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El Gobierno nacional y particularmente Cristina Kirchner vuelven a recibir malas señales de la Justicia, mientras la tensión con el Poder Judicial va en aumento. El fiscal federal Diego Velasco apeló en duros términos el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos y los demás imputados en la causa Los Sauces y Hotesur. Por otra parte, la Corte Suprema se prepara para declarar inconstitucional la ley que en 2006 reformó la integración del Consejo de la Magistratura.
A fines de noviembre, en voto dividido, el TOF 5 sobreseyó a la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, y todos los demás imputados en la causa por presunto lavado de activos, dádivas y asociación ilícita en la explotación de las empresas hoteleras de la familia Kirchner.
Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con que el juicio debe realizarse.
Este lunes, en un dictamen de 249 páginas, el fiscal Velasco sostuvo que la decisión de los jueces del TOF 5 es «arbitraria«, ya que «padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas».
Consideró que la función de los magistrados es «reanalizar el caso en un debate oral y público con amplitud probatoria para todas las partes, con posibilidad de que todos interroguen a los testigos e incluso de que los jueces se saquen sus dudas y allí, con esa inmediación con la prueba, fallen de acuerdo a la sana critica racional, habiendo escuchado previamente las hipótesis de las partes».
El representante del Ministerio Público recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados.
Una vez concedida la apelación por parte del TOF 5, la misma será elevada a la Cámara de Casación. Será la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barrotaveña y Ana María Figueroa, la responsable de resolver si Cristina Kirchner y los demás acusados deberán afrontar el juicio oral o no.
Mientras tanto, el Ejecutivo se prepara para un revés de la Corte Suprema, a la que el oficialismo critica cada vez con mayor intensidad, al punto de que el Ministro de Justicia, Martín Soria, en persona cuestionó a los máximos jueces luego de un encuentro institucional la semana pasada.
El máximo tribunal tiene resuelto declarar inconstitucional la ley que en 2006, por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, de 20 a 13, con un peso mayor de representantes de la política que de la Justicia o de sectores académicos.
Anticipándose al fallo de la Corte, el Gobierno envió al Congreso una iniciativa para elevar el número de miembros a 17 y darle una representación más equitativa. Se trata del organismo encargado de seleccionar jueces, imponerles sanciones y removerlos.
