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Una semana después de haber respaldado ante la OEA las posiciones del régimen de Nicolás Maduro, la Argentina expresó en el ámbito de la ONU una posición crítica sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Desde el Gobierno, destacaron que esta última es la posoción oficial, pero el contrapunto indica la extensión de la interna oficialista en todos los ámbitos de gestión.
Argentina se pronunció en el Consejo de Derechos Humanos de Naicones Unidas, que votó mayoritariamente una declaración de alerta sobre la situación planteada en Venezuela y respaldó así el trabajo de la Alta Comisionada de la ONU, Michele Bachelet, cuyos informes han informado sobre la persecución política, la represión ilegal y las muertes provocadas por el régimen chavista.
Unas horas antes de la votación la Cancillería ya había enticipado mediante un comunicado de prensa que la Argentina se mantendrá “en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, solicitando a Caracas investigaciones “prontas, exhaustivas, independientes e imparciales” de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El comunicado pareció una corrección pública de la posición sostenida hace una semana por el representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, alineado en la interna oficialista con Cristina Fernández de Kirchner.
Raimundi expresó de hecho respaldo al régimen de Maduro. Trascendió incluso un diálogo posterior de Alberto Fernández con el representante diplomático ante la OEA y malestar del canciller Felipe Solá.
Finalmente, todo fue presentado como un desacople de posiciones. No se tomó ninguna medida visible y se dio por cerrado el tema con la votación en la ONU. Sin embargo, el episodio anterior y el reparo elegido dejan interrogantes en la política exterior.
