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Según revelaron fuentes oficiales a EconoJournal, algunos funcionarios temen que si no se realiza una segunda audiencia el incremento termine siendo objetado en la justicia. Eso es porque en las otras dos ocasiones que este gobierno subió la tarifa del gas realizó dos audiencias: una para analizar el precio del gas en boca de pozo y otra para ajustar las tarifas de transporte y distribución.
La Secretaría de Energía debería oficializar en los próximos días las subas en las tarifas de luz y gas para que empiecen a regir a partir del 1 de junio. Sin embargo, el aumento del gas podría llegar a demorarse. El problema surge porque este gobierno hizo dos audiencias públicas cada vez que aplicó un aumento en la tarifa de gas: una para discutir el precio del fluido en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y otra para ajustar los márgenes de transportistas y distribuidoras. Eso fue lo que sucedió en enero, cuando, antes de aplicar la suba promedio de 20%, se realizaron dos convocatorias distintas. En esta ocasión, en cambio, solo se realizó una y, según detallaron fuentes oficiales a EconoJournal, algunos funcionarios temen que si no se realiza la segunda el incremento termine siendo objetado en la justicia.
Tanto el precio del gas en el PIST como los márgenes de transportistas y distribuidoras se solían definir habitualmente en una misma audiencia pública, como ocurrió en septiembre de 2016 cuando el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, realizó la audiencia en la Usina del Arte obligado por la Corte Suprema de Justicia. Este gobierno, en cambio, optó por un camino diferente.
Dos audiencias
El secretario de Energía, Darío Martínez, convocó en febrero del año pasado a una audiencia pública para el 15 de marzo donde se analizaría el precio del PIST y a los pocos días el interventor del Enargas, Federico Bernal, convocó a otra audiencia para los días 16 y 17 de marzo donde se pusieron en debate las tarifas de transportistas y distribuidores.
En la audiencia que convocó Bernal en aquella ocasión se dio por supuesto que no habría cambios en el precio del gas en boca de pozo que se había debatido un día antes. De hecho, Bernal le advirtió entonces a las empresas, en medio de una fuerte interna sobre cuánto había que aumentar, que, si la Secretaría de Energía finalmente decidía subir el precio del PIST, él debería convocar a una tercera audiencia pública, lo que finalmente no ocurrió porque solo se ajustaron los márgenes de transportistas y distribuidoras.
El mismo esquema se replicó a comienzos de este año, aunque de modo invertido. Bernal realizó primero una audiencia el 19 de enero y luego siguió Martínez con otra audiencia el 30 de enero. El resultado fue el mismo de 2019: el precio del gas en boca de pozo se mantuvo sin cambios y solo se ajustaron los márgenes de transporte y distribución, lo que derivó en un incremento tarifario promedio del 20% a nivel nacional.
¿Qué hacer ahora?
Ese inédito esquema de dos audiencias públicas por aumento no se replicó en esta última ocasión. El 10 de mayo se discutió el PIST, pero no hubo una segunda audiencia convocada por Bernal. Ahora la duda es si corresponde convocarla o si igual se puede avanzar con los aumentos.
El temor es que si no se hace una nueva audiencia alguna asociación de consumidores o incluso un particular pueda presentarse a la justicia para intentar frenar el aumento, pese a que en lo que va del año ya se realizaron tres audiencias públicas para terminar aumentando un 42,7 por ciento en el año para la mayoría de los usuarios, unos 20 puntos porcentuales menos que la inflación proyectada. Es un riesgo real, sobre todo en medio de la fuerte interna que atraviesa al gobierno por este tema.
“Honestamente, creo que las audiencias hechas alcanza, pero si yo fuera funcionario plantearía hacer una nueva audiencia pública por las dudas, pues sino es probable que alguien litigue alegando que las tarifas no se discutieron en la audiencia”, aseguró a EconoJournal una fuente conocedora de estos temas cercana al kirchnerismo.
Cuando en 2016 Aranguren avanzó con los aumentos de tarifas del gas sin realizar audiencia pública, la Corte Suprema le puso un freno y tuvo que retroceder sobre sus pasos. En esta ocasión, sin embargo, el escenario es diferente ya que el gobierno realizó tres audiencias para discutir las tarifas de gas, pero la posibilidad de una impugnación judicial existe y el gobierno aparece ahora como víctima de su propio accionar, pues fue esta gestión la que decidió realizar dos audiencias cada vez que se discutía un aumento de los precios del gas.
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