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El senador le dijo a Germán Castelli que era un juez puesto de manera arbitraria para condenarlo; el magistrado le respondió que era un juez de la Constitución
El senador kirchnerista Oscar Parrilli enfrentó al juez Germán Castelli, presidente del tribunal que lo juzga por pagar un anticipo para realizar el libro “La década ganada”, que al final no se realizó, y le reprochó que era un juez trasladado, “puesto a dedo” para condenarlo a él a Cristina Kirchner. El magistrado le respondió que él es un juez de la Constitución y que estaba allí para “garantizarle un juicio justo”.
“Usted no es un juez natural, es un juez especial que está puesto aquí de una manera absolutamente ilegal y arbitraria”, le reprochó Parilli a Castelli. Y recordó el proceso por el cual la Corte terminó por establecer que los jueces trasladados podían permanecer en sus cargos hasta que se hagan los concursos para ocupar esos lugares. Pero Parrilli descalificó al juez cuando leyó un escrito de Castelli en el que criticó el modo en que se habían dado en el Senado y el Consejo de la Magistratura las acciones para remover a los jueces trasladados.
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“Usted tuvo palabras muy agraviantes muy injuriosas, no solamente para mi persona sino para todos los senadores y obviamente también para la presidenta del cuerpo [Cristina Kirchner]. Usted dice allí que nosotros participamos de una maniobra ilegal iniciada en el Consejo”, le dijo.
Parrilli arrancó con los tapones de punta contra el juez Castelli y le dijo que debería haberse excusado de intervenir en el juicio. Recordó al juez que es uno de los magistrados trasladados durante el Gobierno de Mauricio Macri.
”Considero que usted no es un juez natural, es un juez especial que está puesto aquí de una manera arbitraria. Esta causa llegó aquí en el 2017 y usted llegó a este tribunal por traslado en 2018″, le dijo, y dijo que pidió que la audiencia de hoy fuera presencial para decírselo en la cara.
Y fue subiendo el tono en sus expresiones durante cerca de 40 minutos, hasta que el juez Castelli lo interrumpió y le preguntó que si lo estaba recusando, porque si ese era el caso debía darle traslado a las partes para resolver. Parrilli no se guardó la respuesta: “Usted sabrá lo que tiene que hacer, si seguirá con esta causa juzgándome, o no. Y si ya tendrá o no, a lo mejor, no lo sé, la sentencia escrita, más allá de lo que yo diga o las pruebas”. Sin embargo, luego consultó con su abogado Aníbal Ibarra, que explicó que no iba a pedir que se aparte a Castelli porque tenía certeza de que rechazarían su solicitud.
Entonces Castelli tomó la palabra: “Al no haber planteado recusación, en función de las palabras, le digo que yo soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al Señor Parrili y a las demás personas imputadas. Nada más”.
En su relato, Parrilli recordó la indagatoria de Cristina Kirchner en el juicio por la causa de Vialidad, donde le gritó en la cara a los jueces que la juzgan que eran los magistrados del lawfare y que a ella no le importaba su sentencia porque ya había sido juzgada por la historia.
El cruce se dio en la segunda audiencia del juicio oral y público contra Parrilli, en la cual el exsecretario general de la Presidencia denunció que es víctima de una “persecución política” que busca eliminar al kirchnerismo de la escena política argentina. En su declaración indagatoria, en la que solo respondió preguntas de su abogado Ibarra, Parrilli aprovechó para denunciar que este caso se inscribe en una sucesión de causas judiciales que pretenden desacreditar al kirchnerismo.
Parrilli también cargó contra el fallecido juez Claudio Bonadio, que fue quien llevó adelante la investigación. “La causa existe porque Bonadio tuvo una actitud de persecución ideológica contra el gobierno” kirchnerista. Enfatizó que del requerimiento de elevación a juicio de la causa no surge que se hubiera cometido delito.
”Dice el fiscal [Carlos] Rívolo que hicimos una licitación ‘para la impresión de un libro cuyo interés público no estaba debidamente justificado’”, señaló Parrilli, para cuestionar que se juzga la decisión política de hacer ese libro. “Analizan acciones de gobierno que les podrán gustar o no, pero que no tienen nada que ver con delitos”, dijo.
El juicio está a cargo de los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. La fiscal es Fabiana León.
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Mas allá de sus acusaciones contra el juez, Parrilli explicó que no hubo perjuicio para el Estado. Dijo que la Casa de la Moneda ganó la licitación para imprimir el libro y que se pagó un anticipo de 800.000 pesos que nunca salieron del Estado.
“Salió de un bolsillo de la Secretaría General del Estado y fue a otro bolsillo, que fue la Casa de la Moneda. Obviamente no es la primera obra pública que se suspende una vez adjudicada en la Argentina”, dijo.
Luego declaró Javier Grossman, otro de los imputados, que realizó una alocución menos dramática, llevando su defensa al terreno del arte, pero negando con firmeza todos los cargos en su contra.
Hernán Cappiello
