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La mayor tarea deberán realizarla las empresas, que deberán presentar argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses (pandemia incluída) para calcular el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados.
Una salida que el gobierno de Alberto Fernández analiza para la actualización de tarifas de los servicios públicos, sobre los que avanzaría este 2021, partiría de los argumentos técnicos, financieros, laborales paritarios, de insumos, inflacionarios y hasta comerciales de las empresas para determinar cuáles son los niveles exactos de incrementos de costos de los últimos 12 meses (pandemia incluida) para calcular así el porcentaje que correspondería para incrementar las tarifas durante este ejercicio, y en qué sectores determinados.
Según publica el diario 'Ambito Financiero', la idea del Ejecutivo sería habilitar en el primer trimestre del año audiencias públicas donde intervengan tanto el Estado, como las empresas y los consumidores; en todas sus variantes. Esto es, particulares, empresas y hasta el sector público en su rol de consumidor.
Y en ese marco, es que los concesionarios deberán presentar los argumentos mencionados para el cálculo de los incrementos de costos, pues la intención sería que las prestadoras no pierdan dinero contra el año pasado, pero que tampoco salgan ganando.
De esta manera, el gobierno proyecta un alza no superior al 36% de la inflación de 2020. Y en lo posible, menos del 29% que el ministerio de Economía pronosticó para 2021 de inflación, según la línea editorial que figura en el Presupuesto para este ejercicio. Y que difiere del 50% que pronostican los economistas, porcentaje que para las prestadoras de los servicios públicos debería ser el piso de incremento de las tarifas para este año.
Pero también es cierto que la intención oficial se cruza con las negociaciones que parte del Ejecutivo está manteniendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el capítulo tarifas de servicios públicos es indirectamente fundamental. No porque se discuta puntualmente el tema, ya que el organismo entiende que se trata de una facultad privativa del Ejecutivo; sino como un componente clave en la determinación anual del resultado final del déficit fiscal.
Según el FMI, si no se actualizan las tarifas de los servicios públicos, es imposible que Guzmán logre la promesa de reducir este año el desequilibrio entre ingresos y gastos a la mitad. Y menos sostenerlo en un sendero de contracción entre el 2022 y 2023 que lleve a un equilibrio no más allá de 2024. Luego, en 2025, para el FMI Argentina debería tener superávit fiscal y comercial, para poder hacer frente a los pagos de los compromisos financieros internacionales de deuda. Tanto privados como a los organismos internacionales, comenzando por el propio Fondo.
Según publica el matutino mencionado, el tema estuvo en las negociaciones de fines del año pasado y había dejado un buen clima entre las partes, en el cual la Argentina se comprometía a analizar, al menos, una indexación tarifaria en 2021 que, al menos, acompañe la inflación acumulada; para, luego, hablar de un plan de subas negociado al largo plazo y que acompañe el cronograma de pagos firmado con el FMI. De todas maneras, en el organismo saben que hay una ala del gobierno que se opone fuertemente a cualquier incremento tarifario.
Un arma de doble filo
El dilema es que para el Gobierno no es tampoco un tema fácil de resolver por la inflación. Sin dudas, sumarían una presión adicional a los precios en plena aceleración y elevarían los niveles de pobreza en un año en el que la economía recuperará solamente un tercio de lo que cayó en 2020, si es que no hay nuevas complicaciones con el coronavirus que conduzcan al Gobierno a adoptar otro cierre de la actividad.
"Creo que el ideal de liberar tarifas va a empezar a cuestionarse en el seno del Gobierno. Un nuevo aumento de las tasas de electricidad, gas, etcétera, puede desatar una nueva ola inflacionaria en el primer trimestre de 2021", señaló el economista Joel Lupieri, de la consultora EPyCA.
Pero, paradójicamente, la postergación de las subas podría contribuir a aumentar la incertidumbre en el plano fiscal y traducirse en nuevas tensiones en el mercado cambiario que sumen presión a la inflación.
"Uno de los precios que quedaron atrasados fueron las tarifas, cuyo congelamiento insume un costo fiscal significativo. Pero al mismo tiempo es muy importante que el Gobierno dé una señal para bajar la brecha cambiaria y reducir las tensiones en el mercado de cambios, y para eso hace falta dar una señal fiscal muy contundente", explicó el economista Martín Vauthier, de Eco Go al diario 'El Cronista'.
El analista señaló que si no se corrigen las tarifas y la reducción del déficit fiscal es menor a la que estaba prevista, podría generar una mayor tasa de inflación, dado que la monetización del rojo que no se disminuyó generaría un mayor excedente de pesos y agitaría nuevos temblores en el mercado de cambios.
"La tasa de interés en pesos quedó muy rezagada respecto al crawling peg (depreciación gradual del tipo de cambio) y a la inflación. Un crawling peg del tipo de cambio en la zona del 4,2% como se tiene ahora le pone un piso a la inflación en los próximos meses", destacó Vauthier, que afirmó que el dólar en general es el principal mecanismo de transmisión de inflación en la Argentina.
Así, el Gobierno parece estar en una encrucijada. Si corrige las tarifas alimentará la tendencia alcista de la inflación que tiene lugar desde el final del aislamiento, que incrementará los niveles de pobreza y de malestar social. Pero el mismo efecto podría ocurrir si no las ajusta, dado que el Ejecutivo no habrá enviado la señal fiscal esperada que contribuya a reducir la incertidumbre, lo que puede traducirse en nuevas tensiones cambiarias que sumen presión a la inflación a través del dólar.
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