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Crece la ofensiva kirchnerista: no van por Guzmán, van por Alberto

 El ministro es su símbolo político de autonomía. Todas las voces críticas responden a Cristina, quien se ocupa de empujarlo hacia las sombras. 

Alguna vez el florentino Maquiavelo definió a la sabiduría como la virtud de distinguir la naturaleza de un problema y, ante la dificultad de solucionarlo, elegir el mal menor. Aplicando esa lógica al sistema político de la Argentina se comprendería el desaliento que existe en la sociedad. Al Gobierno y a su coalición, el Frente de Todos, lo encapsula la disputa interna que le impide ocuparse, siquiera mínimamente, de saldar alguna de las facetas de la grave crisis estructural. No sólo económico-social. A la oposición de Juntos por el Cambio le sucede algo parecido. Con una salvedad. Tantea aquel “mal menor”. Lo factible: la conservación de la unidad que enmascara profundas diferencias. Un recurso posible porque no está en el ejercicio del poder. 

La enorme duda que empieza a sobrevolar el Gobierno es si el recrudecimiento de la ofensiva kirchnerista tiene como objetivo verdadero a Martín Guzmán. U otra meta inconfesable. ¿Cuál? La vulneración de Alberto Fernández. El Presidente y su ministro parecen cada vez más un solo cuerpo político. El ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires, Andrés Larroque, disparó tres días seguidos contra el titular de Economía. La jefa de los senadores provinciales, Teresa García, se sumó al coro. La senadora Juliana Di Tulio responsabilizó al funcionario por la derrota electoral del 2021. “No supo distribuir el crecimiento”, acusó. ¿Qué crecimiento? El PBI de la Argentina cayó en 2020 un 9,9%. El año pasado repuntó un 10,3%. Apenas una compensación. El broche correspondió a Cecilia Moreau. Le pidió a Guzmán “un paso al costado”. Lo trascendente es que se trata de una diputada que responde a Sergio Massa.

Toda aquella es, desde hace mucho, una música muy conocida en el oficialismo. La novedad estuvo esta vez en la nota que pulsó Hebe de Bonafini. La titular de Madres de Plaza de Mayo acusó de corrupción a los movimientos sociales que respaldan a “Albertito” (sic). Dijo que reciben plata a cambio de entregar planes. Enfocó contra el Movimiento Evita, uno de los soportes más importantes del Presidente. Fernando Navarro y Emilio Pérsico son funcionarios. Harán este domingo una marcha por el Día del Trabajo, pero con el fin de respaldar a Alberto. La misma que no logró cohesionar ni siquiera a la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aquel recorrido reconoce un denominador común. Todas las voces que irrumpieron (con la excepción de Moreau) responden estrictamente al mando y el ideario de Cristina Fernández. No podría existir ninguna confusión. También a esta altura resulta difícil suponer que el enojo kirchnerista se limite a Guzmán. La salida del ministro, en todo caso, sería el último paso de una estrategia que busca anular cualquier autonomía del Presidente. “Dejarlo como el jarrón chino”, confiesa uno de los hombres que lo defiende.

La vicepresidenta se ocupa mucho de empujarlo hacia las sombras. En casi todos los planos. Ordenó, por ejemplo, la institucionalización del Frente de Todos en Buenos Aires. Con el liderazgo de La Cámpora. Señal sabida de que en ese territorio pretendería refugiarse en caso de perder el 2023. Lo llamativo de la movida fueron dos cosas: la presencia del massismo y la ausencia de cualquier dirigente ligado a Alberto.

Otro dato sorprendente fue el viaje del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, a Israel. Con el formato de alguien que supone un protagonismo político futuro diferente al que le propone el sillón de la Casa Rosada. Llevó en la delegación a siete gobernadores, incluidos de la oposición. Invitó a medios de comunicación para difundir su tarea. Desplegó una agenda con perfil casi presidencial. Fue recibido por el mandatario Isaac Herzog. Por el canciller y primer ministro, Yair Lapid; por la ministra del Interior, Ayelet Shaked y el viceprimer ministro y jefe de Justicia, Gideon Saar.

La excursión resultó planeada durante meses en el Instituto Patria. Tuvo un solo contratiempo. La forzada renuncia del embajador K, Sergio Urribarri, condenado a 8 años por causas de corrupción mientras se desempeñó como gobernador de Entre Ríos. Curioso: dimitió, pero continúa aún en tierra israelí. Parece claro que detrás de De Pedro está la intención de la vicepresidenta de ir moldeando quizás un candidato para lo que se avecina. El kirchnerismo tiene, en ese sentido, fuera de ella misma, su vidriera raleada. Los proyectos de Axel Kicillof y Máximo Kirchner se han diluido.

También figuró en ese panorama dominado por el opacamiento presidencial la entrevista que Cristina mantuvo con la máxima autoridad militar de Estados Unidos en América latina, Laura Richardson. “La general”, según la denominan allá. Un incordio, tal vez, para el lenguaje inclusivo que le agrada a la vicepresidenta. En esta historia quedó una duda. El embajador Marc Stanley también solicitó una entrevista con Alberto. No tuvo respuesta favorable. Sí dialogó, en cambio, con el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Richardson no ha circunscripto su carrera al ámbito militar. Fue edecán de varios vicepresidentes, entre ellos el demócrata Al Gore. Es piloto de helicópteros y aviones, oriunda de Colorado. Su ascenso fue postergado en la época de Donald Trump. El ex presidente republicano suele tener dificultades con el género. Una de las mayores inquietudes que planteó se relacionó con la estación espacial china que está en Las Lajas, Neuquén. Autorizada durante el segundo mandato de Cristina. “Son instalaciones de un gobierno autoritario. Está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China”, explicó. “¿Para qué están usando eso?”, interpeló.

Tales razonamientos los formuló en entrevistas periodísticas. Taiana asegura que no los conversó con él. Fuentes diplomáticas confiaron que estuvieron presentes en la reunión que mantuvo en el Senado con la vicepresidenta. Detalles de agenda al margen, no podría soslayarse la intención de Cristina de diseñar un vínculo propio con Washington –sin la mediación del albertismo-que podría enlazarse también, en un contexto ampliado, con aquel viaje de De Pedro a Israel.

El Presidente se puede enfrentar a un desafío bravo en su política exterior. Tiene previsto asistir en junio a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Pretende una bilateral con Joe Biden. El mandatario demócrata sigue siendo clave para la negociación que Guzmán sostiene con el FMI. Se viene la primera revisión del organismo. Sucede una cosa: Washington quiere que la Argentina se sume al pedido de separación de Rusia del G-20 por su invasión a Ucrania. La cita será en noviembre en Bali, Indonesia. Alberto no tendría margen con el kirchnerismo para un avance de ese tipo. De hecho, viene en zigzag: votó a favor de la suspensión rusa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; se abstuvo con una solicitud similar en la OEA.

Toda esa sucesión de intrigas oficialistas y una gestión del Gobierno que no acierta podría inducir a suponer la existencia de un camino desmalezado para que la oposición llegue al poder en 2023. Error: Juntos por el Cambio riega su propio terreno con escándalos internos que abren serias dudas sobre su viabilidad. Por un motivo sencillo: sobreviven demasiadas desconfianzas entre sus miembros. Del plano político se trasladan rápido al plano personal.

Hay notorias diferencias en el PRO. Las hay además en el radicalismo. Elisa Carrió se comporta como fiscal de todos con su liderazgo de la Coalición Cívica. Existe un dirigente que sabe cómo pocos sacar tajada. Es el renovador Massa. Con él habló Gerardo Morales dos veces, según su confesión, en torno a la integración del Consejo de la Magistratura. En el Senado Cristina hurtó un consejero apelando a la ficticia división de su bloque. Postergó así a Luis Juez. El conflicto está judicializado.

La difusión periodística de esas conversaciones detonó la crisis en la coalición. Si, en efecto, estuvo en el medio del diálogo una negociación viscosa por la Magistratura para intentar sancionarla en Diputados, Morales no supo mensurar el conflicto al cual se asomaba. El proyecto K con media sanción en el Senado aparta a Horacio Rosatti, el titular de la Corte Suprema, del organismo. Exactamente lo que quiere impedir Juntos por el Cambio.

La importancia de ese dato quedó registrada en dos hechos. En su primera decisión, por unanimidad, la Magistratura abortó la candidatura del juez Walter Bento, auspiciado por los K, acusado de cohechos. Los cuatros jueces del máximo Tribunal (Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) votaron por dar ayuda logística al Tribunal Oral Federal 7. Sustancia nada menos que el escándalo de los Cuadernos de las Coimas. Cristina es la acusada número uno.

Es cierto, como advirtió Carrió, que Massa habla con casi todo el mundo. El problema sería muchas veces las derivaciones de esos diálogos. Mauricio Macri le hizo al jujeño la misma advertencia en el plenario de la coalición. Ese encuentro resultó un desarreglo completo. Horacio Rodríguez Larreta planteó tímidamente una discusión sobre el papel de Javier Milei. El ingeniero le dio curso con una frase propia: “El cambio somos nosotros, pero sin anarquía”, dijo. Apareció así en el documento. Patricia Bullrich ordenó el texto. Se arrepintió 24 horas más tarde. Impidió que la crisis coagulara.

Al final quedó instalada una impresión. Juntos salió del paso recurriendo a un libreto kirchnerista. Culpó al periodismo por una campaña en su contra. Apuntó a Milei por querer dividir la coalición. Le cerró una puerta que el dirigente libertario jamás pidió que fuera abierta.

El epílogo desnuda algo más que un mundo de intrigas. Evidencia la ausencia de una conducción consistente y visible, capaz de evitar semejante confusión.

Eduardo van der Kooy