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La Subsecretaría de Energía está trabajando desde hace tiempo en el armado de un esquema que permita dinamizar la inversión en los principales ciclos combinados del país. Para extender la vida útil de esas usinas, la idea es asegurarle a los privados una remuneración adicional estable que permite repagar esos desembolsos. Se apunta a movilizar inversiones por US$ 1.000 millones, pero la resolución del gobierno está demorada.
La Subsecretaría de Energía Eléctrica y Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), están trabajando desde hace más dos meses en el armado de un esquema de remuneración a los generadores privados que permita movilizar inversiones en centrales térmicas que son estratégicas para la operación del sistema.
En términos generales, como el ingreso que perciben las principales empresas del sector —Pampa Energía, Central Puerto, Enel y AES— está pesificado y no permite proyectar inversiones de mediano y largo plazo por la falta de previsibilidad, la cartera que dirige Federico Basualdo empezó a buscar alternativas para neutralizar esa debilidad. En concreto, se discutió con los privados la puesta en marcha de una normativa que establezca una remuneración adicional para las generadoras que estén dispuestas a invertir en la realización de grandes mantenimientos en los 10 mayores ciclos combinados del país para extender su vida útil.
En esa clave, la Subsecretaría redactó el borrador de una resolución para fija una remuneración diferencial para que esas grandes centrales termoeléctricas, que explican, en conjunto, dos tercios del parque de generación del país, puedan avanzar en el mantenimiento integral que necesitan para seguir operando. Se trata de ciclos combinados construidos en su gran mayoría a fines de los 90´ que precisan de un mantenimiento en profundidad para extender su vida útil.
Grandes mantenimientos
Según cálculos estimativos que barajan en el gobierno, si se contemplan todos los ciclos combinados, las obras demandarían, en total, una inversión de US$ 1.000 millones en un proceso de cinco años.
Sin embargo, la publicación de la resolución está demorada. «Aún no hay nada definido, seguimos trabajando en el tema«, indicaron a EconoJournal allegados a Basualdo. La postergación de esas obras puede ocasionar problemas en sistema eléctrico del país porque.
La Argentina tiene una potencia de generación instalada de alrededor de 30.000 MW, de los cuales entre 15.000 o 20.000 MW corresponden al parque termoeléctrico. De esa potencia instalada en usinas térmicas, hay al menos 13 grandes ciclos combinados que son claves para garantizar el abastecimiento de la demanda de generación eléctrica del país. En la región del AMBA figuran Genelba, Central Puerto, Dock Sud, Central Buenos Aires y Costanera; en el Litoral, San Nicolás, San Martín y Belgrano; en el Comahue, Loma La Lata y Agua del Cajón; en Córdoba, Pilar; y en NOA, El Bracho y Tucumán. La mayoría de esas usinas se construyó a fines de la década de ’90 o a principios del 2000, por lo que ahora están llegando al final de su vida útil.
Para seguir activas en el tiempo, las plantas requieren que se realice lo que en la jerga se conoce como “gran mantenimiento”. Es decir, una parada coordinada y homologada por los tecnólogos —Siemens, GE y Mitsubishi, entre otros— para llevar adelante una evaluación de todo el equipamiento de la central y reemplazar aquellos componentes dañados o que demandan una actualización.
Remuneración
Una fuente privada estimó que la inversión en cada uno de los ciclos combinados oscilará entre los 30 y 150 millones de dólares, dependiendo del nivel de dificultad de cada caso. Como la fecha de expiración tecnológica de cada usina difiere en el tiempo, se prevé que las obras de mantenimiento podrían requerir una inversión de unos US$ 200 millones por año durante el próximo quinquenio. Es decir que en el período se movilizarían inversiones por alrededor de US$ 1.000 millones.
Las grandes generadoras conversaron con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, la posibilidad de firmar un contrato con Cammesa que les garantice a los privados un ingreso en moneda dura —podría ser en dólares o en pesos indexado a la evolución del tipo de cambio y a la inflación— para asegurarse el recupero de esas inversiones.
econojournal
