legislativas, la idea de emitir dictamen en esta reunión que se realizará antes del inicio del debate del Presupuesto 2023 incluye el objetivo de incluir el proyecto en una sesión que se realizaría la semana próxima, primera del mes de octubre.

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, y además se propone ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), se apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos.

A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La semana pasada, la reunión presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo,  contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.

En esa oportunidad, Montiselli recordó que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos  que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.

Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó

“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.

Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.

Se reanuda este miércoles el debate de la prórroga de la norma, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.



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