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Diciembre es un mes clave para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno ya planteó que busca un acuerdo y el sábado viajará una misión técnica a Washington para repasar la letra fina. Economistas consultados por destacaron la importancia de la reducción del déficit fiscal en las negociaciones con el organismo internacional, aunque sus evaluaciones respecto del impacto económico que tendrán quedaron supeditadas a las características definitivas que adoptará una vez aprobado.
Para Mara Pedrazzoli, economista de Paridad en La Macro, “lo que está en discusión es el plan macroeconómico” que adoptará el Gobierno en los próximos años, con particular énfasis en la reducción el déficit primario: “El ministro Guzmán ofreció una reducción del 0,8% y el Fondo pidió el doble”, ejemplificó a este medio.
“El Gobierno está ofreciendo en el programa plurianual un mix de medidas de reducción del gasto y reforma impositiva que busca no poner en jaque los gastos en obra pública, la asistencia social, educación y la salud pública”, agregó la experta.
Por su parte, Alfredo Curuchet, economista e investigador del Conicet, explicó: “Por lo general, en este tipo de programa se piden algunas reformas estructurales” y agregó que “el Fondo siempre ha tenido una posición muy ortodoxa y muy alineado a lo que es el Consenso de Washington”.
Además, conjeturó que el FMI busca disminuir el déficit fiscal “más rápido” que las pretensiones del Gobierno: “El problema de hacerlo más rápido es cómo hacerlo, si se aumentan impuestos o se bajan gastos (y qué gastos bajar), eso tiene costos sociales. Incluso si uno hace un ajuste fiscal muy fuerte también puede afectar el crecimiento económico”, detalló.
Segmentación de tarifas
Es dentro de esta discusión sobre el déficit primario que el subsidio a la energía aparece como uno de los temas más recurrentes. Para el economista Gustavo Ber “resulta una de las principales variables para poder apuntar a la convergencia fiscal que pretende el Gobierno”.
Para Ber, el impacto en la economía dependerá del acuerdo final que se logre eventualmente alcanzar. En este sentido, explicó que “si fuera ‘light’, solo serviría para postergar vencimientos, pero no contribuiría para mejorar la confianza de los agentes económicos”.
En contraposición, si el acuerdo fuera “consensuado y decidido sobre las políticas a implementar tendría más chances de lograr una convergencia en los desequilibrios económicos, y así revertir las deterioradas expectativas”.
Por su parte, Curuchet sostuvo que un “acuerdo positivo debe acomodar los pagos de un modo sostenible, pero que no debe plantear reformas estructurales ortodoxas que sean dañinas para la economía y para la sociedad. Así como tampoco incluir la “quita de derechos laborales y sociales o un ajuste fiscal tan fuerte que dañe las posibilidades de un crecimiento económico”.
Fuente: BAE
