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Qué hay detrás del proyecto de los gobernadores para ampliar la Corte. Urgencias y confluencia de intereses. Casa Rosada confirmó que tenía el suyo. Traspié de Larreta por la Coparticipación como fantasma de todos.
La carta de 16 gobernadores, de dos párrafos, sin fecha y enmendada a birome dejó mucho más para la lectura, en términos políticos, que una explícita –y a la vez conflictiva- convocatoria para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. Representa la inquietud de la política para reaccionar ante lo que perciben como el repliegue de la Casa Rosada en el gabinete económico y la crisis interna que empujó tempranamente a la campaña electoral por 2023. En medio de esas urgencias, sobre todo de recursos traducidos en el reclamo de subsidios al transporte para equipararlos a los del AMBA, el realineamiento de los mandatarios provinciales encuentra, por otra vía, una confluencia de intereses con los judiciales de Cristina de Kirchner, enfocados en Casación y en el máximo Tribunal, por sobre todo. La discusión por la coparticipación con la CABA encendió las alarmas, ante lo que presumen, sin información, como un fallo negativo al Gobierno Nacional. Si todo está devaluado, ¿por qué no entregarían un sillón de la Corte por equilibrar los subsidios? Las provincias necesitan mirar hacia sus propios territorios y asegurar continuidades más allá de la suerte del Gobierno. Están siempre entre los socios fundadores de la Asociación Civil “Luchemos por la Mía”.
Eso explicaría que el corto plazo domine y nadie se detenga, por el momento, a pensar que una ley de ampliación de la Corte a un juez por provincia –que podría aprobarse sin demasiados sobresaltos- dejaría la paradoja que deban consentir que, al menos en la mitad de los casos, su silla sea ocupada por alguien seleccionado por la oposición. De otro modo, sería una quimera imaginar que para ocupar esas nuevas vacantes el Senado alcanzara los dos tercios de los votos necesarios para avalar los nombramientos. Sin la UCR, sería imposible.
Este escenario complejo se lo reconocieron a Ámbito dos de los mandatarios que participaron de la firma del documento en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Y que relataron que el propio Presidente, luego de que se difundiera la carta, les confirmó que el Poder Ejecutivo tenía un proyecto idéntico ya redactado y a estudio. En rigor, Ámbito reveló el 20 de diciembre de 2021 que el Ministerio de Justicia, a la par de que había impulsado una reforma del Consejo de la Magistratura que atajara el fallo de la Corte que declaró inconstitucional el formato de 13, elevó –con monitoreo de la vicepresidenta- una iniciativa que ampliara a 25 el máximo Tribunal. En un principio, excluía al territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. Luego se corrigió para evitar que pudiera trabarse en una segura judicialización. Lo sometieron a varios testeos de los que participó la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra. Y hasta se rumoreó que formaría parte del discurso inaugural de sesiones del 1 de marzo. No ocurrió. Si hay algo que la expresidenta tiene claro es que ella no habla en condicional. Evalúa, se mueve y ejecuta. Con suerte dispar, pero con el norte puesto en que la política no deja vacíos. Siempre hay alguien que los llene.
Alberto le dijo a algunos gobernadores que el trabajo de consulta con especialistas que anunciaban en el documento ya había sido allanado por ese proyecto que contempla, obvio, la división en salas, una idea resistida desde el mundo jurídico también por una cuestión constitucional. La cuenta que hacen los gobernadores no es la misma que hace Cristina: con una carrera electoral lanzada tácitamente se requieren fondos frescos para asegurar las campañas y salvar los votos propios.
No extrañó en la Corte que los voceros de la idea de los gobernadores fueran los mandatarios de provincias con mayor dependencia del auxilio de Nación. Ni tampoco la coincidencia de que varias habían visto truncas las posibilidades de reelecciones en sus territorios por fallos de esta integración de la Corte. También tienen lógica la ausencia de posición de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba. No solo para evitar un alineamiento automático con Cristina, sino porque sus cupos –por decirlo de alguna manera- ya están ocupados por actuales jueces originarios de esas provincias –Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, respectivamente-. Pero tampoco es seguro que la plaza porteña pudiera adjudicarse a Carlos Rosenkrantz, quien hizo toda su carrera en Capital Federal y aledaños. Pero el juez nació y vivió hasta su adolescencia en Corrientes. ¿Por qué motivo, en ese nuevo mapa, Rodríguez Larreta podría reclamar un sitial para su candidato?
El jefe de Gobierno venía con cierta prolijidad en la pulseada por su reclamo por la quita de Coparticipación. Pero se pisó los cordones con su promesa de que bajaría los impuestos si la Corte le daba la razón en el reclamo. Más allá de trasladarle la responsabilidad de la carga tributaria al máximo Tribunal, disparó un interrogante: ¿cuáles fueron los tributos con los que Larreta compensó la quita de un porcentaje de la Coparticipación? El impuesto a sellos sobre los consumos de tarjetas de crédito para plásticos emitidos en Capital Federal y los Ingresos Brutos a los pases y a las Leliq. Lo primero lo pagan los consumidores en sus resúmenes de cuenta. ¿Quién paga los segundos? Los bancos. ¿Rodríguez Larreta está diciendo que le bajará los impuestos a los bancos?
Adeba y ABA –las asociaciones que nuclean a los bancos- iniciaron una demanda contra la Ciudad y la AGIP por la aplicación de estos tributos. Ingresó por el fuero Contencioso Administrativo Federal y quedó allí navegando. Su definición es la contracara de la promesa del jefe de Gobierno. Los bancos son vitalicios de la Asociación Luchemos por la Mía. Larreta visualiza la demanda –que contiene un pedido de cautelar- como una catapulta que lo haga aterrizar como candidato presidencial y que le despeje los nubarrones de la interna en Juntos por el Cambio en un mismo movimiento. El problema es que la Corte sabe que a partir de ahora eso será a sus expensas. Larreta dio muestras de que mandó a plastificar su membresía a la Asociación Civil.
Cada acuerdo de la Corte se transformó en un calvario de incertidumbre por el desconocimiento de la agenda que selecciona el tribunal y el protagonismo recurrente es el expediente por la Coparticipación. Rosatti –en la audiencia pública- clamó por la necesidad de revisar una nueva Ley de Coparticipación, de casi imposible cumplimiento en plena fragmentación política. En ese contexto, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad reclamó un punto más de coparticipación para su provincia. Pero la novedad es que lo hizo con los datos duros de población del Censo 2022. ¿Sería ese un parámetro objetivo sobre el que se pudiera exhortar al Congreso a debatir y consensuar un asunto que es una de las principales deudas constitucionales?
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