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La licitación escondería un grosero sobreprecio que, según proveedores informáticos, oscilaría en los 6 millones de pesos. La polémica designación de María Eugenia Vidal y una pelea con el Consejo de la Magistratura, el escenario del caos para un funcionario a la deriva.
Elegido por María Eugenia Vidal en una polémica designación que hasta el día de hoy despierta sospechas, el procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand mantiene una dura batalla con el Consejo de la Magistratura.
En éste contexto, numerosas dudas se elevaron con respecto a algunos estrafalarios pedidos que han partido del interior de su despacho. El último de ellos, fue un gasto de 9.6 millones de pesos en cámaras web para computadoras tipo escritorio, que irán a parar a los despachos de sus funcionarios. En total, serán unas 800 cámaras.
La disputa con el Consejo de la Magistratura pareciera impregnarlo todo. Recientemente, se abrió el concurso para cubrir los cargos de defensor y sub defensor General de la provincia de Buenos Aires. Esta medida, tomada de forma inconsulta con Conte Grand, debilitó la figura del procurador general.
En este escenario, el proceso de compra 2-0009-LPR21 lanzado por Conte Grand despertó suspicacias por un posible sobreprecio de grandes dimensiones. Se trata de una licitación privada que prevé la compra de 800 webcam full HD para utilizar en las distintas dependencias que la Procuración General administra. Para ello, el organismo gastará 9.609.600 pesos, a un costo aproximado de 12 mil pesos cada una.
Las acusaciones señalan que la compulsa esconde un grosero sobreprecio. Un análisis pormenorizado muestra que una webcam full HD con las mismas características solicitadas por la procuración, con enfoque automático, resolución de 1920x1080 y conexión USD, se consigue en plataformas digitales como Mercado Libre a un promedio de 3 mil pesos.
Teniendo en cuenta que el precio final unitario, directo al consumidor, oscila en los 3 mil pesos, el costo se reduciría drásticamente en una compra de 800 unidades directamente al fabricante o importador. REALPOLITIK se comunicó con proveedores de productos informáticos, quienes aseguraron que el sobreprecio en la licitación privada de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires oscila entre los 6 millones y los 6.7 millones de pesos, lo que pone a Julio Conte Grand, una vez más, bajo la lupa.
