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La UE mantiene su receta antiausteridad tras un año de recesión por la covid

 La pandemia ha llevado a la peor recesión de su historia a la Unión Europea, que ha reaccionado con una política de apoyo económico opuesta a la receta de austeridad con que afrontó la crisis financiera y ha lanzado un plan común de recuperación impensable antes del brote de covid-19.

Un año después del estallido de la epidemia, que deja más de 850.000 fallecidos en el continente, los Veintisiete apuestan por mantener el apoyo a su economía tanto tiempo como sea necesario y prefieren excederse en las ayudas antes que quedarse cortos para evitar repetir los errores cometidos hace una década.

El coronavirus golpeó con más fuerza a la UE que a otras grandes economías mundiales, con un desplome del PIB en 2020 del 6,2 %, superior al de Estados Unidos (3,5 % ), Japón (4,8 %) o Rusia (3,1 %) y lejos del crecimiento del 2,3 % de China.

El desempleo, sin embargo, aumentó apenas un punto, hasta el 7,3 %, un incremento de 1,4 millones de parados que no refleja el auténtico impacto en el mercado laboral, según la Comisión Europea, que prevé que se revele con más crudeza una vez empiecen a retirarse las medidas que lo han mitigado, sobre todo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El turismo, la hostelería, la restauración, el ocio, el transporte y la producción automovilística han sido los sectores más afectados, víctimas sobre todo de las restricciones para frenar el virus, mientras que el sector manufacturero ha resistido mejor el envite.

La herida infligida por el coronavirus también es más profunda en unos países que en otros. España, con una caída del PIB del 11 %, Grecia (10 %), Italia (8,8 %) y Francia (8,3 %) han sido de las más golpeadas, tanto por su mayor dependencia del turismo como por arrastrar aún secuelas de la crisis de 2008.

AYUDAS FISCALES

La UE ha actuado en esta ocasión de forma más rápida y decidida que entonces, con una estrategia basada en tres pilares: el apoyo fiscal de los Gobiernos nacionales, la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo y un billonario plan de recuperación financiado en común.

Solo en la eurozona, los Estados desembolsaron el año pasado más de 422.000 millones de euros, casi el 4 % de su PIB, en apoyo fiscal por la covid, con medidas para compensar a las empresas por sus pérdidas, esquemas de protección del empleo, alivio de las cargas tributarias o refuerzo sanitario.

Y destinaron otros 2,16 billones de euros (19 % del PIB) a proporcionar liquidez a las empresas, en su mayoría a través de líneas de avales públicos.

La Comisión Europea allanó el camino para este ingente gasto público al suspender en marzo pasado, por primera vez en su historia, las normas europeas de control del déficit y la deuda, y flexibilizar sus reglas de competencia para permitir ayudas estatales que, en circunstancias normales, hubieran sido vetadas.

Bruselas calcula que este apoyo amortiguó en 4,5 puntos la caída del PIB y que, sin él, una de cada cuatro firmas europeas habría tenido problemas para seguir adelante.

MEDIDAS EUROPEAS

Pero el músculo financiero para hacer frente a la pandemia dista mucho de un país a otro y, en un mercado tan interdependiente como el europeo, pronto quedó claro que sería necesario apoyar a los peor posicionados para evitar que arrastrasen a los demás.

En abril, la UE adoptó un primer paquete europeo de 540.000 millones de euros en medidas de crédito.

Se crearon el fondo SURE, con 100.000 millones de euros para sufragar medidas de empleo; un fondo de garantías del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones en financiación para empresas; y una línea de préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad con 240.000 millones en créditos para que los Estados financien gasto sanitario.

Dos meses después, la UE dio un salto cualitativo en su respuesta a la pandemia y aprobó un plan de recuperación de 1,8 billones de euros: al presupuesto comunitario para 2021-2027, de 1,1 billones, se sumó un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros que aspira a ser la piedra angular de la reconstrucción.

La gran novedad del fondo es que casi la mitad del dinero se concederá en subvenciones a fondo perdido que beneficiarán sobre todo a los más golpeados por la crisis y que se financiará con la emisión de deuda respaldada por el presupuesto comunitario, lo que en la práctica convierte a los Veintisiete en avalistas sin llegar a crear los polémicos eurobonos.

El objetivo es que las ayudas sirvan no solo para salir del bache, sino para transformar la economía europea poniendo el acento en la transición ecológica y la digitalización, y que los países lleven a cabo tanto inversiones, para evitar el desplome que se vio en la crisis financiera, como reformas que atajen problemas estructurales.

Los primeros desembolsos se esperan en julio y se calcula que estas ayudas podrían sumar de media 2 puntos al PIB de la UE hasta 2026.

UNA RECUPERACIÓN INCIERTA

Bruselas espera que la recuperación comience en el segundo trimestre de 2021 y que el PIB crezca este año un 3,7 %, siempre y cuando la vacunación siga avanzando y nuevas olas de covid no impidan suavizar las restricciones.

Ante la incertidumbre, los Veintisiete apuestan por mantener el apoyo económico y empezar a retirarlo gradualmente solo cuando la situación sanitaria lo permita, mientras que el Banco Central Europeo promete seguir garantizando condiciones de financiación favorables mientras dure la pandemia.

El BCE activó en marzo pasado un programa de compra de deuda de emergencia por la pandemia dotado con 1.850 millones de euros que estará en vigor al menos hasta marzo de 2022 y puso en marcha operaciones de refinanciación a largo plazo para facilitar que siga fluyendo el crédito bancario.

Su acción será clave para ayudar a financiar una deuda pública que en la eurozona ya ha escalado hasta rozar el 100 % del PIB y en muchos países lo supera con creces.

Laura Pérez-Cejuela

(c) Agencia EFE