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No hay mejor negocio en la Argentina que tener una agrupación de piqueteros y demandar planes sociales. Fortuna.
El presidente Alberto Fernández se solidarizó con los piqueteros por allanamientos en los últimos para comenzar a hacer un seguimiento y control del dinero que va a parar, supuestamente, a los beneficiarios de planes sociales, quienes a su vez denuncian que les quitan un porcentaje.
"Me preocupan enormemente los allanamientos a comedores y merenderos. No avalo la persecución judicial de la dirigencia política y social. Hoy recibí a referentes de organizaciones sociales, a quienes manifesté mi total solidaridad", dijo Fernández en Twitter el pasado miércoles 13 de julio.
Los dirigentes salieron de la Casa Rosada y ultimaron detalles para una monstruosa manifestación en la Ciudad de Buenos Aires que, obviamente, complicó el trabajo de cientos de miles de trabajadores.
El pasado jueves 14 de julio, el diario Clarín confirmó:
"Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían", explicaron a este diario fuentes policiales.
En la reunión en la Casa Rosada habían dirigentes de la CCC. En concreto, estuvieron Esteban "Gringo" Castro (UTEP), Ángel Adolfo Borello (Organización Social y Política Los Pibes), Cristián Javier Romo, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Norma Morales (Somos-Barrios de Pie), Laura Pugliese, Alejandro Abregú, Luciano Álvarez y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa-CCC), pertenecientes a organizaciones sociales como Movimiento Evita, Barrios de Pie, entre otros.
Sin embargo, Alberto Fernández calificó los allanamientos como "persecución judicial". Tendría que explicar el mandatario porqué se financia a organizaciones de esa manera y no se controla el dinero de los contribuyentes, en lugar de aumentar impuestos, como el caso del inflacionario.
De Eduardo Belliboni a Juan Grabois, la mira puesta por la caja de planes sociales
No solo Eduardo Belliboni y el legislador porteño Gabriel Solano, del Polo Obrero, están en la mira por retener más del 2% por beneficiario todos los meses.
Clarín también informó que "5 integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, están siendo juzgados por el delito de estafa por cobrar comisiones en los montos de los planes sociales que entregaban a personas de escasos recursos desocupadas. Nueve de ellas se animaron a denunciarlos y explicar la modalidad mediante la cual quienes ahora están sentados en el banquillo de los acusados lucraban con su necesidad quedándose con parte del dinero del plan u obligándolos a ir a marchas y cortes de calles a cambio de una bolsa de alimento".
"De acuerdo a la información oficial de la fiscalía de Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante de Chubut y escenario de los hechos, los imputados son Florencia, Mauricio y Rosa Ruiz, Joana Painemal y Patricia Mercado. Algunos de ellos, con un muy buen pasar económico", agregó el medio a través de una nota firmada por el periodista Carlos Guajardo.
El sábado 13 de marzo de 2021, en un operativo de control de Gendarmería, antes del acto que ese día realizaron organizaciones sociales en Luján para conmemorar 8 años del pontificado de Francisco, se halló un bolso con cerca de $1,4 millones en una camioneta del Movimiento Evita. Al respecto, su dirigente, Fernando ‘Chino’ Navarro -funcionario nacional con despacho en la Casa Rosada- dijo hoy que “era para pagar micros” que llevaron a los asistentes al acto.
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