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Después del anuncio de Vidal, se acumularon iniciativas para derogar la norma. Pero las agrupaciones de inquilinos y el oficialismo la respaldan. Los motivos.
La ley de alquileres aprobada en 2020 con respaldo de todos los bloques políticos está próxima a convertirse en un tema de grieta del nuevo congreso. Pero los primeros capítulos surgieron estos días: diputados de Cambiemos presentaron proyectos para derogar la norma, mientras que el oficialismo la defiende, al igual que las agrupaciones de inquilinos que la promovieron. Cada uno explica sus razones y no parece fácil llegar a un acuerdo en el corto plazo.
La radical Karina Banfi y Héctor Stefani, del PRO, fueron los primeros en presentar proyectos de ley que proponen una derogación total de la ley, para de esta manera retrotraer el sistema de alquileres a como era hasta mayo de 2020. En sus fundamentos, explican que las nuevas condiciones sólo provocaron que se retire hasta un 20% de la oferta por las exigencias en los contratos y la fórmula de actualización, que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento de los salarios remunerados (Ripte), no fue tan concesiva como se esperaba.
Explican que la sanción de la norma en mayo de 2020 empujó una especulación de precios previa a su aplicación que provocó una suba anual del 60%. Y que parte de la oferta retirada se volcó al mercado de venta.
Cambiemos propone derogar la ley de alquileres si consigue mayoría en el Congreso
Vidal y su compañero de lista Martín Tetaz tomaron este tema en la campaña de la Ciudad para protegerse de los ataques del liberal Javier Milei, que siempre estuvo en contra de la ley y recuerda que se sancionó con ayuda de Cambiemos. "Si leían un manual de micro economía 1 se iban a dar cuenta que iba a pasar esto", ironizó en una reciente entrevista con Clarín.
La Ciudad de Buenos Aires es en la que más impacta este tema: según los datos recabados por Stefani en los fundamentos de su proyecto, lidera el porcentaje de inquilinos junto a Tierra del Fuego y Neuquén, pero el 70% de los menores de 35 años está en esa condición y la mayoría no tiene ninguna chance de comprar un inmueble. Necesita que haya oferta disponible.
Los diputados Karina Banfi y Héctor Stefani, de Cambiemos, presentaron proyectos para derogar la ley, como reclamó Vidal. Pero el oficialismo la defienda junto a federación de inquilinos, que la promovió durante los debates parlamentarios.
El economista suele recordar que uno de los últimos impulsores de la ley fue Daniel Lipovetzky, un diputado del PRO, una verdad a medias: el proyecto original había sido aprobado en 2016 por unanimidad en el Senado, a partir de una iniciativa de la rionegrina Silvina García Larraburu, aún miembro del Frente de Todos.
Recayó en la comisión de Legislación General de Diputados, que presidía Lipovetzky, quien convocó a amplios debates con asociaciones de inquilinos e inmobiliarias. Mauricio Macri pidió tratar la ley en su convocatoria a sesiones extraordinarias de 2018, pero después de escuchar las primeras reuniones de comisiones la retiró. En el medio, alguien lo llamó.
Después de ganar las elecciones presidenciales, Alberto Fernández pidió reactivarlo, el oficialismo tomó el guante pero Lipovetzky les ganó de mano con un proyecto que unió las demandas de casi todos los sectores en pugna y tuvo respaldo de las bancadas, aunque muchos de sus pares del PRO se abstuvieron.
Silvina García Larraburu, senadora del Frente de Todos.
Cuando se trató en el Senado en 2020 el bloque JxC se retiró como parte de una estrategia de esos días para exhibir que podían bloquear los dos tercios, y no dejó rastro alguno de las posiciones encontradas que había entre ellos.
Pero para el oficialismo la ley no está tan mal y en tal caso el retiro de la oferta inmobiliaria no es más que un nuevo acto de especulación inmobiliaria, del que sólo se puede salir con políticas de acceso a la vivienda que nunca llegan.
Cambiemos y los liberales necesitarían de la ayuda de los partidos provinciales para juntar una mayoría y derogar la ley de alquileres. Pero no podrían intentarlo hasta marzo.
Aseguran que los aumentos no superaron la media de inflación y quien sí lo haya hecho bien puede ser denunciado; mientras que los beneficios para los inquilinos son positivos, porque si se eliminan un sector de la población no podrá alquilar nunca, aunque se ofrezcan todos los departamentos del país.
El principal es que no haya que pagar más de mes de depósito para ingresar y que la devolución sea al valor del último alquiler pago y no del primero. Otros no menores son la celebración de contratos por tres años, su declaración en la AFIP y la aclaración de que no se pagarán expensas extraordinarias. También la posibilidad de rescindir después de los 6 meses, ámbitos de mediación y arbitraje y comisiones compartidas entre locador y locatario.
"Fue un avance para las 3 millones de personas que alquilan, porque se animó y se avanzó en un índice público para la regulación de la actuación del precio de alquiler y el registro de contratos de alquiler en la AFIP", destacó el comunicado firmado por la federación nacional de inquilinos, agrupaciones de distintas provincias coordinadas por el platense Gervasio Muñoz.
"Se reconstruyó función pública ahí donde era negocio que no existiese", destacó en otro fragmento del texto, en el que no hacen alusión a la fórmula de actualización, pero si al beneficio de poder tener una referencia y, en la medida de lo posible, exigirla. El último índice medido por el Banco Central, en octubre, habilita una actualización del contrato de 47,6%.
El comunicado fue firmado por decenas de legisladores oficialistas, como los senadores García Larraburu, Ana Almirón, el santafesino Roberto Mirabella (cercano al gobernador Omar Perotti); y los diputados José Luis Gioja, Paula Pennaca, Fernanda Vallejos, Federico Fagioli y Mónica Macha.
También firmaron legisladores provinciales y concejales; y varias entidades civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y los más variados sindicatos vinculados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Pablo Moyano de Camioneros. Además, suscribieron docentes e investigadores de universidades.
No será fácil colar el debate este año, sobre todo si Cambiemos quiere incorporar a los nuevos diputados. Como explicó LPO, Alberto planea extender las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, pero por ahora no tiene planes de pedir abrir el recinto en le verano.
Desde el 1 de marzo, las comisiones se activan para tratar todos los temas y es ahí cundo Vidal, Tetaz, Milei y Espert, podrán juntarse para hablar de alquileres y si los partidos provinciales los apoyan, tal vez reúna una mayoría. Pero el oficialismo está en contra. Y yo lo hace saber.
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