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Polémica judicial Recusaron al juez Daniel Rafecas por negarse a investigar las consecuencias de las vacunas

 De acuerdo a quienes presentaron la denuncia, existirían miles de damnificados que habrían sufrido graves efectos secundarios luego de ser inoculados, incluyendo casos de parálisis y fallecimientos. Aseguran que el magistrado estaría influido por su amistad con el presidente Alberto Fernández.

Desde el comienzo de la campaña de vacunación iniciada por el gobierno del presidente Alberto Fernández, agrupaciones formales e informales han denunciado una conspiración de tinte económico y político entre los gobiernos y los gigantes farmacéuticos involucrados en el negocio.

De acuerdo a los mismos, las vacunas inoculadas por la administración nacional tienen efectos secundarios tan graves como diversos, que no suelen darse a conocer por los medios de comunicación. Consultado por REALPOLITIK, un prestigioso epidemiólogo argentino aseguró que es imposible que un medicamento sea universalmente inocuo, y que usualmente la lista de efectos secundarios posibles es más larga que la de las indicaciones.

Sin embargo, las agrupaciones continuaron con las denuncias, lo que derivó en una causa que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, un magistrado vinculado a la presidencia de la Nación. En efecto, es el candidato de Alberto Fernández para la procuración General, pero es rechazado por Cristina Fernández de Kirchner. Luego de las excusaciones de la jueza María Servini y de su par Ariel Lijo, el titular del juzgado federal Nro. 3 quedó a cargo de la causa que investiga la falta de acuerdo entre el gobierno nacional y el laboratorio Pfizer, para la compra de vacunas.

El 27 de mayo de 2021 se inició una investigación judicial por una acusación por delitos contra la salud pública, por no informar adecuadamente sobre las consecuencias de la vacunación en los inoculados. Se buscó hacer públicos los informes 13, 14 y 15 del ministerio de Salud y un informe de consecuencias que habrían sufrido los voluntarios. Al día de la fecha, de acuerdo a las denuncias, serían más de 200 las personas indemnizadas por las secuelas.

Por otro lado, se citó un decreto, el 432/21, que supuestamente creó una reserva económica para afrontar las secuelas, y actualmente habría más de 20 mil personas requiriendo sus servicios, pero el mismo no estaría aún reglamentado. En este escenario, Rafecas recibió un pedido de recusación por la amistad manifiesta que mantiene con el presidente Fernández, a quien debería investigar. En las próximas semanas, se espera que la Justicia fije audiencias para que declaren testigos, médicos y epidemiólogos. 


(www.REALPOLITIK.com.ar)