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El Tribunal no halla la fórmula para compensar a los jueces desplazados sin desairar a la vicepresidenta. Mientras, la pandemia de coronavirus no da tregua y economía sigue a la deriva.
La Argentina empezó a ser un caso sanitario que el mundo ausculta por la persistente diseminación del coronavirus. También sus consecuencias fatales. Un sitio de la Universidad de Oxford dejó de computar al país en sus datos estadísticos por falta de rigor. Nadie sabe explicar por qué razón los contagios alcanzan cifras astronómicas. Ni la tasa de mortalidad emparda a la de las peores naciones europeas. Las autoridades, como el legendario sindicalista Casildo Herrera, se han borrado.
Las únicas menciones al descalabro asombran. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que tiene su provincia bloqueada con recursos infrahumanos, se ofendió por aquella afrenta de Oxford e hizo, adusto, una aclaración. Los ingleses que digan lo que quieran, pero “Formosa no es la Argentina”. A su lado, sonrió oronda la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
Otras anormalidades, de verdad, sorprenden menos. El mundo está más acostumbrado a ese espectáculo. La economía continúa a la deriva. La batuta de Martín Guzmán parece estéril para ordenar un mercado financiero donde la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se hizo homérica. Lo empoderan y le ponen plazos a la vez. Para el ministro de Economía aquel valor no refleja la realidad y es ilegal. Lo mismo que supo decir Jorge Capitanich como jefe de Gabinete de Cristina Fernández. O Miguel Pesce, el titular del Banco Central. Nadie sabe si entre ellos urdieron los cinematográficos operativos de Gendarmería en las cuevas porteñas. No hubo originalidad. Ese procedimiento lo utilizaron anteriores gobiernos democráticos y militares. Alguien, en el poder, debería tomar nota de la historia.
Con tal panorama desquiciado sería una exigencia presuntuosa demandar actos públicos cargados de sensatez y previsibilidad. ¿Por qué habría de tenerlos la Corte Suprema? El máximo Tribunal sufre de asfixia. Tampoco la semana pasada pudo cerrar el pleito sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que dispuso el kirchnerismo. No logró encontrar la fórmula que permita contentar a todos: a ellos mismos, a Cristina, a Cambiemos y a sectores de la sociedad que tomaron el hábito de protestar en las calles.
El incordio mayor envuelve a Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. El triunvirato fue autor en 2018 de la acordada que validó el aterrizaje de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal. En ese tiempo político, pleno macrismo, no imaginaron la chance de regreso con sed de venganza de la vicepresidenta. Menos supusieron a Alberto Fernández como mascarón de proa.
Ahora indagan el modo de no desdecirse. Sin desairar a Cristina. Porque el clima político es bien diferente. Ese camino de cornisa que están obligados a transitar causa miedos y tensiones. Hubo varias ásperas discusiones, por ejemplo, entre Lorenzetti y Maqueda con Rosatti. “No voy a rifar mi dignidad”, dijo en uno de los intercambios el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Elena Highton de Nolasco se siente inmune por su cercanía con el Presidente. Carlos Rosenkrantz avala sin vueltas a los jueces que el kirchnerismo se empeña en tumbar.
¿Cabría ratificar sus traslados, pero condicionar sus permanencias a la realización de nuevos concursos? Podría ser. Dependería cómo. Un nuevo concurso insume mucho tiempo. Está el atajo de la ampliación de alguno existente. Lo resolvería el Consejo de la Magistratura con mayoría simple. No sería, tal vez, una mala señal para el Gobierno. Representaría, por lógica, una derrota para los jueces que pelean. También para Cambiemos. No existe solución salomónica del pleito. A medida que esa salida empezó a tomar vuelo se produjeron alineamientos llamativos. El kirchnerismo se replegó de la primera línea de presión pública. Bertuzzi resolvió por primera vez salir a la palestra para defenderse. Como si jugara una carta postrera. Castelli había sido hasta ahora el portavoz solitario.
La estrategia de la vicepresidenta no reconoce pliegues. Bruglia y Bertuzzi hicieron lo que consideraron prudente en la causa de los cuadernos de las coimas. Convalidaron las decisiones de Claudio Bonadio. Confirmaron el procesamiento de Cristina como jefa de una asociación ilícita para recaudar fondos. Castelli sería una cuestión menor para ella: Carlos Beraldi, su abogado defensor, tiene preparada la recusación del juez como titular del Tribunal Oral Federal 7, que debería sustanciar el juicio oral. Le endilgan prejuzgamiento por alguna de sus apariciones públicas.
La Corte dejaría en claro que lo actuado por Bruglia y Bertuzzi tendrá valor. Pero su apartamiento serviría, en el corto plazo, para una cosa. Pedir la revisión de sus tareas. Nadie imagina que cualquier futuro concurso no cuente con amañamiento kirchnerista. También habría que tener en cuenta otro detalle. Un concurso para completar otro par de vacantes en la Cámara Federal está casi cerrado. Posicionado en la grilla, entre varios adherentes, asoma Alejo Ramos Padilla.
Los hilvanes, sin casualidad, se unen. Ese magistrado decidió dos cosas. Amplió el procesamiento contra el fiscal Carlos Stornelli, encargado de los Cuadernos de las Coimas, en la causa por supuesto espionaje ilegal y extorsión. Le prohibió salir del país. Hizo lo propio, sin volver a tomarle declaración, con el periodista Daniel Santoro. Una articulación perfecta (poder político, Justicia y medios de comunicación) de la denominada teoría del lawfare que enarbola Cristina como supuesta víctima de una campaña de persecución. ¿No cabría la misma etiqueta para el acoso a que son sometidos Stornelli y Santoro?
Cristina posee como prioridad la incineración de la Causa de los Cuadernos. Está convencida de que otras dos que involucran a su familia (Los Sauces y Hotesur) permanecerán inmóviles, aunque estén elevadas a juicio. Busca el modo de obstaculizar el juicio por la obra pública en el cual ya hubo pedidos de condena para Lázaro Báez. También está implicada.
El próximo paso sobre el escándalo de los Cuadernos provendrá de la Cámara de Casación. La jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia una vez contra lo actuado por Bonadio, apunta sobre el corazón de la investigación. Sostiene que la Ley del Arrepentido fue mal instrumentada en esa oportunidad. Porque, a juicio suyo, las declaraciones carecen de registro a través de un medio técnico idóneo. Stornelli sostiene que la declaración de acuerdo de colaboración fue suscripta con la presencia y validación de cada arrepentido y su defensa. Y que, salvo los letrados de los ex funcionarios involucrados, ningún otro abogado de arrepentidos elevó objeciones.
Figueroa esgrime otro argumento. Que la Ley del Arrepentido para casos de corrupción, sancionada en octubre de 2016, no debería ser aplicada de manera retroactiva. Todas las pruebas que figuran en los cuadernos serían anteriores a ese período. La definición en Casación dependería de otros dos votos: los de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
Aquel ensimismamiento y obsesión quizá le haga perder perspectiva a la vicepresidenta. Desarmar o neutralizar la maraña de sus causas de corrupción se tornará más difícil en la medida en que la crisis general se siga ahondando. ¿Sigue Cristina el desplome de la economía? ¿Le importan las broncas sociales? ¿Tiene idea de lo mal que evoluciona la pandemia en el país? ¿Alguien la notificó que, si aparece la vacuna, la situación podría empezar a mejorar recién para septiembre u octubre del 2021? En pleno proceso electoral. Se trata de un cálculo oficial. ¿Es consciente que nada de eso será factible si no se reconstruyen las expectativas y la confianza?
En las aguas de ese gran dilema navega el Gobierno. ¿Qué habría que hacer para reconquistar esa confianza? Da vuelta la idea de un golpe de timón en el equipo económico. ¿Alcanzará? ¿O necesitará Alberto rehacer su autoridad? Si lo lograra, ¿no seguirá siendo la vicepresidenta una incómoda sombra? ¿Cómo conducir, además, una coalición desperdigada donde cada uno siente el derecho a decir y hacer lo que quiere? A nueve meses de iniciada la experiencia, el Frente de Todos ofrece al Presidente menos garantías de gobernabilidad de las que Cambiemos le supo brindar a Mauricio Macri.
El reino de la desconfianza es una compleja trama entre política y economía. El registro más contundente, sin embargo, es el rechazo que la sociedad manifiesta por su moneda. El economista Rodolfo Santángelo formuló días pasados una definición lapidaria. Un Estado, que el kirchnerismo eleva como panacea, incapaz de proporcionar una moneda a su población difícilmente pueda ser eficaz y confiable en la prestación básica de Justicia, Educación y Seguridad. Es lo que sucede.
Eduardo van der Kooy
