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Mensaje de la Corte para Cristina

 Horacio Rosatti deslizó una crítica a la idea de la persecución política. Existe un interés renovado del Gobierno y del kirchnerismo de avanzar sobre el máximo tribunal. 

Cristina Fernández detesta que sus encuentros privados con el Presidente sean divulgados. Ese derecho pareciera constituir un patrimonio de ella. En septiembre, tras la derrota en las PASO, con su anteúltima epístola, había notificado sobre 18 reuniones desde diciembre del 2019. Después de la nueva caída en octubre se sucedieron los contactos. El último ocurrió los primeros días de la semana que pasó. 

La administración de tanto hermetismo demostraría quién impone las reglas de juego en la relación entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. Se explica también porque uno de los temas abordados fue la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asunto que divide al oficialismo. En una orilla están Cristina, su hijo Máximo Kirchner, La Cámpora y todo lo que arrastran en el Frente de Todos. Del otro el mandatario y su racimo de aliados, gobernadores del PJ.

Cristina validó el pago al FMI por U$S1.800 millones. Lo contrario hubiera dejado al Gobierno a la intemperie e interrumpido la negociación que conduce Martín Guzmán. El dilema consiste ahora en atravesar los meses del verano con tres limitaciones objetivas: las exiguas reservas del Banco Central, la dificultad de seguir emitiendo con una inflación que no cede, la imposibilidad de acceder siquiera a una mínima ayuda externa.

Para la vicepresidenta, en ese terreno, son todas disyuntivas. El margen de maniobra es pequeño. El acuerdo, quizás a fin del verano, significará inevitablemente un ajuste macro económico durante el año pre-electoral, ensombrecido de nuevo por la ola de pandemia. Un trago difícil para las huestes cristinistas. La otra opción abriría un horizonte oscuro para la Argentina y el propio destino de la vicepresidenta. La dejaría, tal vez, más débil. Con varias de sus causas de corrupción –preocupación excluyente—sin resolver.

Mientras ese dilema perdura, el Gobierno recurre al relato para compensar las deficiencias. Alberto batió el parche sobre la exigencia de una autocrítica al FMI por el alto endeudamiento que facilitó en su época a Mauricio Macri. Lo esgrimió como condición para continuar el diálogo. Se trata de un mecanismo de evaluación interno, burocrático, que el organismo hace siempre. De hecho, justificó el fracaso de Juntos por el Cambio en el “programa frágil” que habría implementado. Algo de lo que hace dos años se percató la sociedad.

Cristina quedó disconforme con el pronunciamiento. Gusto a poco. Para Alberto, en cambio, habría sido “lapidario”. Guzmán y otras voces oficiales lo calificaron de “tímido”. Coro desafinado. La dama hubiera pretendido la crucifixión pública del ex presidente para endilgarle una responsabilidad política que al kirchnerismo le empezaría a fracasar en otro plano: ligado al Poder Judicial. Causas en las cuales se ve embretado Macri.

La vicepresidenta se exaltó con ironía por el fallo de la Cámara Federal que despegó al ex presidente como parte de una “asociación ilícita” que se dedicaba al espionaje de políticos, sindicalistas, jueces y empresarios. Fue por los votos de Mariano Llorens, impugnado por los K por visitar a Macri en Olivos, y Pablo Bertuzzi, llevado a esa Cámara sin concurso previo. Recurso rechazado por el Consejo de la Magistratura. Ocurre que ese organismo acaba de ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Adujo “falta de equilibrio” respecto de su composición original. Modificada por iniciativa de Cristina en 2006.

Hubo para la vice otra novedad ingrata. Los jueces de Casación Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi decidieron que la Justicia de Dolores no es competente para investigar el caso de extorsión y espionaje por el que fue elevado a juicio el ex espía Marcelo D’Alessio y procesado Carlos Stornelli. El fiscal de los cuadernos de las coimas. El expediente deberá tramitarse en Comodoro Py. Consecuencia: la causa contra Macri por supuesto espionaje contra los familiares del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre del 2017, tendría un desenlace similar.

El problema excedería el universo judicial. Aquellas resoluciones podrían significar un golpe letal para el Juzgado de Dolores. Un refugio donde el kirchnerismo promovió acciones contra dirigentes de Cambiemos, sustanciadas por dos magistrados que cobraron notoriedad. Alejo Ramos Padilla, ahora juez electoral en Buenos Aires, y Martín Bava. Con ayudas menos visibles, aunque eficaces: la del secretario del Juzgado, Gustavo Pupo.

Aquella fortaleza judicial contó con constructores que no se ocultaron. El senador Oscar Parrilli. Los diputados Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau y Roberto Tailhade. ¿Qué diferencia existiría entre el comportamiento de esos dirigentes y la “mesa judicial” de Macri que, según el kirchnerismo, ha sido usina de las desgracias para Cristina?

La impugnación de la vicepresidenta a los jueces Llorens y Bertuzzi por el fallo que benefició a Macri repone una dificultad general que asoma por el momento insoluble: el Poder Judicial bajo sospecha. La objeción de cada fallo según sea su impulsor. La equiparación de responsabilidades entre quien delinque y quien no lo hace. La frontera difusa entre aquello que está bien y está mal. El campo propicio para la impunidad. Un gravísimo déficit institucional y vertebral para una nación que, como la Argentina, está obligada a rehacerse desde la base.

La vicepresidenta posee una innegable destreza para empardar situaciones que, a golpe de vista, no parecen serlas. Subraya el favoritismo de jueces con Macri. En instancias preliminares de todas las causas. Omite provechos recibidos por ella en situaciones mucho más avanzadas. Sin antecedentes en procesos penales. Tres sobreseimientos en siete meses que anularon causas (dólar a futuro, Memorándum de Entendimiento con Irán, Los Sauces-Hotesur) en los umbrales de juicios orales y públicos.

Nada resulta suficiente. Cristina sigue preocupada por el caso de los cuadernos de las coimas y el trámite que resta todavía a Los Sauces-Hotesur. Sospecha de lavado de dinero. El fiscal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que, con fallo dividido, hizo el Tribunal Oral Federal 5. Sus argumentos fueron categóricos. Toca ahora intervenir al fiscal de Cámara. Se trata de Mario Villar. Si da curso a la apelación –cosa factible- intervendrá la Sala I de la Cámara de Casación donde desconfía de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Su garantía es la jueza Ana María Figueroa.

Las dificultades estarían incluso más arriba en la pirámide de la Justicia. Antes o después, esos pleitos llegarán a la Corte Suprema. La semana pasada su titular, Horacio Rosatti, realizó por televisión una definición turbadora. Preguntado sobre la teoría del lawfare respondió: “Prefiero manejarme con las categorías tradicionales del Derecho Penal. Nosotros vemos el expediente, donde hay pruebas o no hay pruebas y aplicamos la Constitución y el Derecho Penal. Si es un invento las pruebas no van a ser suficientes. Si son suficientes, no era un invento”. Palo a la idea de la persecución política.

El pensamiento de Rosatti estaría extendido entre la mayoría del Tribunal que componen Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti es más hermético. Sin reparar en el Máximo Tribunal hubo un fallo extravagante del Tribunal Oral Federal 3 que también tumbó la teoría del lawfare. Benefició a Cristóbal López y Fabián De Sousa y condenó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Aún en disidencia los tres jueces coincidieron en el delito de defraudación al Estado. Ninguna persecución macrista, como machacaron los empresarios absueltos.

Se comprende, entonces, el interés renovado del Gobierno y del kirchnerismo de avanzar sobre la Corte Suprema. Nuevo diseño y más integrantes. La gran interferencia sería el fortalecimiento opositor después de las legislativas. Con el liderazgo de Juntos por el Cambio.

El problema de la coalición opositora es que no habría asimilado todavía el cambio del tiempo político. Del papel casi pasivo por el desbalance de las fuerzas antes de octubre debería pasar a un papel activo que demanda el renovado equilibrio. Se sumerge en baches recurrentes. Ganó dos elecciones con nitidez. Pero el Gobierno le supo arrebatar la puesta en escena de octubre. Impidió la aprobación de un Presupuesto fraguado. Propició correcciones que el kirchnerismo pulverizó. Tomó la iniciativa para el aumento de Bienes Personales. Descuidó el poder de fuego que conserva el Gobierno. Así impuso un aumento en la alícuota que grava patrimonios en el exterior. La convirtió de temporaria en permanente. Otro impuesto.

La estrategia del Gobierno estaría orientada a una mayor recaudación por esa vía. Alberto lo acordó con los gobernadores del PJ en el nuevo pacto fiscal. Hay necesidad de caja. Podría existir una segunda intención: desnudar la presunta incapacidad opositora frente a sus votantes para cumplir con su promesa de campaña. Impedir aumentos impositivos.

Juntos por el Cambio muestra otras fragilidades. La prematura ruptura del bloque radical en Diputados diluyó una conducción indiscutida. En todos los sectores de la coalición abundan halcones y palomas. Tampoco resulta posible descubrir un vértice en el plano nacional. Macri y Horacio Rodríguez Larreta prefirieron ser prescindentes en las discusiones por el Presupuesto.

Además, demasiados dirigentes de la coalición se encandilan con el 2023. Promueven candidaturas presidenciales. Soslayan el durísimo tránsito que espera hasta aquel horizonte de recambio. Por razones internas y externas. Sobrevuelan, quizás sin empeño, el mandato que les concedió la sociedad. No hay futuro político que ahora mismo esté asegurado.

Eduardo van der Kooy