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En el Gobierno evalúan la utilización de la fórmula de ajuste de las jubilaciones y los índices de precios al productor y salarios.
"Estamos charlando con Diputados para que las tarifas no suban por encima de los salarios", afirmó el presidente Alberto Fernández, este lunes, en un reportaje concedido a Minuto 1 en C5N. Para lograr este propósito, en el Gobierno evalúan la aplicación de tres indicadores a los efectos de la corrección tarifaria para los próximos meses -la fórmula de ajuste de las jubilaciones y los índices de precios al productor y salarios-, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito.
También se refirió al tema el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Este martes, en declaraciones efectuadas en el Consejo de las Américas (ver nota aparte), ratificó que tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Economía están trabajando en un esquema transitorio, de emergencia para este año, cuyo objetivo central es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. La iniciativa oficial contempla, precisó, incentivos impositivos para las empresas.
La idea de las autoridades es evitar que el aumento de los servicios deteriore el poder adquisitivo de la población. Por esta razón la fórmula en estudio tomará como referencia los salarios.
Aún no está definido qué indicador se utilizará. Podría ser el que elabora el INDEC que incluye tanto al empleo registrado como al trabajo informal (el año pasado registró una suba de 33%). Una segunda posibilidad es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora el Ministerio de Trabajo y refleja la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia (en 2020 subió casi 35%).
Para atender la situación del sector pasivo y los segmentos más carenciados, también se prevé contemplar en la fórmula de corrección de las tarifas al índice que se utiliza para ajustar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (combina en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial).
La tercera variable en consideración es el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIN que mide la evolución promedio de los precios a los que el productor y/o importador directo vende sus productos en el mercado doméstico, información que figura en el índice de precios mayoristas. Es decir de alguna manera refleja también la variación del tipo de cambio.
Las autoridades aún se encuentran analizando en qué porcentaje incidirá cada una de estas tres variables en la fórmula de ajuste. Para acompasar las tarifas con estos indicadores, el presidente Fernández anticipó que elaborará un proyecto de ley.
Este sistema se aplicará hasta tanto se culmine el trabajo técnico que permitirá diferenciar usuarios en función de sus ingresos y consumos.
Según dijo el presidente Fernández, “este trabajo lleva unos 8 a 9 meses”. Cabe señalar que luego dicho relevamiento deberá ser sometido a las audiencias públicas.
En tanto, parece que la intención del ministro de Economía, Martín Guzmán expresada en el Presupuesto 2021 ha quedado, al menos por este año, postergada. El objetivo del Palacio de Hacienda es aplicar una adecuación tarifaria que acompañe la inflación estimada en 29% ya que también estiman mantener los subsidios se mantendrán en términos reales.
Tarifas pagables
"Lo primero que hemos hecho es no seguir adelante con la lógica de tarifas que tenía el macrismo. Si yo explicara las tarifas de Macri el gas, en agosto pasado, hubiera crecido 80% y hoy más de120%. Y eso no lo voy hacer", afirmó el primer mandatario. Y agregó que "Las tarifas deben poder ser pagadas en esta Argentina de hoy en día y no debe convertirse en un dilema para el consumidor". A nivel oficial manejan que la dolarización de las tarifas y precisó que, en los últimos años, mientras los salarios crecieron entre 400 y 500% la tarifas llegaron a aumentar 2.000%.
El presidente también aclaró que "mi objetivo final es poder discriminar tarifas. El Estado debe seguir subsidiando a los más relegados, pero que llegue todos ellos, no a todos porque cuando llega a todos se beneficia a gente que podría pagar la tarifa en plena".
Cabe recordar que el Decreto 1020/2020 prorrogó el congelamiento tarifario hasta el 15 de marzo y también estableció “el inicio de la renegociación tarifaria” cuyo "plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores".
La intención oficial expresada en el decreto señala que "el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios".
Trilema
En materia de política tarifaria Argentina enfrenta un trilema entre el nivel de subsidios, la recomposición del poder adquisitivo de la población y la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI, señala un estudio de la consultora pxq.
El trabajo explica que, si el Gobierno nacional quiere potenciar el incremento el poder adquisitivo de los salarios, los subsidios a la energía deberían aumentar en términos de su incidencia en el PIB, exacerbando el déficit fiscal y complicando la estrategia de acuerdo con el Fondo.
Si en cambio se privilegia la estrategia de un rápido acuerdo con el FMI los subsidios deberían descender, pero esto complicaría la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que se vienen contrayendo hace ya 3 años y cuya recuperación no sólo es necesaria desde el punto de vista electoral sino también en términos de acelerar la recuperación económica, prosigue el trabajo de la consultora que dirige Emanuel Álvarez Agis.
Por último, si se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin un acuerdo con el FMI, la potencial depreciación de la moneda podría derivar en un incremento vertiginoso de los subsidios en términos del PIB.
El estudio recuerda que La Ley de Presupuesto 2021 establece que la incidencia de los subsidios energéticos sobre el PIB se debería mantener estable en la relación verificada durante 2020. Esto implica un nivel de subsidios al sector energético respecto al producto de 1,6%, si se considera el criterio devengado y de un 1,8% en el caso de que se considere el criterio base caja.
De esta forma, “si se toman en consideración las proyecciones macroeconómicas de la Ley de Presupuesto 2021 esto implicaría, si consideramos la base devengado, un incremento de tarifas superior al 40%” precisa el informe. Por su parte, para sostener la relación entre los montos efectivamente transferidos (base caja) y el PBI el aumento requerido sería levemente inferior al 20%
En cambio, si se pretende recuperar el poder adquisitivo de los salarios y se considera que el actual peso de las tarifas sobre los salarios es excesivo, una suba de tarifas inferior, por ejemplo, del 10% permitiría reducir aún más su incidencia en términos reales. Sin embargo, en este escenario los subsidios en relación al PIB se elevarían sensiblemente violando la pauta establecida en la Ley de Presupuesto y complicando un acuerdo con el FMI.
Finalmente, advierte que este escenario se complica aún más si consideramos un mayor nivel de inflación, de depreciación de la moneda y aun considerando un mayor crecimiento de la economía que el previsto en la Ley de Presupuesto 2021. En este escenario macroeconómico alternativo la relación subsidios / PIB se deteriora aún más.
