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Juan Carlos Maqueda tomó la iniciativa en la elaboración de los contornos de un fallo de la Corte Suprema que de alguna manera podría ser favorable al Gobierno y que le devolvería a la política injerencia en la resolución del conflicto de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, comentaron a LPO fuentes al tanto de las conversaciones.
Maqueda es el ministro con mayor trayectoria política de los cinco que integran la Corte. Mano derecha de José Manuel de la Sota, Maqueda fue convencional constituyente, diputado, senador e incluso llegó a quedar en ejercicio de la Presidencia de la Nación durante el mandato de Eduardo Duhalde, cuando ocupaba la presidencia Provisional del Senado.
Tras años de muy bajo perfil, ahora empezó a tomar vuelo con la impresionante judicialización de la política que se vive desde hace meses. El cordobés estaría trabajando un fallo que tienen como eje central la idea que los concursos se imponen a los traslados de jueces.
Ese eje de alguna manera devuelve el conflicto al Consejo de la Magistratura, donde se integran representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, además de magistrados, académicos y abogados. Difícil encontrar algo más político que la construcción de mayorías en ese órgano, donde ahora cobra especial importancia Daniel "Tano" Angelici, que como anticipó LPO negocia un entendimiento con el Gobierno. Angelici pone a disposición del Gobierno sus contactos en la Justicia para acordar por el juego
Así, por estas horas se habla de un fallo que defina como "temporales" los traslados de los jueces pero que le de prevalencia a los concursos en marcha para cubrir los cargos que ocuparon diez jueces trasladados por el macrismo, cuya designación había recomendado revisar la Magistratura por no haber tenido acuerdo del Senado.
Hay rumores sobre dos jueces de la Corte inclinados a emitir un fallo que no sería contrario a Cristina Kirchner y podría conocerse entre este jueves y la semana que viene. En el Gobierno siguen con especial atención los movimientos de Elena Highton de Nolasco.
Hay rumores sobre dos jueces de la Corte inclinados a emitir un fallo que no sería contrario a Cristina Kirchner y podría conocerse entre este jueves y la semana que viene. En el Gobierno siguen con especial atención los movimientos de Elena Highton de Nolasco, ya que no conocen su voto y sería el faltante para conseguir una mayoría favorable. Highton tiene el mandato vencido porque superó el límite de edad, pero sigue en la Corte gracias a una decisión judicial, lo que la hace frágil ante el Ejecutivo de turno.
En el bloque oficialista del Consejo de la Magistratura adelantaron a LPO que van a llamar a concurso para ocupar los diez cargos. Aunque es posible, de acuerdo a lo que falle la Corte, que perdonen a la chaqueña Zunilda Niremperger, que podrá permanecer en el juzgado federal 2 de Resistencia, Chaco y a Verónica Skanata, que seguirá en el 1 de Oberá, Misiones.
Esto es así porque dos semanas atrás, la mayoría del Frente de Todos del Senado aprobó el traslado de estas dos juezas a sus actuales destinos, donde también habían llegado sin respaldo legislativo, pero a diferencia de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, ellas sí asistieron a la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado el 4 de septiembre pasado y explicaron por qué quieren quedarse en sus actuales juzgados.
De hecho, Bruglia, Castelli y Bertuzzi podrían pagar un costo altísimo por no presentarse a esa audiencia. Hasta a Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, alineado indudablemente con el macrismo, le cayó mal ese faltazo. Esa estrategia fue pergeñada por Alejandro Carrió, según reveló el propio Bruglia en una entrevista al diario Clarín. Por eso, en su fallo los jueces querrían referirse a esa ausencia de manera crítica para reforzar la idea de la institucionalidad, tras 35 años de tratamiento de pliegos de jueces en el Senado.
Bruglia, Castelli y Bertuzzi podrían pagar un costo altísimo por haber faltado a la audiencia del Senado. Hasta a Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte alineado indudablemente con el macrismo, le cayó mal esa rebeldía institucional, ideada por el abogado Alejandro Carrió.
A la hora de gestos políticos, mientras los abogados de los jueces recorrieron los principales medios apurando el fallo, el gobierno detuvo las acciones agresivas hacia la Corte: frenó la "comisión Beraldi" y la reforma judicial a la espera del fallo y calló a los voceros del oficialismo que agitaban juicios políticos contra todos los miembros del Máximo Tribunal.
