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Durante toda su campaña Biden presentó un plan que conjunto a sus ambiciones se enfocaba en políticas climáticas, muchas de ellas como un trabajo conjunto con Bernie Sanders y fue el tema fue mencionado como parte de sus cuatro prioridades fundamentales publicado en su sitio web del equipo de transición.
El Movimiento Sunrise [Amanecer], entre otros, sostiene que la victoria de Biden representa un mandato de tomar acciones en relación con el clima. Las condiciones económicas son ideales para un gran programa de inversión pública que pueda comenzar a concretar las ideas del Green New Deal [Nuevo Pacto Verde] y mostrar que el gobierno puede trabajar en mejorar la vida de la gente.
Sin embargo, con el panorama actual del Congreso que es prácticamente bipartidista con un 50/50, será un poco difícil que esta agenda verde se materialice con facilidad. Mientras Biden podría obtener la aprobación del Congreso para conseguir algunos paquetes de estímulos que contengan fondos para proyectos relacionados con el cambio climático, un salvavidas para servicios de transporte público al borde de la insolvencia, o un proyecto de ley que asigne dinero a obras de infraestructura verde en los márgenes. El «republicano razonable» Mitt Romney ya ha instado a los conservadores a luchar para asegurar que «no nos olvidemos del gas, el carbón y el petróleo».
Oposición en el Congreso
Frente a este impasse en el Congreso, las acciones climáticas se han convertido en una prioridad que ayude a reducir las emisiones de carbono estableciendo políticas climáticas en Estados Unidos. Pero este progreso real de la implementación de energías renovables, no tarda en ver un retroceso gracias a la crisis presupuestaria generada por la pandemia que pronto golpeará a los gobiernos locales y estatales.
La Reserva Federal puede ayudar a aliviar la presión extendiendo los préstamos a bajo interés y las compras de bonos municipales tal como lo ha sugerido el FMI (Fondo Monetario Internacional), aunque a la larga no hay reemplazo para el impacto del gasto del gobierno federal. Y los republicanos ya están promoviendo un pequeño paquete de estímulo que no incluiría asistencia a los estados y las ciudades.
Dadas estas condiciones, está surgiendo un consenso sobre el rol de Biden como el «presidente del clima»: puede usar el poder presidencial para establecer estándares en problemáticas como las emisiones de carbono en el sector energético y las emisiones de metano resultantes de la extracción de petróleo y gas. Puede darle a la Comisión de Bolsa y Valores el poder de exigir la divulgación de información sobre riesgo climático. Puede ordenar a la burocracia federal que mitigue de manera activa los efectos dispares de los daños ambientales. Puede volver al Acuerdo de París e intentar una nueva ola de diplomacia climática, aunque difícilmente Estados Unidos esté en posición de «liderar al mundo» en temas climáticos, a la luz de los recientes compromisos de descarbonización asumidos por China, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.
Pero el reto se encuentra mayormente en la ineficiencia del Estado para persuadir a los más excépticos de los programas verdes, como los conservadores que ya presentaron sus objeciones contra la regulación climática.
Una historia de desacuerdos climáticos
En 2016, Trump acusó a Barack Obama de librar una «guerra contra el carbón» y prometió llevar al sector a su antigua gloria. Es evidente que fracasó, pero aun así su retórica resultó efectiva contra Hillary Clinton en Appalachia durante la campaña. En rigor, se cerraron más plantas de carbón durante el mandato de Trump que durante cualquiera de los de Obama. La producción estadounidense de carbón ya había estado disminuyendo desde hace años, ya que el gas natural barato lo había desplazado de la combinación de energías utilizada en las plantas eléctricas.
Y tras varios años en los que el carbón se ha ido en decadencia, ha ido transformando la industria en lo que parece ser una estructura verde de forma inminente. Aunque el petróleo no va a desaparecer de la noche a la mañana, y la actual trayectoria de producción todavía tendrá impactos devastadores sobre el clima. Por lo tanto, abordar la industria del petróleo y el gas sigue siendo esencial para cualquier política seria en defensa del clima. Y en tanto una industria destructiva que alguna vez pareció invencible hoy está en problemas, es un momento ideal para socavar aún más su poder. Con miles de trabajadores de la industria sin empleo, hay una oportunidad real para implementar programas federales de empleos verdes, que transformarían la promesa de empleo alternativo en algo tangible y creíble.
¿Y los combustibles fósiles?
Biden abordó el problema de los combustibles fósiles en forma defensiva, alejándose del Nuevo Acuerdo Verde e insistiendo en que no tiene intención de prohibir el fracking. Mientras que los empleos verdes eran técnicamente un componente fundamental de su plataforma sobre el clima, aparecieron como un ítem más en una lista variada de proyectos políticos. Los «empleos verdes» son ya una pieza conocida en la retórica demócrata, que probablemente muchos votantes observen con escepticismo hasta tanto sea respaldada por acciones. Es un problema político realmente difícil. Pero Biden simplemente lo eludió: no habló de la actual pérdida de empleos en la industria del gas y el petróleo ni se refirió directamente a lo que podría hacer al respecto, dando a entender en cambio que ayudaría al sector a volver a la normalidad.
Lo más esperanzador en este momento es que el movimiento climático ha recorrido un largo camino en la última década. Y posiblemente podemos estar a punto de ver una política climática progresista.
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