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Los ex accionistas de la petrolera deben presentar su posición el 23 de diciembre. La jueza Loretta Preska quiere saber qué papel tienen en el pleito del que siempre negaron participar.
A pedido del Gobierno argentino, los Eskenazi, ex accionistas de la petrolera estatizada por Cristina Kirchner, deben presentarse ante la jueza Loretta Preska. Se trata de un juicio por la expropiación llevada adelante por la ex presidenta en 2012, y que le puede costar al país hasta US$ 14 mil millones. La estrategia legal tiene como responsable a Carlos Zannini, procurador del Tesoro y ex directivo de un banco de los Eskenazi. La novedad es que el Gobierno haya hecho este pedido a la jueza para aclarar el papel que tendrían los Eskenazi, que dicen haber vendido sus derechos en ese juicio a un fondo buitre.
La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio del fondo Burford contra la Argentina por la expropiación de YPF, citó a la familia Eskenazi a aclarar su posición en ese litigio. La magistrada accedió así a un pedido del equipo legal del Gobierno argentino. Los aborelacionada gados que representan al Estado buscan demostrar que todas las partes sabían que un eventual terreno de disputas por YPF sería la Justicia argentina.
El pleito, que puede costarle al país entre 2.500 millones y 14.000 millones de dólares, está originado en la expropiación de YPF de 2012. El Estado se quedó con el 51% de la compañía. Petersen (de la familia Eskenazi) era el segundo accionista más importante, después de la española Repsol. Burford compró los derechos para litigar de Petersen en la quiebra de esa firma, que se declaró en bancarrota en la justicia española.
Los Eskenazi deben presentarse el 23 de Diciembre
La familia Eskenazi debe presentarse (a través de sus representantes legales) el 23 de diciembre. El juicio será a mediados de 2021. La presentación de los Eskenazi forma parte del “discovery”, un proceso de exhaustivo conocimiento de información sobre la causa. La jueza Preska debe tener para el 23 de diciembre una idea sobre cómo será la respuesta legal de los Eskenazi. Hasta ahora, esa familia no se involucró oficialmente en la causa.
La estrategia legal argentina es ejecutada por un estudio de abogados de Nueva York. Pero su arquitecto es Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación y ex secretario Legal y Técnico de los Kirchner. Zannini fue director en nombre de la provincia de Santa Cruz del Banco de esa provincia. Esa entidad es controlada por el grupo Petersen, de los Eskenazi.
Burford lleva adelante dos juicios sobre la expropiación de YPF. El más numeroso es el que reclama resarcimientos que le hubieran correspondido al grupo Petersen. Burford siempre dijo que cobraría un 70% del resultante de ese juicio, pero no identificaba quién podía percibir el 30% restante, si salía un fallo contra el Estado argentino. La defensa argentina anterior (durante la administración de Mauricio Macri) deslizaba que Petersen (de la familia Eskenazi) iba a colectar ese dinero.
El Gobierno argentino pidió aclarar quién completa el reclamo que lleva adelante Burford. Y la jueza Preska hizo lugar al pedido argentino. Petersen (y Burford, el fondo que compró sus derechos para litigar) deben proveer toda la documentación con este reclamo.
Argentina e YPF argumentaron que Burford venía obstaculizando el proceso. La jueza obligó a ese fondo a “responder plenamente a las solicitudes de documentos y citaciones de los demandados”, dice una presentación legal argentina en el caso.
“Preska sigue fallando a favor de Argentina y de YPF. Hoy, temas administrativos pero muy importantes que obligan a Burford Capital a presentar información que antes ‘no accedían’ a ponerla a disposición”, tuiteó Sebastián Maril, de Research for Traders, que sigue este caso.
El fondo Burford, que se negaba a nombrar a los Eskenazi, presentó documentación donde certifica que esa familia es dueña de Petersen, la sociedad sobre la que se compró la quiebra. Hasta ahora, se venía negando.
El Gobierno quiere demostrar que el fondo Burford sabía que cualquier inconveniente relacionado con YPF se iba a saldar bajo la ley argentina, y con el estatuto de la compañía. La Corte Sur de Nueva York está llevando el caso, había negado los pedidos argentinos de mover la jurisdicción a Buenos Aires, pero podría aplicar la ley argentina si lo considera apropiado.
El argumento argentino es que Burford ya sabía, al comprar la quiebra de Petersen, que un pleito debía dirimirse en la Justicia argentina. O, en su defecto, en una corte estadounidense pero con legislación argentina. Burford quiere usar la jurisdicción de EE.UU. para saldar la pelea.
Fuente: Clarín
