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EconoJournal accedió a la resolución que define cómo evolucionarán los precios del gas durante el segundo semestre del año para avanzar con la segmentación de tarifas. La reunión liderada por Juan Manuel Olmos que buscó acelerar los plazos de la quita de subsidios, sin la necesidad de convocar a una nueva audiencia pública. ¿Validará la vicepresidenta Cristina Kirchner la decisión de avanzar con la suba de tarifas a partir de septiembre?
La Secretaría de Energía dará a conocer en las próximas horas la resolución que define los nuevos valores del gas natural que deberán afrontar aquellos hogares a los que se les retirarán los subsidios. Son, como adelantó este medio, unos 30 precios diferentes en el punto de ingreso al sistema (PIST) que difieren en función de la distribuidora y las distintas subzonas que existen en cada concesión.
Lo más relevante de la normativa que se publicará en breve en el Boletín Oficial —salvo que haya un golpe de timón de último momento— es que define, en un anexo al que accedió EconoJournal, cómo evolucionarán los nuevos precios en los tres escalones que se aplicarán para retirar totalmente la subvención del Estado a los usuarios agrupados en el Nivel 1 del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). Hasta el mediodía de este viernes, se inscribieron en esa registro unos 7,5 millones de hogares.
La resolución —que está asentada bajo el número 76957724 y tiene fecha del 26 de julio— define los precios PIST que regirán hasta el 31 de diciembre e instruye al Enargas a trasladarlos inmediatamente a los cuadros tarifarios que rigen para cada distribuidora.
Para cumplir con el criterio de gradualidad que estableció la Corte Suprema en 2016, cuando falló en contra de los aumentos de tarifas del macrismo, el retiro de los subsidios no se realizará de golpe, sino que se implementará en tercios por bimestre. Es decir, la quita total se materializará recién al quinto mes después de iniciado el proceso de segmentación, cuando entren en vigencia los precios del tercer escalón definido por la Secretaría de Energía.
La resolución que llevará la firma de Darío Martínez define, por ejemplo, que un hogar bajo la órbita de Metrogas al que se retiren los subsidios, que hoy abona un precio de $ 10,05 por metro cúbico (m3), pasará a pagar primero $ 13,14; luego, 18,60 pesos en el segundo bimestre y finalmente, pagará 25,80 pesos a partir del tercero, un 150% más que en la actualidad. Al tipo de cambio oficial, son unos US$ 5,20 por millón de BTU.
Sin audiencia pública
Aunque hasta la semana pasada dentro del área energética del gobierno se contemplaba la realización de una nueva audiencia pública para validar los nuevos cuadros tarifarios, fuentes oficiales admitieron que en los últimos días cambió el enfoque.
De hecho, a mediados de esta semana Juan Manuel Olmos, que en las próximas horas asumirá como vicejefe de Gabinete de Juan Manzur, la diputada Victoria Tolosa Paz y el propio Darío Martínez se reunieron con la línea técnica del Enargas para terminar de alinear en el plano regulatorio cómo se avanzará con la segmentación. Olmos defendió, según pudo reconstruir este medio, la necesidad de avanzar cuanto antes con la quita de subsidios.
En esa clave, la resolución que firmará Martínez instruirá al interventor del Enargas, Federico Bernal, a trasladar los nuevos precios del gas a las tarifas de cada distribuidora en forma automática. Desde el sentido común, la decisión es entendible. En lo que va del año ya se realizaron tres audiencias públicas para discutir sobre precios y tarifas de gas, por lo que la necesidad de garantizar la participación ciudadana ya fue cubierta, sobre todo si se tiene en cuenta que, tras las convocatorias anteriores, las tarifas residenciales aumentaron un 40%, muy por debajo de la inflación proyectada para todo 2022.
“La resolución instruye en cuanto a la aplicación de los precios PIST a los cuadros tarifarios. El Enargas debería estar en condiciones de trasladar el aumento con la resolución solamente”, explicaron en un despacho oficial. Habrá que ver si Bernal procede en esa dirección.
Está claro que la decisión final no la tomará el interventor, sino que dependerá exclusivamente de la línea política que baje la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, la única con capacidad real para instruir cualquier tipo de decisión en el área energética.
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