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El gobierno intenta cubrir su conducta ilícita mediante una norma posterior que supuestamente define el concepto de personal estratégico. Pero no se trata de una definición, por la vaguedad de los términos empleados, sino más bien de una autorización que se conceden a sí mismos para colocar en esa categoría a quienes quieran, que ya sabemos que son sus amigos.
Esta resolución vergonzosa no borra, además, los delitos ya cometidos. No se trata de una ley penal más benigna, porque los delitos solo los puede tipificar, modificar y derogar el Congreso Nacional. Esas conductas deberán juzgarse a la luz de la ley vigente cuando se cometieron.
No podíamos esperar nada mejor de quien representa la continuidad de la desastrosa gestión de Ginés González García, pero es claro que no hay entendido la indignación social y que mantienen el rumbo.
