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¿Cuál es la reforma que quieren y cuáles sus verdaderos objetivos?

Por Margarita Stolbizer (*)

No empezó bien el camino de la reforma judicial promovida por el Gobierno y no es posible augurarle un mejor destino: el vicio de origen es la falta de un diagnóstico adecuado, completo y consensuado.

Cualquier reforma estructural como ésta requiere de acuerdos amplios, diversos y sostenibles. La conformación del Consejo Consultivo y sus ausencias deslegitimará su tarea, no tanto por los evidentes conflictos de intereses de algunos de sus miembros, sino más bien por las ausencias en esa integración.

Una primera observación es que el Presidente constituye el grupo en el mismo momento en que anuncia y eleva al Congreso un proyecto de reforma que debió ser el resultado de la tarea. Dijo: "vamos a terminar con la intromisión del poder político sobre el judicial". Y se trata de un flagrante acto de intromisión, no solo, - como veremos más adelante- por la decisión de evaluar el funcionamiento de un poder desde el otro poder.

El principal déficil de esta iniciativa es su falta de consenso. Sin duda, debió haberse convocado a los representantes de los diversos estamentos del poder judicial (jueces, fiscales, defensores), así como empleados, abogados, colegios profesionales, facultades y academias de derecho, para que, junto con los nominados por la confianza de los titulares del poder ejecutivo, establecieran, ante todo, un diagnóstico preciso sobre los inconvenientes que tiene el funcionamiento del sistema judicial.

De ese modo, la fijación de metas y objetivos, mediante acuerdos amplios, hubieran dado una base más sólida para poder avanzar en lo que se pretende lograr. Pero claro, ahí podría estar la divergencia más importante: en lo que cada cual pretende como sentido mismo de la reforma. Y si estos objetivos no resultan explícitos de la manifestación de las voluntades y sobre todo, producto de los acuerdos, se abren las sospechas sobre qué es lo que se busca.

No parece que el hombre y la mujer del común, yendo a los tribunales para procurar el reconocimiento de un derecho, hayan sido tenidos en cuenta para esta reforma. Están ausentes del fuero hacia donde se está apuntando.

Esas personas no tramitan sus conflictos en el fuero penal federal en el que se radican las causas del poder político y económico: el narcotráfico y la corrupción. Para poder desentrañar más profundamente el verdadero objetivo de la reforma de Alberto Fernández no hay más que ir a su mensaje firmado con la elevación del proyecto.

Ha dicho el Presidente: "A partir del 10 de diciembre de 2015 la mirada respecto de la justicia fue muy distinta y las reformas encaradas significaron un retroceso significativo en materia de transparencia en la actividad de inteligencia.

Por otra parte, organismos técnicos como la Unidad de Información Financiera y la Oficina anticorrupción privilegiaron el impulso de las causas penales en contra de opositores y opositoras al gobierno, obteniendo así que, en muchos casos, se dispusieran graves medidas cautelares, personales y reales, en violación de los principios de inocencia y de defensa en juicio...". Mis observaciones a este párrafo que fija una posición extremadamente peligrosa para las instituciones de la república: la crítica al funcionamiento de la actividad de inteligencia del estado es, por lo menos, inoportuna. Se trata de acciones y conductas convalidadas desde el poder desde mucho antes de la fecha en que pretende Fernández.

Pero, además, fue precisamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el que impulsó la transformación de la SIDE en la actual AFI para que solo le cambiara el nombre y nada en su estructura ni en sus prácticas. No se aceptó avanzar en los temas más sensibles de la inteligencia en Argentina: qué información se maneja, para quién, y los fondos reservados que se manejan.

Se ha hecho una calificación sobre las causas judiciales que tiene, al menos un error grosero de apreciación: no eran políticos/as opositores/as, sino ex funcionarios imputados/procesados por delitos de corrupción. En lo personal tengo para acotar que la causa Hotesur -de la que soy denunciante-, fue iniciada cuando aún eran oficialistas.

La posición fijada por el Presidente lo pone en una violación constitucional severa, ya que el art.109 de la Carta Magna le impide de manera absoluta inmiscuirse en competencias propias del poder judicial, en causas que se encuentran en trámite. "En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

La consideración acerca de que las referidas causas habrían violado los principios de inocencia y defensa en juicio, afecta severamente el sistema de división de poderes e implica un claro abuso de poder por parte del primer mandatario de la Nación. Al decir del Dr. Miguel Ortiz Pellegrini en un artículo reciente, "El fundamento suena como un alegato de un buen abogado en un juicio penal, solicitando la nulidad de un procedimiento viciado.".

Eso es arrogarse el conocimiento de causas pendientes, con el agravante que, desde ese lugar, pretende además señalar a los jueces lo que se debe hacer. En conclusión, la reforma que pretenden los titulares del gobierno excede ampliamente la letra del proyecto enviado. Sin duda, vienen por más, porque buscan redimir a aquellos que cometieron delitos contra la administración pública (corrupción) y cuyos procesos y condenas se encuentran pendientes.

Crearán cientos de cargos, moverán muchos magistrados y disciplinarán a tantos más. Es demasiado pesado lo que tienen encima como para pensar que solo con este proyecto de ley les sería suficiente. Habrá que poner aún más atención a lo que viene.



(*) Presidenta Partido GEN.