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El diputado nacional Jorge Enríquez y un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el Juez Juan Pablo Auge, la fiscal Cecilia Incardona y el Fiscal Santiago Eyherabide por revelar secretos políticos y militares (arts. 22 y 223 del Código Penal).
Es porque Caamaño envió al juzgado información secreta y clasificada que involucra la actividad de espías en el país y en el exterior con identificación de las personas involucradas, en el marco de la megacausa de espionaje ilegal.
Por principio, toda información o documentación que pudiera afectar las actividades de inteligencia debe ser secreta y, aún cuando fuera clasificada como pública, no debe trascender el ámbito oficial, por lo que cualquier documentación perteneciente a la AFI debe necesariamente contar con un acto de desclasificación dispuesto por el Presidente de la Nación (art. 16) o el funcionario en quien se haya delegado tal facultad (Director General de la AFI, conforme art. 11 Decreto 950/02), u orden judicial.
La Dra. Caamaño no tiene facultades para desclasificar información, porque no le fueron delegadas por el presidente de la Nación, y sin embargo envió al Juzgado copias sin testar del libro de registros en el que se transcribieron todas las resoluciones de la AFI durante tres años y medio, es decir, el lugar donde se asientan los actos de mayor trascendencia del organismo.
“Se trata de un hecho de una gravedad inusitada. Los agentes mencionados y sus familias han sido expuestos a potenciales represalias y silenciamientos en forma totalmente deliberada, injustificada e irresponsable.”, dijo Enríquez.
Además del diputado, acompañan la denuncia Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
