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El FMI exige bajar a cero en cuatro años un déficit fiscal que calcula en US$ 20.100 millones. El Gobierno dice seis años y US$ 12.300 millones. A falta de un plan económico, Guzmán usa la palabra sendero.
Se puede empezar por los ríos de palabras del ministro de Economía, por el shock fiscal equivalente a US$ 20.100 millones sobre el que el FMI ha puesto la mira o entretenerse con los comentarios del analista político oficialista Alberto Fernández y las a menudo rudas internas de la oposición. El problema es que en el medio del barullo hay una economía descompuesta, en varios sentidos a la deriva, que aguanta cada vez menos las pérdidas de tiempo y las operaciones en los límites.
Ahí entra, aunque por la ventana, la peligrosa y al mismo tiempo sesgada confirmación de que las negociaciones con el Fondo Monetario están trabadas. Según Martín Guzmán, eso pasa porque el organismo promueve “un programa de ajuste fiscal” que “con alta probabilidad” detendría la “recuperación fuerte que la economía está viviendo”. Obviamente, el Gobierno levanta un discurso opuesto de modo de colar, así, el gastado recurso del bueno y el malo.
Durante el raleado encuentro del miércoles con los gobernadores, Axel Kicillof no desperdició la oportunidad de ponerle fichas al mismo juego. Y remachó con algo que el Ministerio de Economía venía dejando trascender y que él mismo debe considerar un relato vendedor: que detrás del conflicto está la mano siempre lista del gobierno norteamericano.
Lo de Kicillof fue también una manera de complacer a Cristina Kirchner, semejante al afectuoso abrazo que Fernández le dio al gobernador al comienzo de la reunión. Esto es, al protegido de la vicepresidenta y al único mandatario provincial que abrazó.
Pero si es cuestión de duros, en el Fondo encontramos al menos dos directores acoplados a la posición de Estados Unidos que vale la pena identificar, por si Axel lo desconoce. Son los representantes de Alemania y Holanda, que junto a EE.UU. y a continuación de China y Japón integran el poderoso Grupo de los 5 que reúne casi el 40% de los votos.
Comentario, ni bueno ni malo, de alguien con acceso a la cocina interior: “El Gobierno se deshace en palabras, explota la interna de Cambiemos y apela a un discurso que suena demasiado a tribunero, mientras del otro lado replican con números bien concretos y exigen definiciones bien concretas”.
Mucho de eso hay justamente en la política fiscal. Sin mayores precisiones, como pasó con todo su informe a los gobernadores, Guzmán deslizó que los planes del kirchnerismo contemplan llegar al déficit 0 hacia 2027, o sea, en 6 años contados a partir del 2022. Para muchos una novedad, pues hasta ahora el número puesto decía 4 años con 2 de gracia.
De nuevo, el derecho y revés. En la interpretación del Gobierno, el Fondo ha acelerado los tiempos del ajuste y según el Fondo, el Gobierno quiere estirar los plazos para el ajuste.
Un cruce más e igual de fuerte: el FMI se maneja con un déficit que lleva incorporados los intereses de la deuda y el Gobierno va con el tradicional déficit primario, que los excluye. En puntos del PBI, alrededor del 4,9% contra alrededor del 3%. Puesto en plata y al dólar oficial, tenemos de arranque US$ 20.100 millones versus US$ 12.300 millones.
Por ahí andan las magnitudes de los apretones del cinturón que vienen. Con una diferencia entre ambos de unos 7.800 millones de dólares y cuotas que, fuesen 4 o 6 anuales, no resultarán precisamente cómodas.
Final de este capítulo: el Fondo descalifica además y de punta a punta el modo como Guzmán pretende financiar el déficit. Plantea que hay demasiada emisión adentro, que se han sobreestimado la renovación de la deuda en pesos y el acceso al crédito interno y que otro tanto pasa con la magnitud de los recursos que llegarán de los organismos internacionales. Obvio: pide que rehagan las cuentas o busquen alternativas.
Añadido al cuadro completo, un comentario de Alberto Fernández bien a lo Alberto Fernández en el encuentro con los gobernadores. Dijo: “Para nosotros la palabra ajuste está desterrada de la discusión. Para nosotros, el secreto es crecer”.
Sin detenerse en eso de que crecer es un secreto o lo es para él, con esta frase ocurre lo mismo que con otras también grandilocuentes del Presidente: chocan de frente contra la realidad y no resisten el testeo con datos duros del propio Ministerio de Economía. Eso aparece en un informe bien reciente del IARAF, un instituto dedicado a analizar las cuentas fiscales oficiales.
El ejercicio consiste en comparar el gasto público real acumulado en los once primeros meses de 2021 con el de los once de 2017, que marcaron el registro más alto de los últimos seis años y tienen la ventaja de dejar afuera las distorsiones de la pandemia. El resultado canta un ajuste fortísimo sobre capas sociales enormes y en más de un sentido desprotegidas.
Siempre 2021 versus 2017 y en pesos constantes, las caídas cuentan: 682.177 millones, en jubilaciones y pensiones; 100.000 millones para el PAMI; 23.214 millones en asignaciones familiares y 365.000 millones en salarios del Estado.
La suma de las partes arroja un “ahorro fiscal” que como se ve pasa de largo el billón de pesos y equivale a alrededor de US$ 11.600 millones.
Una aclaración: los gastos reales de 2021 en jubilaciones, en el PAMI y en salarios son los más bajos desde 2016. Frente a este cuadro de recursos que se han venido a pique, el IARAF anota subsidios energéticos que en la misma comparación escalaron a impresionantes $ 605.000 millones.
Tenemos allí un ajustazo que en los hechos aporta al financiamiento de un sistema de subvenciones claramente desigual y que beneficia, sobre todo, a las capas de mayores ingresos. Un modelo de inclusión social por el absurdo.
Un dato más y bien complicado sobre la pulseada con el FMI pasa por la manera en que el Gobierno piensa achicar la brecha cambiaria que, cualquiera fuese el dólar que se elija, sigue clavada en el 100%. El Fondo no plantea la unificación inmediata sino una movida que avance hacia un diferencial para empezar del 50%, aunque aquí aparece inevitablemente la necesidad de administrar otro ajuste: el del dólar oficial.
La serie continua con las tarifas, los precios y otras variables que forman parte de un embrollo bien difícil de resolver y más difícil de resolver sin un plan que articule las grandes variables en juego. Raro, a esto que se llama programa económico Guzmán le dice sendero como cuando comenta que “el sendero fiscal es el punto donde hoy no hay acuerdo con el FMI”.
Hay demasiado ruido en esta historia y no parece que ese ruido beneficie ni al Gobierno ni al país, aunque quede bien claro que rendirse no es ni de lejos una opción.
Pero sucede que en este jugar sobre los límites el riesgo es que se crea que se está jugando al default, como algunos analistas creen. Y eso que ya no sale gratis significaría, al final, cortes al crédito para exportaciones e importaciones y al financiamiento barato del Bid y del Banco Mundial para obras públicas imprescindibles entre otras cosas.
Encima, no nos sobra nada. Según quien las calcule, las reservas netas con el oro incluido andan en US$ 4.000 millones o US$ 2.500 millones, bien por debajo del monto de fines de 2020 y lejos de importaciones que, aún recortadas, rondan los 5.800 millones mensuales. Y todo, después de un 2021 con exportaciones de soja que fueron récord histórico y de un superávit comercial cercano a US$ 15.000 millones.
Alcadio Oña
