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Fue citado a declarar para el 1 de marzo.
Sebastián Eskenazi, integrante del Grupo Petersen e hijo de Enrique Eskenazi -dueño del Banco San Juan, supuesto testaferro por el 25 por cieno de YPF, fue interceptado en el aeropuerto de Miami junto a Jorge “Corcho” Rodríguez, y sus esposas Analía Franchín y Verónica Lozano.
En el lugar le fue entregada una citación para presentar documentación este próximo 26 de febrero en el juzgado de Preska y acudir a una declaración de carácter testimonial el próximo 1ro de marzo. Petersen Energía litiga a través de Burford por la expropiación de YPF en una demanda que podría costarle al país unos 2500 millones de dólares.
“Los demandantes notificaron mediante cédula a Sebastián Eskenazi solicitando documentos y testimonio el 11 de febrero de 2021, durante una escala en Miami”, cuenta el documento presentado por Petersen Energía (que solía pertenecer a los Eskenazi), al que accedió LA NACION. Y sigue: “Las cédulas de citación exigen la presentación de documentos el 26 de febrero de 2021 y una declaración el 1 de marzo de 2021”.
En el documento del Tribunal del distrito sur de Nueva York -además- señalan que la familia Eskenazi “continúa involucrada con el liderazgo de la república” y ejemplifican esto al decir que, el 2 de diciembre, Alberto Fernández se reunió con Matías Eskenazi Storey (hermano de Sebastián), en su rol al frente del Banco Santa Fe, “para hablar sobre una iniciativa bancaria”. También advierten que Enrique Eskenazi es dueño del 51% del Banco de Santa Cruz, el más importante de la región.
“Sebastián Eskenazi ha testificando en conformidad con los exhortos o cartas rogatorias que su única dirección de correo electrónico era la que le había provisto YPF”, se destaca a continuación.
La citación de Sebastián Eskenazi a declarar se produce casi 9 años después de que el exministro de Economía Axel Kicillof se presentó en el Congreso para explicar el plan para expropiar el 51% de las acciones de YPF, que en ese entonces le pertenecían a la petrolera española Repsol. En sus cálculos, el actual gobernador de Buenos Aires estimaba pagar US$5000 millones por aquel paquete accionario.
diario de san juan
