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El oficialismo publicó este miércoles 10/2 en el Boletín Oficial la Resolución 1/2021 por la cual la Comisión Bicameral Parlamentaria que monitorea la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal pone en vigencia los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, que permitirían revisar condenas, aún cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema, y esperar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de cumplirlas. Esos artículos podrían beneficiar a Amado Boudou, Julio de Vido o Ricardo Jaime.
El Frente de Todos en el Congreso de la Nación puso en vigencia desde este miércoles 10/2 con su publicación en el Boletín Oficial las modificaciones en 6 artículos que retrasan el cumplimiento efectivo de las penas de prisión se pasó para este miércoles. El articulado podría beneficiar a Amado Boudou, Julio De Vido o Ricardo Jaime, autopercibidos como ‘presos políticos’.
El martes 9/2, la Comisión Bicameral Parlamentaria que monitorea la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal activó los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375, que permitirían revisar condenas, aún cuando hayan sido confirmadas por la Corte Suprema, y esperar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de cumplirlas la condena.
La resolución que implementa esos artículos se publicó este miércoles 10/2 en el Boletín y lleva la firma de los legisladores kirchneristas y aliados del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.
Según la Resolución 1/2021 ordena en su primer artículo “implementar los artículos 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Código Procesal Penal Federal para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional y en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal, disponiendo su implementación a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial”.
“Esta Comisión Bicameral se resolvió implementar el artículo 366 inciso f) que habilita la revisión de una sentencia firme en favor del condenado toda vez que se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”, indica la resolución.
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Pero el texto también aclara que los artículos que ya rigen “no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en el Código Procesal Penal de la Nación” y que significan “un avance hacia una mayor tutela de los derechos de los justiciables”.
“Para su implementación efectiva no requieren de la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras organizacionales que pudieran significar obstáculos en su inmediata operatividad”, agrega.
En resumen, los artículos mencionados establecen que una pena solo se puede ejecutar cuando queda firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no antes como ocurría.
El posible primer beneficiado de estos cambios sería Amado Boudou, a quien podrían revisarse la condena con argumentos del lawfare o de un fallo ilegal. Otro posible beneficiado sería Julio De Vido, a quien le están revisando la condena en la causa por la Tragedia de Once.
Y a futuro, si otros políticos investigados por la Justicia son condenados, sólo cumplirán efectivamente la condena cuando la Corte se pronuncie sobre sus casos, lo que podría tomar años.
El beneficio alcanza a los acusados por delitos federales como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro y /o el tráfico de armas, entre otros.
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