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DIFERENCIAS INTERNAS SOBRE CÓMO SALIR DEL CONGELAMIENTO En el gobierno reconocen que la suba de tarifas no está decidida y dejan abierta la posibilidad de no aumentar hasta después de las elecciones

 El jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró el fin de semana que el aumento de tarifas "hoy todavía parece un poco lejano". La demora expresa las diferencias internas entre el albertismo y el cristinismo sobre cómo y cuándo salir del congelamiento.

“Hoy todavía parece un poco lejano”, aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero el sábado pasado cuando le preguntaron si van a aumentar las tarifas. La consulta surgió porque el secretario de Transporte, Mario Meoni, había anticipado una suba inminente en los pasajes de trenes y colectivos. Sin embargo, la desmentida abarcó al conjunto de los servicios públicos. La demora expresa las diferencias internas entre el albertismo y el cristinismo sobre cómo y cuándo salir del congelamiento. Fuentes del gobierno incluso dejaron trascender a EconoJournal que si en marzo no se avanza con algún tipo de ajuste lo más probable es que el tema quede definitivamente postergado para después de las elecciones del 24 de octubre.

“Lo que hay es una evaluación permanente pero todavía no hay ninguna decisión tomada sobre cómo sigue la cuestión tarifaria. En lo inmediato todavía no hay nada”, remarcó Cafiero en declaraciones a radio Mitre. La frase fue interpretada en el sector energético como un freno al plan impulsado por el ministro Martín Guzmán y el secretario de Energía Darío Martínez para avanzar cuánto antes con un esquema de aumentos segmentados.

En Energía reiteraron a EconoJournal que fue el propio Alberto Fernández quien le pidió a Martínez que trabaje en un esquema de descongelamiento gradual, pero reconocen que la decisión todavía no está tomada.

La influencia de Cristina

Si el presidente Fernández, el ministro de Economía y el secretario de Energía coinciden en la necesidad de comenzar a descongelar las tarifas, lo obvio sería que ese proceso ya se hubiera iniciado, pero este es un gobierno particular donde el candidato a presidente del Frente de Todos fue elegido a dedo por Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupa la vicepresidencia, es líder del espacio político y además tiene la mayoría de los votos.

Eso no significa que gobierne la vicepresidenta. Como remarcó la propia Cristina Fernández de Kirchner en la carta publicada en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el que gobierna es Alberto Fernández, pero hay algunos temas donde la ex mandataria conserva una influencia decisiva desde el comienzo de la gestión y energía es uno de ellos. De hecho, en esa carta hizo referencia a las «tarifas dolarizadas e impagables» que dejó el macrismo.

Su poder se expresa en el control de los entes reguladores de luz y gas. Allí puso a comienzos de año a Federico Basualdo y Federico Bernal, y pese a la resistencia que generaba Bernal en el albertismo no hubo forma de consensuar otro nombre. Además, controla IEASA (la ex Enarsa), a través de Andrés Cirnigliaro y luego avanzó sobre la estructura de la secretaría al designar a Basualdo como subsecretario de Energía Eléctrica al tiempo que conservó el control del ENRE a través de María Soledad Manin, quien se venía desempeñando como colaboradora de Basualdo.

La vicepresidenta también se reservó poder de veto sobre sillas claves de la secretaría, lo que explicó, por ejemplo, la salida en octubre de Juan José Carbajales de la subsecretaría de Hidrocarburos, solo porque lo identificaba con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, a quien un tiempo antes logró quitarle el control del área energética a través de una estrategia de desgaste que fue encabezada por Bernal, su principal referente en el sector.

El equipo de Kulfas fue el que diseñó el Plan Gas 2020-2024, iniciativa resistida por el cristinismo y frenada durante meses, que finalmente vio la luz en noviembre, aunque para entonces Kulfas y varios de sus hombres ya habían quedado en el camino.

Contrapunto por tarifas

El presidente Alberto Fernández dejó en claro durante la campaña electoral que durante su gobierno las tarifas no iban a subir al ritmo del dólar, pero sus hombres de confianza remarcan todo el tiempo que tiene que haber un ajuste gradual que al menos acompañe la inflación, para mantener estables los subsidios y otorgar incentivos al sector privado que garanticen el mantenimiento y la expansión del servicio.   

El albertismo cuestiona con dureza los aumentos que impulsó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren durante el macrismo, pero también es profundamente crítico de la política tarifaria que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner durante la gestión de Julio De Vido. Sostienen que de nada sirven las tarifas bajas si no se puede garantizar un servicio de calidad y remarcan que hoy ni siquiera están disponibles los recursos públicos que Cristina tuvo durante su presidencia. “Con guita podés ser Chávez, pero sin guita a lo sumo podrás ser Maduro”, remarcó a EconoJournal una fuente oficial que insiste sobre los riesgos que implica volver a transitar el mismo camino que en el pasado pero sin plata.

En el cristinismo, en cambio, durante este año se ha llegado a proponer una baja nominal de hasta un 22% en las tarifas residenciales del gas para el invierno. Como reveló EconoJournal en julio, el interventor de Enargas, Federico Bernal, le elevó la sugerencia a Cristina Fernández de Kirchner y la vicepresidenta no solo no la desechó sino que se la acercó a Guzmán para que evaluará si era posible avanzar en esa dirección. El ministro de Economía descartó una baja nominal en un escenario donde la inflación anual ronda el 40%, pero el solo hecho de haber tenido que evaluar esa propuesta deja en claro las diferencias que existen al interior del gobierno.

Guzmán sostiene cada vez que puede que es indispensable al menos ponerle un freno a la suba de los subsidios y eso exige no solo no bajar las tarifas en términos nominales sino al menos subirlas al ritmo de la inflación. Ese punto forma parte de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional para tratar de destrabar la negociación por la deuda y poder extender los vencimientos de los próximos años. Martínez fue el encargado de diseñar ese plan, remarcando que el aumento se aplicaría de modo segmentado para preservar el poder adquisitivo de los que menos tienen.

Dentro del gobierno sostienen que Cristina Fernández de Kirchner al menos no impugnó la propuesta de un aumento segmentado, que ella misma había puesto en marcha en 2011, de modo parcial, cuando intentaba dejar atrás el congelamiento. Sin embargo, sus alfiles en los entes reguladores han registrado en los últimos meses escasos avances para que ese plan se pueda llevar adelante. Bernal, por ejemplo, insiste con que todavía no terminó de realizar las auditorías que comenzó en marzo y cuando Guzmán y Martínez hablaban de avanzar con los aumentos a partir de enero salió al cruce diciendo que el proceso administrativo necesario para concretar las subas iba a llevar “varios meses”.

Cristina Fernández de Kirchner incluso reivindicó la semana pasada en la ex ESMA, durante la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la política de subsidios que llevó adelante durante su gobierno. La ex presidenta recordó que la primera vez que había estado en el predio de la ESMA fue el 24 de marzo de 2004 acompañando al presidente Néstor Kirchner y dijo que en ese momento los familiares de los detenidos desaparecidos seguían reclamando memoria, verdad y justicia. Luego recordó que la última vez que había estado en el predio de la ex ESMA fue el 2 de diciembre de 2015 para la inauguración de una serie de edificios del Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona allí. «Es como una parábola porque ahora hay otros derechos humanos que también tenemos que venir a reparar y que han sido dañados. Estaba releyendo el discurso que di en aquella oportunidad acá y hablaba de los subsidios y decía que esos subsidios que habían sido tan criticados por muchos argentinos y argentinas los iban a extrañar. Ya sabíamos quién era presidente en ese momento, era 2 de diciembre y ya había ocurrido el ballotage», afirmó.

Todos en el gobierno coinciden ahora en que no habrá cambios en las tarifas de luz y gas al menos hasta marzo porque si se decidiera poner el pie en el acelerador ahora igual habría que esperar al menos dos meses para poder concretar la audiencia pública y evaluar sus resultados. No obstante, la novedad es que dentro del gobierno ya empiezan a abrir el paraguas y remarcan que si para marzo el aumento no se concreta ven muy difícil que se pueda avanzar en el medio de la campaña electoral. En este contexto, el elogio formulado por Cristina Fernández de Kirchner a la política de subsidios llevada adelante durante su gobierno adquiere sin duda una significación especial.

-¿Y si el Fondo pone como condición el aumento de tarifas para llegar a un acuerdo? –preguntó EconoJournal a una fuente oficial.

-Al Fondo hay que prometerle que se va a cumplir con un determinado compromiso de déficit. Por lo tanto, habrá que recortar en otras partidas para que el congelamiento tarifario no afecte ese objetivo macroeconómico.



econojournal.