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El oficialismo buscará esta semana la media sanción en el Senado del acuerdo que firmó con los gobernadores en diciembre y que deja sin efecto por otro año los topes a las alícuotas de los impuestos provinciales.
Esta semana el Congreso avanzará con la media sanción del nuevo pacto fiscal que reemplaza al firmado en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri y que permitirá a las provincias subir impuestos y embolsar más $ 70.000 millones en el año, además buscar mejorar el proceso de recaudación tributaria en todos los niveles y suspender juicios por la distribución de la coparticipación.
El acuerdo fue firmado el 4 de diciembre por el presidente, Alberto Fernández, y representantes de 21 gobernaciones provinciales. Solamente no estamparon la rúbrica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), enfrentada con Nación por los cambios en materia de coparticipación; San Luis y La Pampa, aunque estas últimas dos brindaron su apoyo.
La iniciativa, que obtuvo dictamen la semana pasada, podría tener en las próximas jornadas la media sanción del Senado para que luego sea tratado en Diputados. Luego, las gobernaciones deberán elevar a las legislaturas provinciales proyectos que repliquen el consenso fiscal.
El carozo del nuevo Consenso Fiscal pasa por la posibilidad de subir el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que, estiman, permitirá a los fiscos provinciales captar más de $ 70.000 millones adicionales.
Específicamente, el pacto prorroga por otro año las restricciones a la suba de impuestos que disponía el convenio impulsado por Macri.
Así, si el acuerdo se convierte en ley permitirá nuevamente a las provincias gravar con Ingresos Brutos las exportaciones y los servicios prestados en el exterior, además de posibilitar la eliminación de los topes establecidos en el acuerdo de 2017 que decrecían año a año, con lo que muchas podrán ser elevadas al nivel que tenían previamente.
También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán reestablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores.
Por otro lado, el pacto persigue la "armonización y simplificación" del sistema tributario, que incluye una intensificación de intercambio de información sobre la titularidad de bienes inmuebles, el ingreso de las provincias al Padrón Federal de Ingresos Brutos y el diseño de un programa de coordinación de normas impositivas, regímenes de retención, percepción y recaudación y regímenes especiales para pequeños contribuyentes.
Otro de los aspectos es el de la deuda en moneda extranjera. Durante 2021, las provincias no podrán aumentar el stock de acreencias de este tipo respecto al monto que tenían al 31 de diciembre de 2020 y Nación tendrá la potestar de denegar la autorización de crédito.
Cada gobernación replicará este punto con los municipios. Hay algunas excepciones:
El financiamiento de organismos bilaterales o multilaterales de crédito,
Desembolsos pendientes de acuerdos firmados antes del 31 de diciembre de 2020,
Los incrementos de stock por canjes o reestructuraciones,
Endeudamiento que tengan como garantía recursos provinciales que se cobren en moneda extranjera y sin afectación presupuestaria.
Además, las provincias firmantes se comprometen a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, salvo los que tengan sentencia firme.
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