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El mercado ve bajas probabilidades de que inflación y recortes fiscales se puedan cumplir según el acuerdo. El FMI lo sabe pero prioriza otro indicador
Una gran duda y una gran certeza: eso es lo que queda, a esta altura, sobre el Fondo Monetario Internacional. La duda es si realmente se llegará a un acuerdo político para que pase el test del Congreso. En cambio, la certeza es que, tal como está escrito, se incumplirá muy rápidamente.
Es lo que quedó en claro tras la comparecencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la comisión parlamentaria. Y cuanto mayor es la certeza sobre que el acuerdo es incumplible, más duro y tenso se torna el debate legislativo sobre el proyecto de ley, dado que la oposición no quiere quedar como dando su aval a un plan económico que presume destinado al fracaso.
Por eso, en estas horas se libran intensas negociaciones que lleva adelante el titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa.
La preocupación de los que todavía dudan sobre cómo votar es que si ya las primeras revisiones que haga el FMI detectan desvíos y se deben renegociar las metas, no aparezcan como co-responsables de que el país empiece a transitar un camino "de waiver en waiver".
Los puntos más cuestionados del acuerdo con el FMI
En realidad, las premisas del acuerdo ya eran seriamente cuestionadas desde que Guzmán describió las metas a las que se comprometía con el FMI para este año. Pero luego del estallido de la guerra en Ucrania, directamente los números cayeron en el descrédito total.
En un rápido paneo sobre las dudas que deja el texto, se puede señalar los siguientes puntos.
Corte del gasto en subsidios energéticos
Cuando todavía, en las semanas previas a la guerra de Ucrania, el gas cotizaba a u$s24 el millón de BTU, los principales consultores en el tema energético afirmaban que para que Argentina pudiera disminuir los subsidios, se requeriría un ajuste tarifario promedio del 80%.
Si se producía una suba de ese tipo, no se llegaría a la situación que existía tras el "tarifazo" del macrismo, cuando el número que figuraba en las facturas era un 70% del costo real de la electricidad y el gas- pero al menos se revertiría la situación actual, en la que los porteños apenas pagan el 27% del costo eléctrico y el 32% del gas.
Ahora, el acuerdo alcanzado con la segmentación de usuarios implica una suba promedio de 65%, que podría llegar según algunos economistas hasta un 85%, dependiendo de qué tan alto sea el ajuste para el 10% que está en el tope de la pirámide de ingresos.
Pero debe tenerse en cuenta un detalle importante: los aumentos no se producirán de golpe, sino en etapas -20% general ahora y el resto tras las audiencias públicas a mediados de año-, lo cual disminuye el alivio fiscal en energía.
Además, este año se dependerá más del gas licuado que del que entra por gasoducto desde Bolivia, lo cual ya de por sí incrementará los costos.
Pero, fundamentalmente, en el nuevo escenario global el precio del gas se fue a u$s50 y sin visos de freno.
En definitiva, el "tarifazo" que figura en el acuerdo no conseguiría bajar el subsidio estatal ni siquiera con los precios que tenía el gas el año pasado. Y el Gobierno firmó un documento en el cual se compromete a hacerlo caer 0,6% del PBI cuando el gas costará el cuádruple de los precios que se pagaban en 2021.
Reducción del déficit fiscal a 2,5% del PBI
El propio Guzmán, en su contrapunto con el diputado Martín Tetaz, dejó en evidencia la endeblez de los números que se comprometieron en el acuerdo.
Tetaz le pidió precisiones respecto de cuánto sería el ajuste tarifario que pagaría el 10% más rico, y el ministro contestó que no tenía una respuesta precisa porque eso dependerá de la evolución de los precios internacionales de la energía.
"No tengo la bola de cristal", fue la elocuente justificación de Guzmán.
Y esa confesión de incertidumbre conlleva, tácitamente, la duda sobre todo el panorama fiscal. Porque así como no está claro si se gastará de más o de menos en subsidios energéticos, tampoco está claro que la recaudación de la AFIP vaya a subir en un grado tal que permita compensar los ingresos extraordinarios del año pasado.
La desaparición del aporte de las grandes fortunas implica que hay medio punto del PBI que ya no hará su aporte.
Y, si bien hay esperanzas por lo que ingrese en el rubro de retenciones a la exportación, también ese punto es una incógnita: por un lado, los precios de las materias primas agrícolas se dispararon, pero por otra parte hubo una caída de 20% en los rendimientos de las áreas afectadas por la sequía.
Esto deja todo el peso de la mejora tributaria en la expansión de la actividad por crecimiento de la economía -que Guzmán pronostica en 4,5 puntos-.
Pero aun cuando ese crecimiento económico ocurriera, los analistas no creen que alcance para recortar el déficit. Por caso, Daniel Artana, economista jefe de FIEL, sostiene que los ingresos tributarios por crecimiento de la economía no serán más de medio punto del PBI.
Es decir, todavía queda una distancia de otro medio punto para llegar al objetivo.
Lo cierto es que el Gobierno está preocupado por obtener nuevas fuentes de ingreso fiscal, y por eso se anunciaron dos nuevas políticas: una será intensificando los controles para combatir la evasión, y la otra será un revalúo de los inmuebles, que tendrá su impacto en el ingreso del impuesto a los Bienes Personales.
De todas formas, quienes analizan el panorama tributario se muestran escépticos. La mejora en la fiscalización tendría un aporte marginal, mientras que la mejora en Bienes Personales recién tendría un efecto visible a partir de 2023.
Baja de la inflación
Es la meta que menos credibilidad ha generado, como queda en claro en las negociaciones salariales, donde los propios sindicatos aliados del Gobierno plantean mejoras de ingreso por encima del 50% para las próximas paritarias.
El objetivo de 43% -con margen de cinco puntos de suba- que figura en el texto del acuerdo con el FMI ya ni siquiera es tenido en cuenta por los economistas, como queda en evidencia en la encuesta mensual que realiza el Banco Central: todos los meses el pronóstico es revisado al alza.
El promedio de los economistas espera ahora un 55% de inflación para el año, pero es altamente probable que ese número quede viejo, porque todavía no considera dos grandes impactos: el de la inflación de alimentos provocada por la guerra y el de la propia suba de tarifas de servicios públicos.
Hay consultoras, como Delphos Investments, que cuantificaron en 1,5 puntos el efecto contagio de la suba de tarifas sobre otros precios.
Por lo pronto, el dato de febrero, que se dará a conocer en los próximos días, rondará el 4% según las principales consultoras del mercado. Marzo, que por motivos estacionales suele ser un mes de inflación alta, vendrá con un arrastre que, para los economistas, lo llevará a 4,3% y también en abril habría aumentos de precios por encima del 4%.
Con semejante arranque del año -un 17% de inflación en el primer cuatrimeste- sería necesario que en el resto del 2022 hubiese una inflación promedio en torno al 2,5% mensual para que la meta de Guzmán fuera cumplible. Algo que ni el más optimista de los funcionarios del Gobierno se animaría hoy a sostener.
Menor asistencia monetaria al Tesoro
Bajar de un 3,7% a un 1% de asistencia del Banco Central para financiar el gasto público es una de las metas más ambiciosas que plantea el acuerdo.
Y, por cierto, una de las que genera mayores dudas, sobre todo si se tiene en cuenta que, como ya avisó Guzmán, no habrá un recorte en el gasto sino, por el contrario, una suba en términos reales.
Para cumplir la meta, Guzmán tendrá que apelar al mercado de deuda doméstico, que es de escasa profundidad. De hecho, ya el año pasado el ministro no pudo cumplir su promesa de fondearse en no más de 60% con la "maquinita" de emitir pesos.
Ahora, aunque la ha ido bien en las últimas licitaciones, el ministro se enfrenta a un desafío difícil, dado que deberá "rollear" vencimientos por casi u$s5 billones y, además, obtener un adicional con el cual asistir a los gastos del Tesoro.
Ese objetivo pone una nota de presión adicional a la suba de tasas de interés, lo cual trae un daño colateral: aumenta el costo del fondeo no sólo para el Estado sino para las empresas, y dificulta el objetivo de reactivar la producción y el consumo.
¿Vienen los waivers o la "vista gorda" del FMI?
Ante esta situación se plantea el interrogante de qué hará el staff del FMI cuando empiecen las revisiones y quede rápidamente en evidencia la imposibilidad de que se cumpla le letra del acuerdo.
Para el kirchnerismo duro, es el gran temor, porque implica el riesgo de que haya que renegociar permanentemente la agenda de la política económica y solicitar "waivers" a cambio de nuevas exigencias, en una especie de "co-gobierno" con los funcionarios del organismo.
La realidad es que desde sus oficinas de Washington, los economistas del Fondo son perfectamente conscientes de que el ingreso tributario, el gasto en subsidios energéticos, la inflación y el crecimiento económico tienen altas probabilidades de ser incumplidos.
Pero esto no hará que el FMI corte el flujo de capitales y Argentina sea empujada involuntariamente a un default. Hay analistas que creen que hay un poderoso motivo político para ello.
Como Martín Redrado, ex titular del BCRA y hombre de aceitados vínculos financieros, quien cree que el principal interés del FMI es, precisamente, evitar un default en un momento complicado a nivel geopolítico.
"Lo que el FMI quería evitar era que Argentina cayera en default en un momento tan complicado del mundo, y como hay muchos países endeudados, no querían que Argentina se transformara en un precedente", dijo Redrado en una entrevista televisiva.
Según su visión, ante la ausencia de un programa económico bien elaborado por Guzmán y su equipo, se terminó imponiendo un "acuerdo que cae en lo tradicional, poco creativo, con ajuste fiscal, recesión y que sólo trata de evitar las tensiones financieras y cambiarias y posterga las soluciones de fondo".
¿Y el dólar?
Pero claro que hay un factor clave: para que el FMI haga "la vista gorda" a las metas incumplidas, tiene que haber al menos una que sí se cumpla: la acumulación de reservas en el Banco Central, que es la garantía de estabilidad cambiaria y de que, además, Argentina podrá seguir pagando sus obligaciones externas.
Más concretamente, u$s5.800 millones de incremento a los que se comprometió Guzmán, y que en teoría saldrán de un robusto superávit de la balanza comercial.
Pero ese punto, al que tanto en Washington como en la Casa Rosada dan como un hecho, está también bajo una creciente sombra de duda.
Ocurre que, si bien es cierto que habrá un mayor ingreso de dólares por la exportación agrícola, se tratará de un ingreso moderado, ya que los altos precios de la soja, el trigo y el maíz, se terminarán "neteando" con los menores volúmenes de producción.
Traducido a plata, el monto que exporte Argentina este año mejoraría u$s1.000 millones en comparación con el del año pasado.
Pero del otro lado están las importaciones, y allí destaca el rubro de compra de energía, donde por consecuencia de la guerra se incrementaría el costo en hasta u$s6.000 millones, según las últimas estimaciones.
Es ahí donde reside el talón de Aquiles del acuerdo: para que les sirva tanto al Gobierno argentino como al FMI, es necesario que se mantenga la estabilidad del tipo de cambio durante los dos años en los que Argentina no tendrá que poner dólares propios para pagar la deuda.
Y eso es, precisamente, el punto que empieza a generar dudas en el mercado, tanto que con el acuerdo a punto de ser votado en el Congreso el índice de riesgo país se vuelve a disparar a casi 2.000 puntos, un nivel propio de país que ya cayó en default.
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