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Según Decreto 1020/2020 publicado este jueves (17/12) en el Boletín Oficial, el Gobierno puso al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como cabezas del proceso de revisión de las tarifas y extendió el congelamiento por otros tres meses. Los dos entes están en manos de cristinistas. Además, estableció que la renegociación podría extender hasta por 2 años. La secretaría de Energía de Darío Martínez quedó al margen pero anticipó en noviembre pasado que entre marzo y abril de 2021 podría aplicarse una suba gradual en las tarifas de servicios públicos a cuenta de lo que se decida en la revisión.
El Gobierno nacional publicó este jueves (17/12) en el Boletín Oficial el Decreto 1020/2020 por el cual dejó en cabeza del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) la revisión de las tarifas de luz y gas y extendió el congelamiento de tarifas por otros tres meses. Además, estableció que la renegociación podría extender hasta por dos años.
La secretaría de Energía que dirige Darío Martínez quedó al margen de las negociaciones pero el ministro ya había anticipado en noviembre pasado que entre marzo y abril de 2021 –cuando termina la prórroga de 3 meses de congelamiento que extiende el decreto- podría aplicarse una suba gradual en las tarifas de servicios públicos a cuenta de lo que se decida en la revisión, a la que denominó “tarifa de transición”.
En lo político, el Decreto 1020/2020 dejó en manos de dos personas de extrema confianza de Cristina Fernández el proceso de revisión de las tarifas: Federico Bernal (interventor del Enargas), y María Soledad Manin (interventora del ENRE).
La evaluación de las tarifas ocurre luego del vencimiento del artículo que facultaba al Ejecutivo para mantenerlas a precios accesibles.
Pero extiende el congelamiento por 90 días mientras que los entes reguladores renegocian los montos.
Algo había adelantado en noviembre pasado Darío Martínez cuando dijo que entre marzo y abril podría aplicarse una suba gradual en las tarifas de servicios públicos y que sería a cuenta de lo que se decida en el debate por una la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
“Queremos ir a una 'tarifa de transición' para evitar un impacto altísimo en los bolsillos de la gente, como contemplaba la RTI de la gestión anterior, y que el usuario no tenga que comprar menos bienes y servicios para pagar la energía”, explicó el funcionario en declaraciones que reprodujo el diario Página/12.
El adelanto de Martínez quedó finalmente plasmado en artículo 3 del decreto que estipula que “Dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.
Y sobre el rol de los entes que conducen personas de confianza de la vicepresidenta, el artículo 4 deja en claro que “el ENARGAS y el ENRE quedan facultados para dictar los actos administrativos que correspondan y resulten necesarios a los fines de lo dispuesto en la presente medida, disponiendo de plenas facultades para establecer las normas complementarias de la presente”.
Y para asegurar los cargos de los dos asesores de Cristina, el artículo 12 dice: “prorrógase la intervención del ENARGAS y del ENRE dispuestas respectivamente mediante los Decretos Nros. 277/20, 278/20 y 963/20, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo UN (1) año desde su vencimiento o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el presente, lo que ocurra primero”.
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