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El diputado Jorge Enríquez presentó un proyecto para derogar el inciso f del art. 366 del Código Procesal Penal que permite revisar una condena firme cuando media una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos.
Esta iniciativa surge en respuesta a la resolución de la comisión bicameral que dispuso activar una serie de artículos del Código que permitirán revisar sentencias firmes y que beneficiarían a ex funcionarios kirchneristas condenados por corrupción.
Es claro que la Corte Interamericana no constituye una instancia superior de los tribunales locales, esencialmente porque esta no es una de las funciones adjudicadas por la Convención que la creó. En efecto, en “Fontevecchia”, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que no correspondía que ante el dictado de un fallo de la Corte Interamericana de Justicia revisara una condena firme.
El alto tribunal consideró que el fallo del tribunal internacional no constituye una cuarta instancia en nuestro país, ya que esa interpretación constituirían una alteración de la estructura del sistema Interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de nuestra Constitución Nacional.
Más peligroso es todavía habilitar la revisión de una sentencia firme en virtud de "una decisión de un órgano de aplicación de un tratado", lo que llevaría al absurdo de vulnerar la cosa juzgada por simples recomendaciones de órganos no jurisdiccionales que hasta pueden estar subordinados al poder político. Lo único que falta es que Pietragalla revise sentencias de la Corte Suprema.
Para Enríquez, "de la pretensión de poner en vigencia el inciso cuya derogación propongo es un capítulo más del plan de impunidad del Kirchnerismo que vengo denunciando hace muchos meses. Quieren que los juicios por corrupción se eternicen para que el clan Kirchner y sus secuaces eviten la cárcel. Esta es la simple verdad. Todo el resto es relato.
