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El economista Iván Carrino analiza para EconoJournal las claves de esta prórroga que ya tiene media sanción en el Senado y ahora se debate en Diputados. Las disputas dentro de la industria y el impacto sobre el consumidor.
El 30 de octubre el Senado dio media sanción a la prórroga de la ley de biocombustibles 26.093 que vence en mayo del próximo año. Por unanimidad se dispuso su continuidad hasta el 31 de diciembre de 2024. Ahora resta que la iniciativa sea debatida en la Cámara de Diputados. La Ley de Promoción llevó el corte obligatorio de los bios en los combustibles del 5% en 2005 al 10% en el biodiesel y el 12% en el bioetanol.
El economista Iván Carrino analiza para EconoJournal las distintas posiciones que existen sobre este tema, señala ganadores y perdedores dentro de la industria y pone el foco en las consecuencias que trae para el consumidor.
Las petroleras cuestionan la prórroga y la atribuyen, en el caso del biodiésel, al lobby de los sojeros y, en lo que refiere al bioetanol, al poder de presión de los gobernadores de provincias donde los productores de azúcar y maíz tienen una gran relevancia regional. La queja es porque los productores de biocombustibles obtienen su rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinadoras están obligadas a pagar.
Los productores de biocombustibles señalan, en cambio, que sin la política los biocombustibles desaparecen porque no tienen la fuerza que ha logrado el complejo de petróleo a lo largo de 160 años. Sostienen que no hay forma en el corto y mediano plazo de introducir biocombustible y otras energías renovables sin la mano del Estado. De lo contrario, se seguiría consumiendo el cien por ciento de combustibles minerales con los efectos colaterales que los mismos tienen.
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