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Presenté una ampliación de la denuncia penal oportunamente formulada contra SANTIAGO CAFIERO, GINES GONZALEZ GARCIA, CARLA VIZZOTTI y otros por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y propagación de pandemia, para que se investigue la vacunación irregular de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Luis Esteban Genoud e Hilda Cogan, y del Diputado Provincial Julio Pereyra, en el “Hospital El Cruce”, con la complicidad de su directora, cuando solo estaba permitido vacunar con el producto Sputnik V al personal de salud.
En un contexto de escasez de vacunas se privilegió a personas vinculadas al poder político y por relaciones familiares y de amistad.
Recibir la vacuna irregularmente, no es la mera “avivada” de “saltear la cola”, significa aumentar el riesgo de quienes deberían recibirla conforme los protocolos.
Lejos de ser una mera falta ética, configura el delito previsto y reprimido por el art. 261 del Código Penal, cometido en violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, poniendo con ello en riesgo de vida a la población generando potencialmente un peligro de propagación de la pandemia.
Le roban la vacuna a la gente que más lo necesita, inventan categorías legales que no existen como el “personal estratégico del estado”, defienden lo indefendible,
y encima de todo la culpa es de la oposición y de la prensa. No vamos a quedarnos callados mirando mientras se aprovechan de su posición para sacar ventaja en contra de la vida y la salud de la gente.
