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En el gobierno nacional son pocos los que dudan que el ministro Martín Guzmán, a esta altura, es más un funcionario del FMI en el gabinete nacional que uno “propio” del Frente de Todos.
Sin embargo, aunque parezca gravísima esta caracterización, no lo es tanto, ya que tanto el albertismo como muchos de los gobernadores peronistas, y la mayor parte de los miembros de la conducción de la CGT, aspiran a revistar en una condición similar. La interna entre el “ala” albertista-pejotista es brutal.
Mientras negociaba en Roma, Guzmán recibió la novedad del congelamiento de las tarifas hasta abril. ¿Quién firmó la resolución? Nada menos que el subsecretario de Energía, el camporista Federico Basualdo, al que él ministro quiso echar y no pudo. De este modo, el aumento deberá ser cubierto con un incremento en los subsidios públicos a las empresas. Exactamente en la dirección inversa a la exigida por el FMI.
En el día de ayer trascendió un borrador con las condiciones que exige el FMI para cerrar el acuerdo con la Argentina. Son brutales e imposibles de cumplir sin que estalle una guerra civil. No más de 30 por ciento de brecha entre el dólar oficial y el paralelo, lo que implica de entrada una devaluación del 80 por ciento de nuestra moneda. Déficit cero. Libertad absoluta para que los inversores externos se lleven sus regalías e inversiones. Jubilaciones mínimas de 100 dólares y máximas de 140. Eliminación de los subsidios a los servicios. Apertura de importaciones. Diez u once pagos anuales de 6.000 millones de dólares. Tres visitas de auditorías anuales de misiones del FMI y la apertura de una oficina permanente del Fondo en nuestro país.
Cuando el cristinismo se enteró de las pretensiones del organismo internacional, inmediatamente lanzó la resolución de Basualdo. No habrá incrementos tarifarios durante la época de mayor demanda del año de electricidad (el verano), que deberán cubrirse con nuevos subsidios. Pero, sobre todo, que alejan la posibilidad de la firma de un acuerdo con el FMI en los términos exigidos por la entidad crediticia.
Guzmán tenía planeado volver a la carga de los servicios públicos en la electricidad y el gas, para reducir el abultado monto que el sector público destina a morigerar su costo a para los argentinos. Afirma que el estado sólo debería subsidiar a los consumidores que lo necesiten. Pero allí se abre un nuevo foco de discusión. En una economía derruida por el macrismo y el albertismo pandémico, ¿cuántos podrían quedar con justicia fuera del subsidio?
Sabiendo esto, el ministro de Economía quería aplicar la misma estrategia que con las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI): blindar la discusión, que no se convierta en un debate público, y que sólo llegue al conocimiento general cuando el proyecto esté terminado. Es decir, operar a espaldas de los argentinos para imponerles el golpe cuando no haya tiempo de patalear. Guzmán parece olvidarse que en la Argentina impera la democracia. Aunque le resulte incómoda para sus objetivos.
Cierto es que un informe de comienzo de año de la consultora Ecolatina sostenía que “los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2 por ciento del PBI”. Lo que no evalúa es que, en caso de eliminarlos, la conflictividad social podría poner fin a la gobernanza de la actual coalición de gobierno, por lo que las consecuencias serían aún más graves.
El problema de poner a un burócrata teórico a cargo de las políticas económicas de un gobierno en medio de una crisis terminal, agravada por el impacto de la pandemia a escala internacional, es que actuará siguiendo los dictados de la biblioteca e ignorará la calle. Total, el burócrata siempre conseguirá nuevo conchabo, mientras que la sociedad pagará con hambre y con sangre sus decisiones.
