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Una Justicia moralmente quebrada

 Dos jueces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, tiraron por la ventana el poco prestigio que le quedaba a la Justicia argentina. Un país sin respeto a la Justicia; eso es lo que quedó.

Cayeron al vacío muchos jueces y fiscales con sensibilidad moral y profesional. Para desgracia de estos, lo que resalta es el hecho que perpetraron en la avanzada tarde del viernes aquellos dos jueces, el mayor escándalo judicial de los últimos tiempos. Obligado y Grünberg pasaron del prevaricato a la obscenidad y de la obscenidad a la pornografía. Sobreseyeron a Cristina Kirchner y sus hijos sin juicio previo por el delito de lavado de dinero en los hoteles y edificios de la poderosa familia política. Es, junto con la causa de los cuadernos, la denuncia de corrupción más grave que interpela a la actual vicepresidenta. El expediente Hotesur y Los Sauces, que esos dos jueces cerraron sin vergüenza y sin pudor, investiga delitos cometidos por la familia Kirchner y los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. No hay exfuncionarios en el medio, como es el caso de los cuadernos. Son solo los Kirchner y sus socios acumulando millones de dólares que le habían sustraído al pobre Estado de un país pobre. 

Las tropelías cometidas en Hotesur fueron investigadas inicialmente por los periodistas de LA NACIÓN Hugo Alconada Mon y Mariela Arias, corresponsal en Santa Cruz. Arias sufrió luego de la investigación graves represalias en Río Gallegos, que afectaron a su casa y a su auto y pusieron en riesgo su integridad física. El caso fue tomado luego por la Justicia. El expediente de Hotesur lo llevó adelante al principio el fallecido juez Claudio Bonadio, quien allanó las oficinas de los hoteles de la familia Kirchner en noviembre de 2014, cuando Cristina era presidenta de la Nación. Bonadio se hizo acompañar por la policía metropolitana, que le garantizaba reserva. Cristina estaba en El Calafate cuando llegó Bonadio. Ella ordenó que la Gendarmería rodeara su casa e impidiera el ingreso del juez. Pero Bonadio no iba a su casa, sino a los hoteles. El infaltable Jorge Capitanich calificó esos allanamientos de “golpe de Estado”, una denuncia elefantiásica que compartió Carlos Kunkel. Dos jueces de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, apartaron luego a Bonadio, pero la causa cayó en manos de otro juez inflexible y honesto, Julián Ercolini. Ballestero y Freiler se fueron más tarde de la Justicia acusados de prácticas corruptas.

Ercolini y los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que unificaron las causas Hotesur y Los Sauces (parecidas entre ellas), llegaron a la conclusión de que se habían usado hoteles y edificios para lavar dinero de la corrupción. La práctica era muy simple. Báez y López eran beneficiados con contratos con sobreprecios. El dinero espurio lo recibían en blanco de parte del Estado (no podía ser de otra manera); parte de ese dinero debía ser convertido en negro para pagar los sobornos –la ruta del dinero K–, y al final tenían que ponerlo en blanco de nuevo para que los sobornos tuvieran otra forma. Para blanquear ese dinero (o parte de él) crearon el negocio de los hoteles y edificios. Báez contrataba la administración de los hoteles y les pagaba a los Kirchner un canon anual que superaba cualquier ganancia posible de un simple propietario. Lo mismo hacía Báez, ya junto con López, en edificios de los Kirchner, agrupados en la sociedad Los Sauces. La corrupción y el lavado de dinero fueron comprobados en primera instancia y confirmados por la Cámara Federal. La propia Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, acaba de ordenar que el juicio oral y público se realice, respondiendo a otro pedido de Cristina Kirchner. Pero la expresidenta tenía en la manga la descarada complicidad de los jueces Obligado y Grünberg, que eran los que debían llevar adelante ese juicio oral y público. Decidieron sobreseerla antes de juzgarla. Obligado está al servicio del kirchnerismo (es amigo de Aníbal Fernández) y Grünberg es un aliado ideológico de la expresidenta. Sobresale la digna soledad de la jueza Adriana Palliotti, la única del tribunal que votó en minoría para juzgar a la vicepresidenta.

Es bochornoso que esos dos jueces, que integran un tribunal oral y público, hayan llegado a la conclusión de que hubo inexistencia de delito antes del juicio oral y público. Esa figura jurídica puede reclamarse, y resolverse, en primera instancia, pero no cuando la causa ya llegó al juicio oral. El expediente está en situación de juicio oral cuando las instancias previas (la primera, la Cámara Federal y, eventualmente, la Cámara de Casación) coincidieron en que el caso debe resolverse en un debate público. Sobreseer a alguien, a cualquiera, sin juicio previo cuando el caso ya está en manos de un tribunal oral y público es un contrasentido jurídico y una inmoralidad política. Grünberg está además interinamente en ese tribunal, interinato que vence el próximo martes. Llegaron al absurdo (ahí está la obscenidad) de sobreseer a la poderosa vicepresidenta sin esperar el resultado de medidas de pruebas que se habían pedido. Todo debía ser rápido. La ansiedad de Cristina se puede explicar, pero ¿qué llevó a esos jueces a actuar contra el derecho, el sentido común y la ética? Habrá en algún momento, no ahora, un Consejo de la Magistratura en condiciones de investigar qué pasó.

Obligado y Grünberg dijeron que, aun cuando se haya cometido el delito (ellos mismos lo aceptan como posible), este se cometió en 2008 cuando el lavado de dinero no era un delito autónomo y, por lo tanto, debe comprobarse de dónde salió esa plata sucia. Mienten. Si bien el lavado de dinero como delito autónomo (no se necesita probar de dónde salió la plata) rige desde 2011 por una imposición de las autoridades internacionales que monitorean el trasiego del dinero, también es cierto que en este caso se trata de un delito continuo porque se perpetró hasta 2015. No puede aplicarse la ley más benigna porque el delito se siguió cometiendo aún después de sancionada la ley sobre el delito autónomo. No ocurrió que cometieron un delito, se arrepintieron y dejaron de hacerlo. Lo siguieron haciendo hasta que dejaron el poder. La obscenidad se vuelve entonces pornografía. Ya en la causa llamada la ruta del dinero K, la mayoría del tribunal oral, que condenó a Lázaro Báez, sostuvo que ese dinero salió de la corrupción de la obra pública. Cristina Kirchner debió ser procesada en esa causa, pero el juez Sebastián Casanello se opuso. La causa de los sobreprecios de Vialidad, también en beneficio de Báez, está en un proceso lento, insoportablemente cansino, de un juicio oral. La Corte Suprema debe decidir un pedido de Cristina Kirchner para que se haga una auditoría sobre la obra pública desde 2003; es decir, una auditoría que llevaría el final del juicio hasta cuando ya solo vivan los nietos de Cristina Kirchner. La mayoría de los miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Ronsenkrantz) está integrada por jueces íntegros, cuya honorabilidad nunca fue puesta en duda. Ellos tienen ahora una decisión crucial en sus manos.

“Después de este fallo, es difícil decir que en la Argentina rige el Estado de Derecho”, sostuvo el viernes un funcionario judicial que conoce la causa sepultada por los jueces Obligado y Grünberg. “El sistema está roto, la Justicia está quebrada”, señaló, no sin dramatismo, otro magistrado. El Consejo de la Magistratura, tal como está, es impotente para cubrir vacantes de jueces o para sancionar a los jueces que frecuentan el prevaricato (dictan fallos arbitrarios cuando saben que la resolución es injusta) o la corrupción. Es probable que la Cámara de Casación deje sin efecto la decisión de Obligado y Grünberg. Deberá elegir a otro tribunal, lo que no dejará de ser una buena noticia. La decisión vigente ahora habrá sido, en tal caso, una infamia vana, un inservible escándalo político y moral.

Joaquín Morales Solá