Entradas
Esta semana será difundido el IPC de marzo, que según adelantan en medios oficiales rondaría los seis puntos porcentuales. Los cálculos más “optimistas” lo colocan en el 5,5% y los “pesimistas”, alguna décima por encima del 6%. En cualquier caso, representa la cuestión más delicado que enfrenta el Gobierno y es a la vez, otro tema que alimenta la dura interna del oficialismo. También esta semana, la agenda incluye en líneas destacadas la suerte de la reforma del Consejo de la Magistratura y la negociación con los movimientos piqueteros no alineados con el Gobierno.
Los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández y el kirchnerismo duro vienen exponiendo en los últimos días las posiciones que mantendrán en torno de la escalada de precios, que según algunas consultoras ya impacta negativamente en el consumo. Y lo que se discute son los costos políticos y las responsabilidades directas de cada uno, en un contexto cargado por especulaciones en torno del Gabinete nacional.
El sector que se define como “albertista” apunta a “distorsiones” del mercado local y agrega los efectos internacionales provocados por la guerra que desató la invasión de Rusia a Ucrania. Repite algunas medidas, sin referencia a sus propios problemas, aunque en reserva se admite el efecto de las disputas propias. Hacia afuera, empieza a responsabilizar exclusivamente al secretario de Comercio, Roberto Feletti, vinculado a Cristina Fernández de Kirchner.
Desde las cercanías de la ex presidente ya lanzaron la contraofensiva. Apuntan a Martín Guzmán, con el argumento que el éxito de una batalla contra la inflación depende de las políticas económicas y no de algunas medidas directas sobre los precios. Reclaman, por ejemplo, un esquema de retenciones móviles.
La carrera inflacionaria aumenta las preocupaciones del Gobierno, que necesita contener el frente social. En principio, blanqueó otro marco de paritarias: se reabrirán discusiones y los acuerdos serán por plazos más breves, incluso trimestrales. Y además, puso especial atención en las demandas de los piqueteros no oficialistas, que se venían mostrando muy activos con cortes de calles y acampes.
El Gobierno cuenta a favor con los movimientos sociales aliados -el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, en primer lugar-, que ocupan además funciones en áreas de gestión. Pero no controla a los piqueteros “duros”, con el PO como principal espacio. En medio de la batalla en el interior del oficialismo, hay versiones cruzadas sobre guiños desde el kirchnerismo.
El ministro Juan Zabaleta intentará esta semana frenar una nueva ofensiva piquetera. Los sectores más enfrentados al Gobierno reclaman ampliación de planes. Y eso choca con el intento de redireccionar y en algunos casos achicar el flujo de planes.
Zabaleta fue además uno de los principales oradores del acto organizado por el espacio que responde al ex ministro Agustín Rossi, el sábado último. Demandó terminar con las batallas internas y advirtió sobre el riesgo de hacerlo en un contexto de crisis. Rossi, por su parte, figura como posible pieza de un eventual cambio de gabinete.
También en este punto las versiones están enfrentadas. Algunos referentes cercanos a Alberto Fernández alientan un cambio que exprese recomposición del poder presidencial. Y el kirchnerismo sigue apuntando a una modificación que incluya como dato saliente el fin de la etapa de Martín Guzmán.
La semana agregará una cuestión institucional. El oficialismo impuso en el Senado y con voto justo la reforma del Consejo de la Magistratura. Ahora es el turno de Diputados, pero allí el frente de Todos no cuenta con los apoyos suficientes para sancionar el proyecto tal como llegó desde la Cámara alta.
La Corte Suprema dio plazo hasta el viernes próximo para que sea sancionada una nueva ley. De lo contrario, el Consejo de la Magistratura debería volver a funcionar con 20 miembros. Eso implicaría otra disputa política, porque la UCR y el PRO reclaman un par de asientos en ese organismo.
Legisladores del FdeT y de la oposición nos descartan una virtual paralización del Consejo de la Magistratura, lo cual sumaría tensión con la Justicia. Quedan cuatro días para resolver el tema.
